La crisis carcelaria se agrava en la provincia

La crisis carcelaria en nuestra provincia se profundiza hasta niveles increíbles. A la falta de lugar para alojar a los detenidos se suman las denuncias por presuntas actividades ilícitas que realiza el personal que en principio debería velar por el cuidado y la rehabilitación de las personas encarceladas. En los últimos tres años los escándalos se suscitaron uno tras otro y los responsables del Ministerio de Seguridad no pudieron encontrar una solución.

El último desacierto tuvo trascendencia nacional. En una reunión en Casa de Gobierno, donde se debía analizar qué hacer con los reos, un alto funcionario del Servicio Penitenciario solicitó a funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial que realicen gestiones para que se instale un cajero automático al frente del penal de Villa Urquiza. La idea era ceder una habitación del Departamento Producción para que se instalara la máquina. Cuando los funcionarios, asombrados por el planteo, le preguntaron para qué se precisaba el cajero automático, respondió que era necesario para que los reos pudieran cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

La iniciativa generó un rotundo no y el inicio de una investigación que está en pleno curso porque los penados no pueden cobrar ese beneficio social. El llamativo e inusitado interés generó dudas entre los funcionarios que estuvieron sentados en la mesa de la reunión. ¿Para qué quisieran tener dinero en efectivo los internos del penal de Villa Urquiza? No hay una respuesta, pero sí resulta sospechoso que sea una autoridad del sistema penitenciario la que realice este planteo cuando se ha denunciado que dentro de esos cuatro muros hay organizaciones que se dedican a la venta de drogas, y que también funciona un mercado negro que comercializa celulares y bebidas alcohólicas.

Esos casos de corrupción denunciados cobraron visos de realidad con la condena a 11 años de prisión que recibió hace pocos días en la Justicia Federal un guardiacárcel por cometer esos delitos. En las audiencias desfilaron varios hombres que contaron algunos detalles sobre cómo es el sistema de tráfico. Otros que están en actividad fueron dejados de lado porque están por lo menos mencionados en otras causas similares. El fiscal federal Pablo Camuña, que llevó adelante la acusación, fue categórico al afirmar que desde hace más de cuatro años que dirige causas de este tipo y que nunca se detuvieron los ilícitos en el penal.

Esta situación se agrava con la crisis carcelaria. Los tres penitenciarías de nuestra provincia no pueden recibir más gente, por lo menos hasta que se terminen las obras de los tres nuevos pabellones que se encuentran demoradas porque, según las empresas constructoras, personal penitenciario habría robado el material de las instalaciones eléctricas. Cuando ello ocurra, podrán ingresar unos 240 reclusos. Es un número insignificante, si se tiene en cuenta que hay más de 1.000 procesados en las dependencias policiales de toda la provincia. Un problema que, entre otras cosas, genera que el 30% de la fuerza se encargue de cuidar a los detenidos en vez de realizar tareas de prevención. Otra opción de las autoridades es el proyecto de construcción de una cárcel en Benjamín Paz, que necesita una inversión de capitales internacionales, algo por ahora improbable.

Todo muestra un complejo panorama que debería ser abordado en profundidad y con urgencia por las autoridades, porque se les ha ido de las manos.