06 Julio 2020
A Luis Bedoya (foto), expresidente de la FCF, el FBI le descubrió cuentas secretas. (ARCHIVO)
La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y sus principales dirigentes fueron sancionados el lunes con multas por U$S 4,6 millones por planear y ejecutar una desviación y reventa de entradas para los partidos de la selección como local en la eliminatoria Sudamericana al Mundial 2018.
Con las sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el organismo encargado de la protección de los derechos del consumidor y de promover la libre competencia empresarial, concluyó una investigación de más de dos años en la que también fueron multados los integrantes de una empresa comercializadora de eventos.
La investigación determinó que la FCF entregó un contrato para la venta de la boletería a la empresa Ticket Ya en forma irregular en un proceso que limitó la libre competencia para otras firmas.
"Como consecuencia del acuerdo anticompetitivo, Ticket Ya ejecutó la reventa de la boletería a precios muy superiores a los establecidos por la FCF", dijo la Superintendencia de Industria y Comercio en un comunicado.
A modo de ejemplo, en el partido de Colombia contra Brasil, considerado como la joya de la corona, un boleto con un valor establecido de 60.000 pesos (16,4 dólares), se vendió, por lo menos, en 270.000 pesos (74 dólares), lo que representó un aumento de un 350% para el consumidor.
Entre los multados se encuentra el actual presidente de la FCF, Ramón Jesurún; el vicepresidente Álvaro González y los vocales Claudio Cogollo y Enrique Arce.
También figura el expresidente de la federación, Luis Bedoya, quien se entregó a las autoridades de Estados Unidos y se declaró culpable por actos de soborno y corrupción al interior de la FIFA.
Las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio establecieron que la desviación de más de 42.000 entradas con fines de reventa para ocho de los nueve partidos que la selección colombiana disputó como local en Barranquilla, generaron una utilidad de más de 3,5 millones de dólares.
El superintendente Andrés Barreto dijo que la decisión administrativa, en la que una empresa que intervino como delatora de la actividad ilegal, es independiente a una investigación que realiza la Fiscalía General de la Nación y que podría concluir con cargos criminales.
Para la Superintendencia de Industria y Comercio se conformó un cartel para revender las localidades de la eliminatoria 2018 que generaron unos precios excesivamente altos a través de la reventa en perjuicio del consumidor y de los hinchas.
Mientras Barreto daba a conocer la sanción en una conferencia de prensa virtual, la FCF dijo en un comunicado que no había sido notificada de la decisión y denunció anomalías en el proceso, como la falta de pruebas. (Reuters)
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