Por Luis Duarte
01 Julio 2020
“JUSTICIA POR PEPE”. Productores y vecinos de La Ramada de Abajo protestan y levantan los carteles frente a los tribunales penales. la gaceta / fotos de analía jaramillo LA GACETA / FOTOS DE ANALÍA JARAMILLO
“La esperanza es lo último que se pierde”, expresa el viejo refrán, mezcla de sugerencia y consuelo ante mala situación de la vida. Sin embargo, este dicho terminó siendo ayer para los productores un equivalente a la inacción y las dudas, frente a su reclamo contra la ola de inseguridad.
“Agradezco a Osvaldo Jaldo, Regino Amado, a Raúl Albarracín por habernos recibidos. Pero descreo de la clase política hoy más que nunca”, enfatizó José Luis Porcel, hijo del agricultor asesinado de un tiro en La Ramada de Abajo, el viernes pasado. El hombre expresó así sus sensaciones al salir del despacho de la Presidencia de la Legislatura, tras el encuentro con el titular de la Cámara (a cargo del Poder Ejecutivo) y los legisladores. Con él también estaban los representantes de las organizaciones rurales, Sebastián Murga, de la Sociedad Rural, y Martín Osvaldo, de Apronor.
“Se termina el momento de los comunicados. A partir de ahora, tienen que primar la ley y la Constitución. Nosotros estaremos pendientes de qué hacen los poderes del Estado para hacer respetar las normas y para que termine el problema de la inseguridad”, afirmó el titular de la Rural. Mientras que su parte de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte manifestó: “la situación que se vive en el campo se repite en la capital. Juntarse sólo con el ministro de Seguridad (Claudio Maley) no resuelve nada. Los tres poderes tienen que darnos una solución. Hoy, sólo es esperanza de que esto cambie en algún momento, pero cada vez es peor”.
DIRIGENTES. Martín Osvaldo y Sebastián Murga, tras el encuentro.
Los ruralistas y vecinos de las zonas agropecuarias se movilizaron ayer hasta los tribunales penales y hasta el edificio legislativo para demandar acciones destinadas a frenar los hechos delictivos. El homicidio de José Porcel, de 80 años, había terminado de marcar la turbación de los pobladores, en particular, de las tierras del noreste tucumano. “Basta de inseguridad”, “Justicia por ‘Pepe’ Porcel”, cargaban los carteles que se elevaban en la avenida Sarmiento al 400.
En la sede del Ministerio Público Fiscal sonaron primero las críticas al sistema judicial. “Es una marcha pacífica. Les pedimos disculpas a los ciudadanos, pero esta era la única forma de manifestar nuestro dolor”, remarcó Ana Porcel, hija de la víctima. La familia y los productores expresaron su indignación luego de enterarse de que integrantes de la banda que había atacado al agricultor contaban con antecedentes delictivos.
La marcha se trasladó luego hasta la Legislatura. Allí, los dirigentes rurales y el hijo de Porcel fueron recibidos por Jaldo. “Planteamos los inconvenientes de la zona: la falta de patrulleros y de personal. Pero la solución debe venir de los funcionarios (…) Ya no tenemos más la paz que había en el campo. No existe. Pero esto tiene que cambiar”, señaló Martín.
EN LA LEGISLATURA. Jaldo dialoga con los dirigentes rurales.
“Nadie puede mirar hacia otro lado ante este caso”, reconoció el vicegobernador. Como una alternativa ante la inseguridad, Jaldo expuso que la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (CPPT), prevista en septiembre para el Centro Judicial Capital (CJC), acelerará los procesos penales.
En esa línea, resaltó la autonomía y la autarquía del Ministerio Público Fiscal, aunque consideró que un “un delincuente debe ser juzgado, condenado y tiene que ir a Villa Urquiza”. “No puede entrar por una puerta y salir por la otra (...) No compartimos el hecho de que los que cometen delitos anden por las calles. Tienen que estar ‘guardados’ con (prisión) preventiva hasta que los juzguen. Es lo que pide la ciudadana. La mayoría de los delincuentes tiene antecedentes o es reincidente”, indicó.
Por último, el titular de la Cámara dijo que la continuidad de Claudio Maley al frente de la cartera de seguridad es decisión del gobernador Juan Manzur. “Es él quien tiene que evaluar la gestión del ministro Maley”, respondió.
Delitos que sufre el sector
- Sustracción de fertilizantes que se cotizan a precio dólar.
- Robo de plaguicidas que también tienen un alto costo.
- Sustracción de maquinarias agrícolas, especialmente tractores.
- Robo de ganado y de aves.
- Hurto de frutos de las plantaciones que luego se venden en la vía pública.
- Destrucción de silobolsas para robo o por daño.
- Asaltos a los productores en sus domicilios.
- Cinco homicidios en menos de ocho meses.
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