Érica, imagen de la indefensión infantil

La noticia del homicidio de Érica, una nena de tres años, comprime el alma. Los antecedentes sugieren que esta chiquita padeció maltrato tras abandono desde el momento mismo de su gestación. Su desenlace presenta el resultado de la combinación de marginalidad con la impericia o indiferencia de las agencias estatales que debían protegerla. Érica no era invisible: los vecinos sabían que sufría y hasta trascendió que el propio juez de Familia que llevaba su proceso, Víctor Raúl Carlos, estaba al tanto de que su entorno la sometía a la mendicidad.

Llama la atención la cantidad de lectores que por medio de sus cartas y de los comentarios publicados en la edición digital han manifestado su tristeza e indignación por el fallecimiento injusto e injustificable de esta niña. Sin embargo, las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial guardan silencio, y da la impresión de que permanecen ajenas a este drama. Desde luego, las explicaciones que ofreció Mariana Cirelli, responsable de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) del Gobierno, no son suficientes ni remedian el crimen abominable de Érica. Cirelli dijo que “la tragedia ocurrió de un momento a otro” y defendió la capacidad de sus equipos técnicos, pero no dio detalles sobre la intervención de su dependencia ni explicó por qué la niña permanecía en un entorno inseguro. Como suele suceder en este tipo de escándalos que interpelan al Estado, dejó todo en manos de la Justicia penal.

Las manifestaciones de Cirelli contrastan con los testimonios de los residentes del caserío de Villa Urquiza. “Los vecinos comentan que cuando esa gente le pegaba a las nenas, subían el volumen de la música para que se disimulara el grito de las criaturas. Igual se las escuchaba llorar en toda la cuadra”, indicó Olga Pereyra. Y añadió: “estoy dolida con la Sala Cuna. Ellos debían venir a controlar y ver cómo estaba la chiquita”.

La situación no puede ser más sombría. Érica, quien por definición no podía defenderse por sí misma, carecía de defensores. Fallaron todos los que debían cuidarla, desde su madre y padre hasta los abuelos que la agredieron, su comunidad y los agentes públicos que se toparon con su historia. Fue un nombre en un papel, no un ser de carne y hueso expuesto a peligros letales. No hubo reacción de parte de los servidores a los que la sociedad paga para impedir este tipo de desastre. Duele más lo que pasó cuando se recuerda que hay muchos aspirantes a padres adoptivos esperando desde hace años que el sistema judicial se decida a dar una oportunidad a los chicos condenados a la calle.

¿Dónde quedó el interés superior del niño previsto en las convenciones internacionales y en toda la legislación vigente? Es una pregunta válida ahora que la Legislatura analiza regular la figura del abogado del niño: ¿quién garantiza que ese instituto no incurrirá en el mismo acostumbramiento al maltrato de la niñez que los mecanismos de tutela existentes? Los intereses de Érica no fueron tomados en cuenta porque, al parecer, hubo desinterés en su destino. ¿Qué hicieron los defensores de Menores, el juez Carlos y la Dinayf por esta nena? El caso exige una rendición de cuentas pormenorizada y la dilucidación urgente de las responsabilidades. Ello no va a reparar el daño cometido a la víctima, pero puede impedir que otros chicos pasen por el mismo horror. Es esencial que esta mala praxis institucional no quede impune para que Érica sea la última imagen de la indefensión infantil en Tucumán.