Habrá una audiencia presencial por el caso del intendente Noguera

Después de tres años y medio de tramitación exclusiva mediante papeles, las actuaciones contra el intendente oficialista de Tafí Viejo, Javier Noguera, y los 12 concejales del ciclo 2015-2019 pasarán por la prueba de la audiencia oral, pública y presencial. Este acto tendrá lugar el lunes a las 11 en la sede de la Justicia penal de la capital (quinto piso de la calle España 431) por decisión de Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. El camarista dispuso esta modalidad de tramitación del conflicto por pedido del fiscal Diego López Ávila, quien el martes había alegado la imposibilidad de conseguir la revisión de la sentencia que sobreseyó a Noguera por la demora de la pesquisa y la falta de pruebas para sustentar la acusación. El fallo, que había sido dictado el 28 de octubre por la jueza Carolina Ballesteros (Nº5), acogió el planteo de la defensa de que había transcurrido el plazo razonable para desarrollar la investigación jurisdiccional, procedimiento especial a cargo de un magistrado por los fueros de Noguera.

Al día siguiente de la presentación que expuso que existía un recurso paralizado desde hacía seis meses, Ballesteros se desprendió de la causa, cuyo origen se remonta a la denuncia de irregularidades con fondos públicos que interpuso en 2016 el ex contador general municipal Juan Antonio González, y concedió la impugnación. Los nueve cuerpos de papeles ingresaron así a la Cámara de Apelaciones. Previamente, Pedicone había habilitado los plazos procesales en atención a la urgencia esgrimida por el fiscal y dado dos horas a la jueza para radicar el expediente en el ámbito del tribunal.

En paralelo, López Ávila introdujo un nuevo escrito en el que solicitó una audiencia oral y pública de tutela de garantías constitucionales donde se debata “sobre la obstaculización del proceso” y de su rol como investigador: el fiscal dijo que él quería explayarse sobre las anomalías acontecidas, en particular respecto de la notificación de la sentencia cuestionada, y que pretendía la citación de todas las partes, incluida la jueza Ballesteros. Por aparte, Daniel Clemente, secretario del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº5 de esta capital, informó cómo había sido el trámite de la comunicación de la resolución y admitió que el recurso “se había traspapelado” (se informa por separado).

Ocasión inédita

El mismo miércoles 24 de junio, Pedicone acogió el pedido del fiscal y le agregó una guinda: citó la disposición de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que abre la ventana a la presencialidad cuando “resultara imprescindible” (Acordada 288/20) y dispuso que la audiencia sea “cara a cara”. En virtud de ello, este será uno de los primeros debates convencionales desde el 17 de marzo, cuando el alto tribunal abrió el asueto extraordinario con motivo de la pandemia, que se prolongó hasta el 26 de mayo y que dio lugar al empleo de las salas virtuales. El camarista dispuso que el delegado de Superintendencia del Fuero Penal, Pedro Figueroa, tome las medidas pertinentes de preservación de las distancias aconsejadas para la prevención de la covid-19.

Figueroa no tiene una tarea fácil puesto que muchos no querrán perderse esta contienda a la que fueron citados Ballesteros, López Ávila y el fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Alejandro Noguera; el defensor Sebastián Herrera Prieto y el fiscal de Estado, Federico Nazur. Pedicone precisó que correspondía la participación del funcionario del Poder Ejecutivo en atención a que la investigación atenía a supuestos delitos contra la Provincia. En cuanto al intendente Noguera, el camarista manifestó que estaba invitado a concurrir, mas no obligado a hacerlo por sus fueros. Si aquel asiste, será casi inédito: en el pasado reciente, los funcionarios con prerrogativas constitucionales prefirieron no exponerse. Ello sucedió en el último año con el ex gobernador y senador kirchnerista José Alperovich respecto de dos audiencias pedidas por su defensa, y que celebró Pedicone. El miércoles, en un acto virtual de características similares al que originó el proceso de Noguera (un planteo por el transcurso del plazo razonable para investigar), no se conectaron ni el ex intendente y legislador oficialista Osvaldo Morelli, ni su hijo, el funcionario provincial Franco Morelli.

Más allá de que está en juego el destino de una denuncia de supuestos hechos de corrupción, la audiencia del lunes tiene condimentos adicionales puesto que el intendente taficeño calificó en numerosas oportunidades de “macrista” al fiscal y dijo que, pese a que no había encontrado evidencias que pudiesen incriminarlo, este pretendía mantener abierto el proceso para satisfacer intereses políticos. Ante la Cámara, López Ávila afirmó que el sobreseimiento otorgado a Noguera convalidaba “una notoria injusticia”. Según el denunciante González, las máximas autoridades electivas de la Municipalidad de Tafí Viejo habrían cobrado sobresueldos mediante bolsos con dinero en efectivo supuestamente retirados de las dependencias. Si Pedicone confirma la decisión de Ballesteros, la pesquisa continuaría respecto de los entonces concejales Pascual Zamora, Carlos Araya, Alicia León, Raúl López, Juan Medina, Fátima Olea, Benjamín Terraf, Esteban Toledo, Martín Vaca, Josefa Segovia, Viviana Agüero y José E. Juárez.