El diputado nacional por Tucumán, José Manuel Cano (UCR-Juntos por el Cambio), analizó la polémica generada por la tarea de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE) durante la administración de Mauricio Macri. Si bien instó a que se investiguen los hechos denunciados por la interventora del organismo, Cristina Caamaño, pidió que también se ponga la lupa sobre hechos vinculados con la gestión peronista.
"La actividad de los organismos de inteligencia en la República Argentina reconoce en su historia un derrotero pendular que finalmente dio lugar a la institucionalidad de la democracia, o mejor dicho, los limitantes institucionales que la incipiente democracia impuso a las actividades de inteligencia del estado. No importa la denominación utilizada: servicio, dirección, secretaría, central o agencia. El organismo, por su secretismo e historia, se encuentra signado por la constante sospecha de actividades de inteligencia sin las correspondientes autorizaciones, que es lo mismo que espionaje ilegal", indicó Cano, en un texto enviado a LA GACETA.
"La evolución normativa incorporó limitantes a la actividad de inteligencia estatal, circunscribiendo su margen de acción operativa, y garantizando la efectiva tutela de los derechos consagrados por nuestra Constitución Nacional, como expresamente lo refleja la letra de la Ley 25.520 o Ley de Inteligencia Nacional", detalló. Y agregó: "si existe ley, si existen límites, si existe control, algo falla en el sistema de inteligencia nacional para dar lugar a este tipo especulaciones". Consideró que ello "se vincula con la ausencia de objetividad funcional en la conducción del organismo, que pareciera caminar al ritmo de la pertenencia política y con energía militante".
Y analizó la presentación de Caamaño por presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos, sociales, gremiales y a periodistas, entre otros actores por parte de la AFI durante el macrismo.
"Denuncias de esta naturaleza deben ser efectuadas con extremo recaudo. De resultar ciertas, afectan y desacreditan al propio organismo. De no ser ciertas, afectará igualmente al organismo, además de delatar su exclusivo carácter de objetivo político, agravada por el carácter del área denunciante", indicó Cano.
"Las denuncias de presunto espionaje ilegal sobre periodistas, referentes políticos y sociales, deben seguir su curso y esclarecer los hechos, responsabilidades emergentes y por aplicar las sanciones penales que pudieren corresponder. La interventora de la AFI, tiene la responsabilidad-obligación de asegurar la prosecución de la causa y no quedar como una presentación espasmódica y mediática", señaló el diputado nacional.
Consideró que Caamaño "debe poner idéntico énfasis en la denuncia y pedido de investigación respecto de cualquier otra situación".
En ese sentido, puso como ejemplo "el caso de la documentación secuestrada durante los allanamientos efectuadas en casa de Cristina Fernández de Kirchner, en donde se secuestró una importante cantidad de documentación e informes relacionados con Jaime Stiuso, Lauchón Viale, Carlos Reutemann, Francisco De Narváez, Sandra Arroyo Salgado, Claudio Bonadio, Federico Elaskar, La Rosadita, e informe bancarios y desgrabaciones de teleconferencias de empresas como Barrick Gold entre otras", recordó Cano.
"Más preocupante resulta considerar que a seis meses del inicio de gestión del Gobierno de Alberto Fernández aún no podemos conocer a ciencia cierta los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional, que debe precisar el Presidente", remarcó.