Por Gustavo Rodríguez
26 Junio 2020
EL LUGAR DEL ÚLTIMO ESCAPE. Dos acusados de diferentes homicidios se fugaron ayer de la seccional 8°- la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio
La división Homicidios, una de las unidades más “calientes” del área de investigación de la Policía, no cuenta con calabozos en su unidad. Pero en sus instalaciones, según los últimos datos confirmados por fuentes judiciales, se encuentran seis detenidos. Los procesados fueron ubicados en las oficinas del personal y duermen en cualquier lugar, siempre con un custodio que no les quita los ojos de encima. Esa escena se repite en varias dependencias como Robos y Hurtos y Sustracción de Automotores (todas de la ex Brigada), en la gran mayoría de las seccionales de la capital y las comisarías del interior de la provincia. La crisis carcelaria que se vive en la provincia ha llegado a su máximo nivel. Y por ahora no se avizora una solución a corto plazo.
LA GACETA tuvo acceso a los números de personas alojadas en las dependencias policiales de la provincia. Supera las 1.200. De ese número, 76 son personas que ya fueron penadas por un tribunal, 848 a las que se le dictó la prisión preventiva y 59 tienen arresto domiciliario, lo que representa un total de 983 reos. A esa cantidad se le debe sumar los 105 detenidos que esperan que la Justicia resuelva su situación procesal. Y faltan los detenidos por contravenciones, que en el informe son 120, pero durante los fines de semana esa cifra se puede hasta triplicar.
Esta historia de complicaciones para alojar detenidos comenzó en 2015 y hasta el momento no tiene final. En agosto de ese año los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila presentaron un hábeas corpus a favor de los presos, los policías y los vecinos de las comisarías por la cantidad de personas que estaban privadas de su libertad en esos calabozos. En esos momentos había cerca de 500, según el censo que habían realizado.
Su planteo fue aceptado y ellos fueron los que controlaron hasta que en noviembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia, a través de su oficina de Derechos Humanos, se hizo cargo del asunto. Hubo varios planteos y fallos en contra del Poder Ejecutivo, creación de comisiones y declaraciones de emergencia, pero nada sirvió. La situación fue empeorando año tras año. El número de detenidos en las comisarías se incrementó un 140% porque pasó de cerca de 500 a más de 1.200.
Un cuestionamiento
La jueza de Ejecución Alicia Merched, después de constatar la gravedad del asunto, ofició al ministro de Seguridad Claudio Maley para que resuelva el problema, que se empeoró con la pandemia, ya que las puertas de los penales se habían cerrado para el ingreso de nuevos internos. (Ver nota aparte).
“Al día de la fecha se encuentran en las diferentes comisarías de la provincia la cantidad de 917 personas privadas de libertad, entre procesados y condenados, lo que resulta a la luz de la Constitución Nacional y los Convenios Internacionales a los que nuestro país y nuestra Provincia se encuentran adheridos, totalmente inadmisible”, destacó en la resolución firmada el 26 de mayo pasado.
La nota de la jueza sirve para demostrar que este es un problema que se agrava día tras día. El informe al que accedió LA GACETA reúne la información hasta el 18 de junio. Desde la resolución de Merched, la cantidad de detenidos que deberían estar en el penal y que permanecen en las dependencias aumentó de 917 a 983.
“Entre la población de penados y procesados que están en los calabozos de las comisarías se encuentran personas alojadas por delitos graves y violentos, como así también personas con enfermedades infectocontagiosas como VIH, entre otras”, explicó la jueza en el fallo. “Por lo expuesto, se torna urgente y necesario que se dé trámite por medio del ministerio a su cargo de lo plasmado en la presente y así evitar desenlaces irreparables tanto para los internos como para la sociedad en general”, explicó.
Momento difícil
En noviembre pasado, LA GACETA publicó que de 1.645 policías que prestan servicios por día, unos 745 se encargaban de realizar distintas tareas vinculadas a la atención de los reclusos, lo que representaba casi el 50% de la fuerza. Por la pandemia, esa afectación se redujo casi un 20% porque los presos declaran o son notificados de sentencias a través de videollamadas, por lo que se suspendieron los traslados.
La población carcelaria en estos momentos es de poco más 1.320. Los detenidos en Villa Urquiza son alrededor de 1.000; en el penal de Concepción, otros 280, y en la cárcel de mujeres, 41, según los últimos informes. La situación no es crítica. La capacidad es de aproximadamente 1.100, por lo que el exceso del cupo es de aproximadamente el 20%, cuando la media nacional supera el 40%.
El problema está en que no hay manera de recibir a los presos que se encuentran detenidos en las comisarías. Los tres pabellones que se construyeron no fueron entregados por una diferencia entre el Servicio Penitenciario y las empresas constructoras. Según trascendió, la pelea se habría producido por la desaparición del sistema eléctrico y de herramientas de las firmas que realizaron las obras. Hubo acusaciones cruzadas.
La disputa entre ambas partes llegó a su fin con la intervención de la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse. Gestionó una partida especial de unos $300.000 para que se solucione el conflicto y se termine de realizar la obra cuanto antes. Pero ayer recibió una desagradable noticia: en el área de Seguridad no se hicieron las reuniones con las empresas, por lo que no hubo acuerdo y las obras siguen paralizadas. Al menos recibió la promesa de que hoy acordarían todo para iniciar cuanto antes los trabajos.
Sin embargo, la tres nuevas unidades, según estimaron los funcionarios, podrán albergar a otros 240 internos, menos de la tercera parte de los más de 900 penados y procesados que están en las dependencias policiales. “Es una situación compleja y se le está buscando solución”, aseguró el subsecretario de Seguridad, José Ardiles. “Además de esperar la adquisición del mobiliario para la apertura de los pabellones en Villa Urquiza, mientras tanto seguimos buscando alternativas para resolver este gran problema que se nos presenta”, concluyó.
La crisis en números
1.320 detenidos hay en las unidades carcelarias,
983 penados y procesados se encuentran en los calabozos de las comisarías,
360 personas y más son detenidas por contravenciones por la fuerza.
240 es el cupo que se incrementará en el penal,
3 personas promedio ingresan a la comisaria por día entre procesados y penados.
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