El tsunami de la inseguridad

El asesinato del productor José “Pepe” Porcel, en La Ramada de Abajo, ha conmocionado a la sociedad tucumana, que se encuentra sumida en la desazón y la impotencia frente al crecimiento imparable del crimen en la provincia. Se trata de una tragedia que se agrega a un triste panorama que había sido planteado de muchos modos por la comunidad rural, asediada por el delito.

En nuestro sumplemento Rural se dio cuenta del reclamo del campo ante una situación crítica de inseguridad que se ha añadido a los problemas económicos acrecentados por la pandemia. Tiempo atrás la plaga en inseguridad era el abigeato; en la actualidad hay ataques de todo tipo a las propiedades, asaltos a los productores –este año ya hubo dos víctimas mortales- y también vandalismo que, en muchos casos, han sido considerados incluso como posibles represalias políticas por las protestas del sector productivo para pedir que se dejen de poner trabas a la tarea rural. En ese contexto se entienden, en Tucumán y en el resto del país, los daños intencionados que se concretan contra las silobolsas.

La Sociedad Rural y los productores vienen planteando el problema desde hace tiempo. El campo está desguarnecido y las respuestas de la fuerza de seguridad son carentes de efecto. No tienen hombres ni equipos, y los delincuentes cuentan con la falta de seguimiento de sus acciones, que normalmente quedan impunes. En enero hubo reuniones de alto nivel con los funcionarios de seguridad y con los legisladores que integran la comisión respectiva, en las cuales se planteó una realidad terrible: homicidios, robos violentos, hurtos, violaciones de domicilios con la ocupación de predios rurales, abigeato, quema de viviendas, robo de automotores, tractores y maquinarias agrícolas, productos químicos y semillas. También, que en las comisarías ni siquiera reciben las denuncias por falta de personal. Se pidió tareas conjuntas con la Policía y los funcionarios para atrmar un grupo de análisis y estrategias para enfrentar la diseminada actividad delictiva en el campo. En la Legislatura se les prometió coordinar con las instituciones de seguridad para tratar de mejorar la prevención y el servicio en las comisarías de la zonas rurales y en el Ejecutivo se les dijo que se reforzarían las comisarías del campo y que se entregarían vehículos recuperados al delito a las patrullas rurales.

Hubo nuevos planteos en marzo y en abril, pero poco se avanzó, mucho menos en otros pedidos como encarar trabajos de reparación y mantenimiento de la red caminera para facilitar la circulación de móviles.

Ahora la tragedia del productor Porcel ha mostrado el dolor y la crudeza de la realidad del campo. “Estamos hartos y cansados de que siempre los que estemos tras las rejas seamos nosotros, y los delincuentes, libres como el viento”, dijo la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), que no sólo pide que se aplique toda la fuerza de la ley a los responsables de este crimen, sino que exige medidas concretas para contrarrestar este panorama sombrío. “Si usted no sabe cómo cuidar a su gente, hágase a un costado. Los hechos hablan por sí solos y las muertes injustas por asaltos siguen creciendo, imparables como un tsunami”, le dijeron al gobernador.

Ya no se puede esperar más. La situación ha llegado a un punto dramático que exige un cambio sustancial en las políticas de seguridad, un replanteo severo de la tarea que llevan a cabo los responsables del área y la búsqueda de nuevas estrategias que resulten efectivas. Tucumán no puede seguir a merced del delito.