03 Julio 2020
Murga, sobre la polémica medida del gobierno santiagueño: "vamos a ir a la Justicia para revertir la situación"
Los productores tucumanos que ingresen a Santiago del Estero deberán cumplir 14 días de cuarentena obligatoria. Así lo dispuso el gobierno de esa provincia, y la noticia no cayó nada bien entre los trabajadores del campo.
Esta mañana, en diálogo con LAGACETA.com, el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga, anticipó que van a presentar ante la Justicia una acción de amparo y otra cautelar para que no se aplique la medida.
"Los abogados están trabajando en este tema, porque lo que está haciendo el gobierno de Santiago del Estero es inconstitucional", dijo.
"Todavía no entendemos el porqué de la decisión. Desde el primer momento los trabajadores del campo tomaron los recaudos protocolares para no causar ningún daño. Y ahora salen con esto. Ellos se olvidan que son muchos los productores tucumanos que tienen que que ir y volver todo el tiempo, como así también sus empleados. Por eso no se entiende que se cierren arbitrariamente los caminos", agregó Murga.
El titular de la Rural explicó que la medida "afecta el derecho a trabajar" y que "hay que revertirlo urgente". "Atravesamos una situación económica tan grave, y encima que nos ponen trabas, es incomprensible. Hoy deberíamos fomentar la producción del comercio, pero hacen todo lo contrario".
Por último, Murga explicó que está en permanente contacto con los productores. "Ellos están preocupados y esta situación sólo hace que haya mas preocupación; esto no es nuevo; viene desde hace tiempo. No hay criterio ni sentido común".
El comunicado de la Rural
Ayer, la Sociedad Rural de Tucumán había emitido un comunicado en el que repudia las “decisiones arbitrarias e inconstitucionales del Gobierno santiagueño”.
“La medida atenta contra las leyes y la Constitución Nacional, perjudicando a la población en general y particularmente al sector agropecuario ya que nos inhabilita a realizar nuestro trabajo en los campos de esa provincia”, plantean los directivos de la entidad.
“Es obligación del Estado garantizar el derecho a trabajar”, finaliza el comunicado.
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