15 Julio 2020
DENUNCIA. Veedores de un organismo nacional descubrieron hacinamiento, torturas y proliferación de enfermedades. archivo
“Esta Corte Suprema de Justicia viene ocupándose de la problemática carcelaria de Tucumán y lo seguirá haciendo en la medida de su competencia”, aseguró Claudia Sbdar, presidente del máximo tribunal al referirse al informe que elaboró el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de la Nación (CNPT).
Veedores del organismo, regisraron hacinamiento casos de tortura y hasta contagios de tuberculosis y de sarna entre las personas detenidas. Esos fueron los resultados del informe sobre la situación de los lugares de detención de la provincia por el CNPT. El organismo hizo este trabajo después de haber recorrido las instalaciones del penal de Villa Urquiza, la Cárcel de Mujeres y algunas de las dependencias policiales de la capital.
El trabajo de campo, según confiaron fuentes del comité, se realizó en la primera semana de diciembre de 2019. La situación de la crisis carcelaria, sin embargo, se agravó considerablemente en estos siete meses. El informe se realizó cuando la población de detenidos era alrededor de 2.000 personas. En la actualidad, superan holgadamente los 2.400.
En el informe no sólo se detallaron los graves problemas edilicios, el estado de hacinamiento, sino que se reportaron casos de torturas y malos tratos comprobados personalmente. También denunciaron falencias sanitarias y alimentarias. En materia de salud, informaron que existen casos de tuberculosis en el penal de Villa Urquiza y de sarna en al menos una dependencia policial.
Medidas
En un escrito remitido el 30 de junio, según informó Sbdar, además de repasar todas las diligencias y resoluciones que se realizaron sobre el tema, se envió un detalle sobre cuáles serían los próximos pasos que darían. Ellos son:
- Poner en conocimiento a los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa al tanto del contenido del informe.
- Notificar a los magistrados del fuero penal sobre el reporte realizado por el organismo nacional.
- Encomendar a las oficinas de la Mujer, de Derechos Humanos y a la Junta Electoral de la provincia que organicen un proyecto de capacitación sobre violencia de género y derechos electorales para las personas alojadas en las diferentes unidades carcelarias de la provincia.
- Solicitar a las oficinas de Derechos Humanos y Justicia que, en colaboración con el Centro de Capacitación y Especialización, refuerce las capacitaciones de las áreas competentes en la investigación y en la sanción de las prácticas institucionales que puedan ser calificadas de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes. También pidieron que brinden información sobre las reglas de la Organización de Naciones Unidas.
- Buscar a través de la oficina de Derechos Humanos analizar la viabilidad del empleo de medios alternativos de conflictos suscitados en los centros de detención.
- Informar a los jueces Alicia Merched, Fabián Fradejas y Eudoro Albo, representantes de la Corte en la Comisión Interpoderes que se encarga de analizar la crisis carcelaria, los detalles del informe.
En medio de la polémica que generó el informe, el Poder Ejecutivo anunció que elaboró un proyecto para construir un centro de detención con capacidad para alojar unos 400 detenidos.
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