Los derechos humanos vinculan a dos abogadas becarias del Conicet

María Belén Leguizamón es tucumana y Victoria Fernández Almeida, santiagueña. Seguramente muchos otros rasgos las diferencian, pero hoy estamos aquí por lo que las une: son abogadas, egresadas de la UNT; se conocieron -cuenta Belén- trabajando en Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales); las dos eligieron la investigación, y no necesariamente al litigio -que asumirán de ser necesario, seguramente- como modo de abordar su profesión... Pero además, son las primeras participantes de un proyecto que en ellas se hace realidad: becas doctorales cofinanciadas entre la Facultad y el Conicet, que, como explicó la decana de Derecho, Adela Seguí: “buscan invertir económicamente en investigación y consolidar su desarrollo en nuestra Facultad”.

Las dos jóvenes coincidieron, también, en la elección del tema general: derechos que están reconocidos por la ley -pero que en los hechos con mucha frecuencia no se cumplen- de grupos especialmente vulnerables: la población indígena de Tucumán (Belén) y lo que Victoria llama “las mujeres subalternas”.

Y se proponen desarrollar herramientas para construir un “mapa real” de la situación de estas poblaciones, respetuoso de sus códigos y de sus prácticas culturales, y que permita nuevas miradas para el diseño de políticas públicas.

Así, dicho muy en general. Porque llegados ese punto, los caminos (aunque probablemente en algún momento se crucen) empiezan a bifurcarse.

Agendas femeninas campesinas e indígenas

Victoria Fernández Almeida busca identificar problemáticas particulares de las “mujeres subalternas”

“Mucho antes de plantearme este proyecto de tesis, como mujer, feminista y militante, trabajé en diferentes espacios y fui viendo cómo las opresiones de género y raza, o raza e identidad, se cruzan; no es lo mismo ser mujer indígena o campesina, que ser mujer de clase media, con acceso a otros recursos”, describe Victoria Fernández Almeida. Eso la decidió a abordar la problemática de género con la conciencia de que no hay un solo modo de ser mujer.

Por eso mismo, también, se propuso identificar los factores estructurales y simbólicos (socio-demográficos, económicos, culturales, legales...) que confluyen en la configuración de las agendas de mujeres urbanas, y compararlas con las de las indígenas y las campesinas. “Cuando hablo de agendas -explica-, me refiero a la serie de problemáticas, compromisos u obligaciones que el colectivo de mujeres sostiene discursiva y fácticamente. Y hoy eso incluye también las cuestiones territoriales y/o los modelos de producción”. Su proyecto propone hacer el trabajo de campo con comunidades indígenas de Tucumán y con organizaciones campesinas de Santiago de Estero y de otras provincias. El plan es hallar (y caracterizar) rasgos comunes y puntos de encuentro de los espacios de participación de mujeres, y sus diferencias con el sistema tradicional hegemónico. Y por otro lado, identificar qué diferencias hay entre las agendas de las mujeres indígenas y las de las campesinas.

“Parto del concepto de colonialidad, que permite pensar los efectos subjetivos y simbólicos del colonialismo (como proceso histórico, político e ideológico de la conquista). Uno de esos efectos, por ejemplo, es sentimiento de ser inferiores, de mirar lo europeo (lo no propio) como lo que esta ‘bien’”, explica. Y refuerza: “porque, haya habido o no una estructura patriarcal antes de la conquista -cuestión que está en debate-, lo cierto es que el patriarcado ‘a la europea’ echó fuertes raíces. Y entonces no sólo la raza fue determinante de la configuración de colonialidad del poder, sino también el género”. La opresión entonces, no es solo masculina; también la ejerce el mundo occidental, blanco, heterosexual.

“Con las diferentes agendas claras y explícitas será posible una real concreción de políticas públicas interculturales con perspectiva de género (que va de la mano de la concreción de sus derechos); y para ello es clave que las políticas públicas -y el Estado en sus tres poderes como su brazo ejecutor- no homogeneicen, sino que trabajen con las diferencias de los distintos grupos y colectivos”.

Defensa de Derechos de pueblos indígenas

Belén Leguizamón construirá herramientas para medir si se cumplen las leyes que protegen a los pobladores originarios

“El ordenamiento jurídico argentino -además de la ratificación de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos de poblaciones originarias- incluye normas que garantizan derechos colectivos fundamentales para la supervivencia de los pueblos indígenas (entendidos como los grupos étnicos originales de una región determinada) como tales; pero la vigencia de esas normas no se ve reflejada en un cambio sustantivo en sus condiciones de vida; padecen consecuencias de injusticias históricas”, señala Belén Leguizamón, y agrega: “¿por qué? ¿Cuáles son los factores que lo impiden? Es lo que busco establecer respecto de los derechos de los 17 pueblos indígenas de la provincia de Tucumán”.

Son -cuenta- aproximadamente 22.000 las personas que en la provincia se reconocen pertenecientes a esos 17 pueblos (16 de origen diaguita, habitantes de los Valles, y uno lule, de la zona de Raco), y con ellos hará su trabajo de campo.  Los conoce y la conocen: lleva años trabajando y acompañando sus reclamos. Por eso tiene claro que es necesario contar con herramientas de diagnóstico de la situación social y, al mismo tiempo, obtener y utilizar evidencia empírica para medir el cumplimiento o no de los derechos económicos, culturales y sociales que la ley les garantiza

“Hay una gran brecha entre la legislación y la realidad; ese es el primer problema, pero no el único”, advierte. Además, explica, las normas que existen suelen estar redactadas a partir de modelos que no suelen respetar las prácticas culturales de estas comunidades, lo que atenta contra un derecho fundamental: el respeto a la identidad.

Tiene claro, entonces, que no quiere reproducir el modelo clásico de las Ciencias Sociales y sus formas binarias (relación sujeto objeto), sino una construcción participativa. “El objetivo es construir herramientas de análisis empírico que incluyan indicadores y señales de progreso para medir el cumplimiento de los derechos, por un lado, e identificar y analizar las demandas de protección de esos de  por parte de las comunidades indígenas de Tucumán”.

Será un enfoque interdisciplinario, y combinará métodos cuantitativos y cualitativos. “Las entrevistas en las comunidades permitirán construir herramientas respetuosas de las instituciones y de las pautas culturales (saberes, modos de organizarse) de las comunidades, teniendo en cuenta los códigos de ética -detalla-. Pero también es importante entrevistar a los refrentes oficiales, para poder relevar y diseñar el análisis de las prácticas del Estado respecto de los pueblos indígenas”.

“El ordenamiento jurídico argentino -además de la ratificación de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos de poblaciones originarias- incluye normas que garantizan derechos colectivos fundamentales para la supervivencia como tales de los pueblos indígenas (entendidos como los grupos étnicos originales de una región determinada). Pero la vigencia de esas normas no se ve reflejada en un cambio sustantivo en sus condiciones de vida; padecen consecuencias de injusticias históricas”, señala Belén Leguizamón, y agrega: “¿por qué? ¿Cuáles son los factores que impiden los cambios? Es lo que busco establecer respecto de los derechos de los 17 pueblos indígenas de la provincia de Tucumán”.

Son -cuenta- aproximadamente 22.000 las personas que en la provincia se reconocen pertenecientes a esos 17 pueblos (16 de origen diaguita, habitantes de los Valles, y uno lule, de la zona de Raco), y con ellos hará su trabajo de campo. Los conoce y la conocen: lleva años trabajando y acompañando sus reclamos. Por eso tiene claro que es necesario contar con herramientas de diagnóstico de la situación social y, al mismo tiempo, obtener y utilizar evidencia empírica para medir el cumplimiento o no de los derechos económicos, culturales y sociales que la ley les garantiza

“Hay una gran brecha entre la legislación y la realidad; ese es el primer problema, pero no el único”, advierte. Además, explica, las normas que existen suelen estar redactadas a partir de modelos que no suelen respetar las prácticas culturales de estas comunidades, lo que atenta contra un derecho fundamental: el respeto a la identidad.

Tiene claro, entonces, que no quiere reproducir el modelo clásico de las ciencias sociales y sus formas binarias (relación sujeto-objeto), sino una construcción participativa. “El objetivo es construir herramientas de análisis empírico que incluyan indicadores y señales de progreso para medir el cumplimiento de los derechos, por un lado, e identificar y analizar las demandas de protección de ellos por parte de las comunidades indígenas tucumanas”.

Será un enfoque interdisciplinario, y combinará métodos cuantitativos y cualitativos. “Las entrevistas en las comunidades permitirán construir herramientas respetuosas de las instituciones y de las pautas culturales (saberes, modos de organizarse) propias, siempre teniendo en cuenta los códigos de ética -detalla-. Pero también es importante entrevistar a los referentes institucionales oficiales, para poder relevar y diseñar el análisis de las prácticas del Estado respecto de los pueblos indígenas”.