“Caliva se arrogó funciones legislativas y debe retractarse”

La decisión del intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva (PJ), de aprobar por decretos dos asuntos previstos en el temario del Concejo Deliberante, acentuó la tensión existente entre ese cuerpo y el Ejecutivo municipal. “Caliva se arrogó funciones legislativas y debe dar marcha atrás”, manifestó la presidenta Sonia Saavedra (PJ) en un texto que remitió a este diario.

La concejala que integra el bloque peronista opositor al intendente junto a Jéssica Yapura Astorga y a Juan Carlos Rivadeneira dijo que no podía ni debía pasar por alto el “atropello a las instituciones democráticas”. “Es un hecho inaudito que Caliva haya dictado el 19 de junio los decretos de adhesión a la Ley Micaela (321/20) y del Inti Raymi (322/20) cuyos objetos eran idénticos a los proyectos de ordenanza que iban a ser tratados en la sesión fallida del 18 de junio por la ausencia injustificada de los concejales afines al intendente (Omar Monasterio, Omar Vedia y Benjamín Cruz)”, cuestionó.

Saavedra calificó de “ironía y golpe a la democracia” que los ediles justicialistas alineados a Caliva por un lado no dieran quórum para sesionar y, por el otro, avalaran los decretos, actos que “reemplazan la voluntad plural del órgano que representa al pueblo”. “El Ejecutivo municipal usurpó el poder del Concejo: lo exhorto a retroceder porque, en el caso contrario, avanzaremos con acciones legales y políticas. Si es necesario, plantearemos el conflicto de poderes ante la Corte Suprema”, advirtió Saavedra, que integra el bloque con mayoría de votos debido a que la presidencia desempata en el caso de paridad. El sector de Monasterio, Vedia y Cruz dispone de la llave del quórum puesto que hacen falta al menos cuatro concejales presentes para sesionar.

Las diferencias estallaron en noviembre, cuando se viralizó un audio atribuido a Caliva que registra el presunto intento de soborno de Rivadeneira para que abandone a Saavedra y a Yapura Astorga, y se sume al oficialismo. En virtud de ese hecho, el Concejo permaneció bloqueado y ni siquiera fue posible inaugurar el período ordinario de sesiones el 1 de marzo con la participación del intendente, como estipula la Ley 5.529. En mayo, un acuerdo entre las partes permitió destrabar la situación, pero el arreglo duró poco porque Caliva después exigió su derecho a hacer la apertura del ciclo ordinario. A continuación, la oposición organizó la sesión frustrada para tratar la adhesión a la Ley Micaela, el reconocimiento al Inti Raymi (Fiesta del Sol) y, en tercer lugar, el audio polémico.