Por Valeria Totongi
17 Julio 2020
JERÁRQUICOS. Personal del Ersept participó de la charla sobre la Ley Micaela, que dictó Martín González. la gaceta / foto de franco vera
Dos meses pasaron desde que la Legislatura tucumana aprobó la adhesión a la ley 27.499, conocida como Ley Micaela, y un mes desde que se reglamentó y promulgó, como ley provincial 9.247. Tucumán fue la última provincia en adherir a establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública.
Desde entonces, unos 800 funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado -ministros, concejales de al menos cinco municipios, legisladores, agentes municipales y de comunas, trabajadores de oficinas públicas y de entes autárquicos- recibieron al menos una charla de las cuatro que están previstas en la Guía de Capacitación Obligatoria en Género y Violencia de Género.
Las autoridades de aplicación de la Ley Micaela en Tucumán son la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Gobierno, y la Secretaría de la Mujer, que está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Erica Brunotto y María del Carmen Carrillo encabezan, respectivamente, esas secretarías, y los equipos que establecen el contacto directo con los grupos que reciben los contenidos.
Los pedidos desde distintas oficinas y entidades del Estado les llueven, y el primer sector en recibir las “clases” es el personal jerárquico. “Se capacita primero a quien toma las decisiones. Hacemos algunas reuniones, con grupos pequeños. Cuando son más, se hacen online, aunque preferimos que sean presenciales, porque así es más fácil ir ajustando el lenguaje a las necesidades del grupo”, cuenta Carrillo. “Para nosotros es importante establecer que somos un organismo del Estado, y que en ese marco se dictan los contenidos”, enfatiza.
Doce capacitadores trabajan para la Secretaría de la Mujer, desplegándose hacia municipios y comunas del interior de Tucumán y en organismos como el Subsidio de Salud o el Tribunal de Cuentas. En menos de un mes, se dictaron clases para unas 300 personas de la provincia.
En el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, el equipo está bajo la esfera del Cuerpo de Abogados para la atención de víctimas de violencia contra la mujer. “Hay cinco equipos rotativos -explica Brunotto-. Hasta ahora, capacitamos a 426 empleados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, vía remota”.
Los contenidos siguen lineamientos que establece el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. En el primer módulo, el que recibió hasta ahora la mayoría de los empleados públicos, consisten en una introducción a la perspectiva de género, el marco normativo y los conceptos básicos que la sostienen.
“Hablamos de roles y estereotipos de género y de su historia. Por ejemplo, que las mujeres no pudieran votar hasta cierta época”, relata Martín González, de uno de los capacitadores de la Secretaría de la Mujer.
Se comienza con el plexo normativo historico y político desde 1979 hasta 2020, sobre el cual el Estado argentino asumió un compromiso constitucional: Convenciones sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer; y la de Belem do Pará, Principios de Yogyakarta (legislación de derechos humanos, orientación sexual e identidad de género), Corte Penal Internacional y Estatuto de Roma, sobre tratamiento a víctimas de violencia. Además, se habla de leyes nacionales, como Matrimonio Igualitario, Identidad de Género, de Violencia hacia la Mujer, de Educación Sexual y paridad.
La recepción de las charlas fue excelente, según las funcionarias, que coincidieron en que la apertura hacia conocimientos que permitan buenas prácticas en el trato al público y para prevenir la violencia hacia las mujeres y las disidencias recién empieza.
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Violencia de género
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