Pende de un hilo el caso contra el legislador Morelli

Está a un tris de fenecer la pretensión de dilucidar la participación del ex intendente de Concepción y legislador oficialista Osvaldo Morelli, y de su hijo y funcionario provincial, Franco Morelli, en las supuestas irregularidades cometidas con obras públicas encargadas a la Cooperativa de Trabajo Miguel Lillo durante la gestión municipal 2011-2015. En la audiencia virtual de ayer, el defensor Pedro Brito dijo que venció el plazo razonable para desarrollar la investigación y que los Morelli debían ser sobreseídos mientras que el fiscal regional Mariano Fernández, y el abogado querellante y secretario de Gobierno de la Municipalidad, Julio César Herrera, opinaron que el cómputo de la prescripción de la acción penal estaba interrumpido por el ejercicio de la función pública, y que aún no había sido formalizada la decisión de investigar. La decisión depende del juez Guillermo Acosta, quien resolvió que la anunciará el martes.

El acto oral por Skype comenzó con cinco minutos de demora por el hecho de que la ex fiscala concepcionense Alicia Emilia De Blasis, esposa y madre de los funcionarios denunciados, había pedido asistir como una ciudadana más, pero, al final, no se conectó. En la audiencia asomaron otras “tres causas” de Morelli, aunque las partes y el juez estaban reunidos para conversar específicamente acerca de la denuncia que interpusieron en 2016 el intendente Roberto Sánchez y Herrera al advertir las anomalías relativas a los $ 20 millones pagados a la Miguel Lillo (U$S 7 millones de la época, según el cálculo de Herrera). En particular, fue mencionado el caso de los ex funcionarios municipales Ariel Mendelek, Sergio Muro y Duilio Guzmán, a quienes Acosta sobreseyó en febrero por el transcurso del plazo de seis meses para investigar previsto en el nuevo Código Procesal Penal vigente en Concepción desde el 5 de mayo de 2019.  

La solución dada al caso de Mendelek y compañía es justamente la que pidió Brito para sus defendidos. “El término de seis meses ha fenecido hace bastante tiempo por la desidia de la querella y del fiscal. La incertidumbre debe cesar”, dijo.

En un tramo de la audiencia, el defensor cuestionó a la contadora Dora Mercedes Bueno, quien practicó la auditoría -al comienzo del primer mandato de Sánchez- de donde surgieron las anomalías que determinaron la presentación de la denuncia. “Es una militante de Cambiemos”, afirmó. Herrera manifestó que creía que Bueno era peronista como su hermana, la dirigente de los médicos autoconvocados, Adriana Bueno. En otra intervención, el secretario de Gobierno relató que la Cooperativa Miguel Lillo estaba integrada por personal de la Municipalidad -empleados que también fueron denunciados- y que su estatus era irregular. “No tenían ni una carretilla ni una pala”, expresó Herrera.

“La petición de Brito carece de fundamentación: ni siquiera sabemos desde cuándo cuenta los plazos. Aquí se acusa de la comisión de delitos de corrupción: es muy difícil llevar adelante este tipo de investigación”, dijo Fernández. El fiscal precisó que la causa formaba parte del paquete iniciado con el sistema procesal anterior que pasó al nuevo. “Debemos gestionar este cúmulo de casos y no hemos tenido problemas con el plazo de seis meses. ¿Va a quedar una investigación compleja como esta trunca por una ley de forma provincial, pese a que el Código Penal de la Nación establece la interrupción de la prescripción cuando hay funcionarios públicos?”, interrogó. Y añadió: “no podemos entender que todos los procesos del Código viejo (1991) han fenecido. Los seis meses corren desde el momento de la formalización de la pesquisa. La corrupción es una plaga insidiosa, que afecta infinitamente más a los pobres porque desvía fondos del desarrollo. Por eso yo apelo a que usted, juez Acosta, tome una decisión que no impida la continuidad de esta pesquisa”.