El riesgo de los policías que actúan más allá de la ley

El violento episodio filmado y denunciado por un abogado en la comisaría de Concepción puso nuevamente a la Policía de Tucumán en el centro de la polémica. En la semana que pasó, las máximas autoridades provinciales repudiaron el hecho, por el cual están detenidos y bajo investigación judicial cinco uniformados, entre ellos, el propio jefe de la dependencia policial.

Se trata de otro incidente grave de varios protagonizados por integrantes de las fuerzas de seguridad. A menos de 40 kilómetros de allí, en mayo, todo el personal de la comisaría de Monteagudo fue reemplazado, y un grupo de policías quedó imputado por el crimen y la posterior desaparición del cuerpo de un trabajador rural. A ello se sumó, en junio, la muerte de un hombre de 43 años que había sido detenido por miembros de la fuerza provincial debido a un presunto robo. Este hecho, que también está pendiente de ser dilucidado por la Justicia penal, generó incluso la atención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Un poco más atrás en el tiempo, en 2018, un niño de 12 años fue ultimado de un disparo en la nuca por dos motoristas; todavía está pendiente el juicio contra ambos.

El miércoles que pasó, en una entrevista con “Panorama Tucumano”, el ciclo semanal de LG Play, el titular del Ministerio de Seguridad de la Provincia afirmó que se han adoptado las medidas de rigor en todos los casos en los que el personal policial aparece involucrado en posibles delitos. Insistió en que no se deben endilgar los hechos irregulares a la Policía como institución, sino a los miembros que, en particular, actúan contraviniendo las normas. En ese sentido, mencionó como contracara a los agentes que participan con frecuencia en hechos positivos para la sociedad, desde procedimientos que permiten dilucidar hechos de inseguridad hasta la participación en partos de emergencia. En esa entrevista, el funcionario sostuvo que la forma de evitar nuevos casos de abuso policial es la educación y la capacitación de los miembros de la fuerza de seguridad. Incluso, tras los incidentes en Concepción, se comunicó de manera oficial que una repartición está dictando talleres para agentes en derechos humanos. No es casual que el propio bloque oficialista de la Legislatura se ha calificado como “grave” e “incompatible con el estado de derecho” los hechos denunciados.

Sería erróneo signar a la administración en curso como la única que tuvo en sus filas a uniformados sindicados por acciones irregulares. En la década de los 90 hubo grupos policiales que ejecutaban medidas extremas al margen de los controles judiciales. En 2004, según se comprobó en un juicio oral y público, integrantes de la fuerza tuvieron participación directa e indirecta en el crimen de un juez de Menores. Los archivos tribunalicios y periodísticos dan cuenta de incontables hechos de estas características, todos de gravedad institucional por tener como responsables a miembros del órgano encargado de velar por la seguridad. Estos antecedentes, sin embargo, no pueden ser un elemento que explique -ni mucho menos justifique- los últimos casos de violencia policial. Al contrario: dan cuenta de que, a pesar del tiempo transcurrido, el Estado no ha logrado terminar con los excesos por parte de la Policía. Y al margen del impacto negativo que generan en la imagen de la institución, los agentes que actúan más allá de la ley se terminan convirtiendo en un riesgo para la propia comunidad por la cual deberían velar.