“El caso ‘Morelli’ estuvo parado 21 meses”

El juez Guillermo Acosta activó el micrófono de su computadora y dijo que estaba molesto. En las dos horas y media siguientes desarrolló los motivos de su incomodidad, y anunció el sobreseimiento del ex intendente de Concepción y legislador oficialista, Osvaldo Morelli, y de su hijo Franco Morelli, jefe de la Unidad Ejecutora Provincial. Acosta fundó la declaración de inocencia en el vencimiento del plazo de un semestre para desarrollar la investigación de las supuestas irregularidades cometidas con la Cooperativa de Trabajo Miguel Lillo. “El caso ‘Morelli’ estuvo parado 21 meses”, reprochó en la audiencia por Skype de ayer a la que no asistieron los imputados, pero sí su defensor particular, Pedro Brito; el fiscal regional Mariano Fernández, y el querellante y secretario de Gobierno municipal, Julio César Herrera.

El juez dispuso de casi seis días para preparar su decisión puesto que escuchó a las partes el miércoles. Si el fallo queda firme, los Morelli serán desvinculados de la causa relativa a las obras públicas encomendadas a la Miguel Lillo en la gestión municipal 2011-2015. Según la denuncia, dicha entidad estaba integrada por empleados del Municipio de Concepción y carecía de un estatus regular. Los querellantes Roberto Sánchez, intendente de Concepción (UCR), y Herrera consideraron que las irregularidades corresponderían al empleo de $ 20 millones equivalentes a U$S 7 millones de la época.

Acosta responsabilizó al fiscal y al querellante por la inactividad advertida en el expediente. “En virtud del artículo 229 del Código Procesal Penal de Tucumán de 2016, el plazo para investigar venció en noviembre”, precisó. Antes había dado rienda suelta a su irritación: manifestó que, gracias a las copias del proceso que guardaba en su escritorio, constató que él había actuado con la máxima celeridad hasta septiembre de 2018, cuando dispuso la apertura de una investigación jurisdiccional (procedimiento especial a cargo de un juez por los fueros de Morelli). El juez agregó que la causa se frenó en el Ministerio Público Fiscal, aunque acotó que no sabía si en la órbita del fiscal Miguel Varela o en la de Fernández, quien debía adecuarla a la reforma procesal penal implementada en Concepción el 5 de mayo de 2019. Acosta subrayó que los querellantes Herrera y Sánchez ni siquiera había pedido el desafuero de Morelli.

“A quien no se le permitió hacer la investigación jurisdiccional (del antiguo sistema) contra el legislador y dirigir el proceso respecto de los restantes denunciados es a mí”, aseguró el juez. Y agregó que él era “el más interesado” en que ello sucediera. “Tenía apuro por hacer esto porque estaba ternado y era muy probable que se me designara camarista, como sucedió (el gobernador Juan Manzur hizo el nombramiento a finales de 2018). Me dije: ‘esto es muy importante’. Yo podría haber demorado el tema y dejárselo a mi sucesor, pero no iba a incurrir en esa irresponsabilidad. Seguramente se habría interpretado como que quería favorecer a Morelli (...). Yo actué con rapidez”, relató.

Dolor de garganta

Acosta comentó que luego apareció el fiscal Fernández: “nunca entendí por qué, si a la causa la llevaba adelante Varela, y me dijo que lo último que había es una resolución de envío de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal. Pero, ¿quién las paralizó? Porque aquí estamos hablando de una inmovilización que hace caer el proceso”. El juez insistió en que él no fue y especificó que la pesquisa pasó a la Fiscalía el 12 de septiembre de 2018, según indicaba una nota firmada por el secretario Juan Manuel Guevara. “No es lo que me dijo Fernández”, subrayó. Y agregó: “en conclusión, el expediente dormía en el estante, el cajón o el escritorio del fiscal, no sé de quién”.

El juez empezó su alocución leyendo unas páginas en las que aclaró que él iba a usar el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, que, a diferencia del anterior -aún vigente en la capital y en Monteros-, fija un término máximo para el desarrollo de la pesquisa. Y ahí planteó otra de las cuestiones que lo tenían molesto: la noticia de la sentencia de la jueza de San Miguel de Tucumán, Carolina Ballesteros, que había sobreseído al intendente oficialista de Tafí Viejo, Javier Noguera, por el vencimiento del plazo razonable para investigarlo. Acosta atribuyó la publicación a “una extraña casualidad” y se diferenció: “yo estoy aplicando una ley, o sea, un plazo legal, no un plazo razonable ambiguo y vago” (este lunes, el camarista Enrique Pedicone anuló el fallo de Ballesteros en una audiencia presencial a la que acudió el funcionario denunciado).

El juez de Concepción citó a su par fallecida María del Pilar Prieto y añadió que, si bien ahora la población podía observar lo que la Justicia hacía en virtud de la oralidad, se imponía “hacer docencia”. “La población a veces puede ver, pero no entender”, advirtió. Con ese afán, descartó el argumento de que el Código Penal mantenía suspendida la prescripción de la acción por la condición de funcionarios públicos. “¡No tiene nada que ver!”, dijo.

Acosta admitió en un momento que se le habían desordenado los papeles y que estaba mareado, y dispuso un receso. “Sí, estaba molesto. Me duele la garganta: me persiguen las anginas”, apuntó al volver a la sala virtual. También se declaró decepcionado porque el fiscal Fernández había invocado las convenciones internacionales contra la corrupción. “Él sabía que debía tomar esta resolución de sobreseimiento tanto para un hurto simple como para un robo millonario. No sé por qué lo hizo, tal vez para (impresionar a la) prensa”, conjeturó. Y agregó: “por otro lado me pidió continuar con la investigación cuando he demostrado que no movió un dedo durante 21 meses. ¿Es un sarcasmo, una ironía, una broma? Llevaba 21 meses sin hacer nada”. A esa altura el fiscal regional no quiso seguir escuchando: se desconectó antes de que Acosta cerrara la audiencia remota.