La próxima parada

“Hay que cuidar al Presidente”. La frase es la respuesta que el gobernador Juan Manzur brinda cada vez que le consultan por la ausencia de Alberto Fernández en los actos por el Día de la Declaración de la Independencia. Y no es un hecho menor: es el primer año de la gestión afín al color político de la administración tucumana. Manzur se quedó con las ganas de que Alberto venga a la Casa Histórica. Pero habrá un videomensaje desde el solar ubicado en la segunda cuadra de la calle Congreso. Fernández no puede venir, pero el gobernador sí puede viajar a Buenos Aires. Recorrió varias oficinas de la Casa Rosada, aunque públicamente sólo trascendieron las fotos y algunas definiciones de ocasión. ¿Cuáles son las verdaderas razones que llevan al mandatario provincial a subirse al avión oficial y emprender vuelo hacia la zona de poder dominada por la pandemia del coronavirus? La respuesta lógica sería que Manzur se encarga de garantizar el flujo de fondos para un distrito que se está acostumbrando al déficit fiscal en sus cuentas. No hay fondos anticíclicos. Y todo lo que se acumulan son deudas. Nueve de cada 10 pesos que debe Tucumán (si a estas alturas no es mayor el porcentaje) tiene a la Nación como acreedora. Habrá tubo de oxígeno financiero para rato, señalan en la Casa de Gobierno, como una manera de llevar cierta tranquilidad a la población estatal. Eso sí, hablar de paritarias o de reajustes salariales es algo no permitido en los hombres y en las mujeres del poder.

El posible congelamiento del salario será un dolor de cabeza en el futuro para el Poder Ejecutivo. Es cierto que ahora se hacen esfuerzos para llegar a fines de mes con la planilla salarial abonada en su totalidad. También, que hay inercia inflacionaria, porque el aislamiento preventivo y obligatorio congeló las expectativas y los empresarios no pueden reajustar más los precios porque se les caería el poco consumo que se mantiene. Pero en algún momento se reactivará la discusión salarial, advierten los gremios.

Manzur está pagando otros costos políticos en la actualidad. El incremento de los índices de inseguridad vuelve otra vez a inquietar a la población que demanda más acciones por parte del Estado. Y ahora se profundiza el conflicto del transporte. Ayer, por caso, el gobernador mantuvo un encuentro con el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. La distribución de los subsidios para la actividad fue uno de los temas de la charla con el funcionario nacional.

El vicegobernador Osvaldo Jaldo reconoció ayer en el programa “Buen Día” de LG Play que el Gobierno quiere ponerle punto final al problema de los colectivos. La próxima parada parece ser la constitución de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem), como lo viene adelantando el columnista de este diario Álvaro Aurane en “Yo te avisé”. El dato no es menor. Y tiene sustento en una simple ecuación financiera que se hace en el entorno del binomio gobernante. Si la provincia pone cerca de $ 50 millones de aportes para que los colectivos anden sin problema, y otros $ 150 millones corresponden a subsidios de la Nación, entonces ¿cuál es el corazón del negocio que llevan adelante los empresarios del transporte de pasajeros de la provincia?

De acuerdo con los técnicos de la provincia, con esa masa de fondos puede cubrirse gran parte de los costos fijos de la actividad, especialmente los salarios de los choferes que hoy siguen de paro ante la falta de pago por parte de los propietarios de las empresas del sector. En las conversaciones entre la Nación y la provincia puede surgir otra asistencia de coyuntura para que la población tucumana deje de estar penando por saber si el colectivo pasará por la esquina de su casa y que no tenga que pensar que cada mes que arranca hay una amenaza de paro: el gasoil. El resto de las erogaciones se solventaría con lo que se genere por la venta de boletos y otros aportes cuando la sociedad transite por la nueva normalidad que nos dejará la pandemia. Eso implica que la medida puede llevar entre dos o tres meses de estudio, pero que antes de fin de año puede haber novedades. ¿Qué pondrían los empresarios? Las unidades. Si el servicio da ganancias, habrá reparto de dividendos. Como dice Jaldo, “a la provincia sólo le interesa que la población reciba un servicio lo más normal posible”.

En los estudios previos, hay quienes promueven que esa Sapem debería estar conformada por un director nacional, dos de la provincia y uno o dos empresarios. Más allá de este esquema, todo sigue en el terreno de la hipótesis. En el Gobierno son conscientes de que el último paro tiene un alcance de una quincena de distritos del país, pero también advierten que los problemas son recurrentes cuando se menciona el caso tucumano, antes, durante y tal vez después de la pandemia. El costo político no sólo está pensando por la irregularidad en la prestación de un servicio esencial para los tucumanos, sino también por el mecanismo que puede llegar a adoptarse, una intervención estatal en un asunto privado. Eso también es una intromisión que varios sectores de la sociedad le reclaman airadamente al poder de turno. Mientras la covid-19 sigue manteniendo en vilo al mundo, en la política se suceden los encuentros para orejear quiénes pueden ser los potenciales candidatos para el turno electoral que se avecina: el de 2021. Oficialismo y oposición preparan sus estrategias, aunque públicamente se afirme que es prematuro hablar de ello. Esa parada también está muy próxima y el colectivo de aspirantes está lleno.