Los legisladores Walter Berarducci y Raúl Pellegrini (Partido de la Justicia Social) elevaron un proyecto de resolución para instar al Poder Ejecutivo (PE) a denegar el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) "a todas las personas privadas de la libertad", ya sean "procesadas" o "condenadas" por delitos penales.
Los opositores advirtieron que, una vez finalizada la segunda etapa de pagos, el Gobierno nacional prevé una tercera fase del IFE, todo en el marco de las medidas dispuestas por la pandemia de coronavirus.
Ante ello, solicitaron que se inste al Poder Judicial a que, de forma "urgente", realice un entrecruzamiento de datos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a los fines de evitar "que las personas privadas de libertad, procesadas y/o condenadas puedan acceder a este beneficio".
"Trascendió que al menos 14 condenados accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (en Tucumán), pero no descartan que sean todavía más los beneficiarios", indicaron los legisladores en los fundamentos.
Además, se hicieron eco de las declaraciones del gerente regional del NOA de la Anses, Jesús Salim. "Lejos de tranquilizar, no hizo más que provocar mayor incertidumbre y aflicción en la población y su trascendencia en todo el país, al poner en evidencia un obsoleto y precario sistema de entrecruzamiento de datos", indicaron Berarducci y Pellegrini.