Por Gustavo Rodríguez
18 Junio 2020
NO CONVENCIERON. Los defensores Alfredo Bertini y Vanesa Lucero intentan demostrar que era imposible que la droga esté oculta en un envase.
Por segunda vez en dos años, la Justicia condenó a un miembro del servicio penitenciario por tenencia de estupefacientes para su comercialización mientras cumplía con sus funciones. Ayer recibió una pena de 11 años el guardiacárcel Antonio Walter Vallejo por haber intentado ingresar drogas en la prisión de Villa Urquiza. Un 14 de junio, pero de 2017, el enfermero del penal Miguel Ángel Herrera fue sentenciado a seis años de prisión por el mismo delito. Y esto no es todo: aún quedan que se terminen de instruir al menos cuatro causas vinculadas al tráfico de estupefacientes dentro de los muros del presidio.
El juicio duró tres días, pero dejó indicios y datos que tardarían semanas en ser analizados o investigados. Pueden haber quedado algunas dudas, pero sí hubo una certeza. Durante las audiencias quedó al descubierto que Vallejo es tan sólo un eslabón de la actividad ilícita que se desarrolla en el penal. En un video que se mostró ayer, se lo pudo observar que caminaba con la droga como si no estuviera haciendo nada malo. Y eso que debía superar una requisa obligatoria. El ahora condenado fue detenido un 21 de julio de 2017, es decir, un mes después de que el enfermero que trabajaba en el hospital de Villa Urquiza recibiera una pena de seis años por haber entregar drogas a un interno para que la vendiera. Pero hubo más.
El 22 de noviembre de ese año, el reo Sebastián Medina, que denunció la venta de drogas en la cárcel fue brutalmente asesinado por un compañero de encierro que, según la investigación judicial, habría sido contratado por funcionarios del servicio penitenciario para que cometiera el crimen.
En octubre de 2018, la jueza de Ejecución, Alicia Merched, descubrió cuando personal del servicio penitenciario intentaban ingresar más de 900 pastillas en la unidad de Concepción. En febrero de 2019, otros internos denunciaron haber sido torturados por haberse negado a comercializar las dosis que le entregaban la guardia.
EL CONDENADO. Vallejo siguió la audiencia desde el penal de Pinto.
“Durante las audiencias quedó comprobado que Vallejo intentó ingresar al penal droga. Pero también es cierto que no es el único. Desde diciembre de 2016 que venimos instruyendo causas en las que están mencionados guardiacárceles como las personas que ingresan drogas”, alegó el fiscal federal Pablo Camuña al solicitar que al acusado se le dicte una pena de 11 años de prisión
Y no es la primera vez que el investigador realiza un planteo de estas características. En el alegato en el juicio contra Herrera había señalado: “Revisando las constancias, sólo en la fiscalía que está a mi cargo en instrucción, durante 2015 se secuestraron casi 6.000 pastillas de alprazolam y clonazepam, ingresadas de manera ilegal al penal. Esto solo, sin contar los psicotrópicos, es alarmante”, dijo hace dos años. Y el tiempo terminó demostrando que nada cambió con el correr del tiempo.
Camuña también solicitó que se agravara la pena a Vallejo por su función de personal del servicio penitenciario en actividad. “Su trabajo consistía en proteger a los detenidos, pero nada de ello hacía porque les vendía a través de terceros drogas. Sin contar además que los reducía casi a un estado de servidumbre para poder lucrar con la venta de estupefacientes que les entregaba”, señaló con tono firme.
Los defensores
“Coincidimos con el fiscal sobre el tráfico federal sobre el tráfico de drogas en el penal. Pero no queremos que Vallejo sea un chivo expiatorio. Este tribunal se equivocará si decide aplicar una pena ejemplificadora en contra del imputado, ya que no será un mensaje legítimo”, explicó el defensor público Alfredo Bertini.
El profesional, junto a su colega Vanesa Lucero, basaron su alegato en descalificar la requisa que le hicieron a Vallejo que derivó en el hallazgo de casi medio kilo de marihuana, más de 300 gramos de cocaína y unas 900 pastillas de psicofármacos.
“Las tres personas que supuestamente debían confirmar todo no lo hicieron. Sólo aportaron dudas. Uno que firmó el acta de actuaciones confirmó en la audiencia que no estuvo en el lugar cuando encontraron la sustancia. Otro dijo que no observó cuando sacaron la droga y un tercero mintió sobre la presencia de una persona en la sala donde se realizó el procedimiento”, explicaron.
EXPLICACIONES. El testigo Rogelio Olmos muestra detalles en un video.
Los profesionales también argumentaron que según las actas, la droga decomisada estaba dentro de un paquete de yerba mate de medio kilo que transportaba Vallejo en un bolso. ¿Dónde están esos elementos? ¿Qué pasó con ellos? Nada, porque no existieron”, dijo Bertini
En una medida insólita, los defensores públicos, después de pedir autorización al tribunal, hicieron una especie de experimento. Intentaron colocar toda la droga secuestrada en un paquete de yerba de medio kilo. “Es imposible que esto haya entrado allí”, dijeron antes de pedir la exclusión de la prueba y solicitar la absolución del acusado.
El fallo
Después de una hora de deliberación, los jueces decidieron condenar a Vallejo a 11 años de prisión y aplicarle una multa de $18.750 y la prohibición de ocupar cargos públicos durante 10 años. También resolvieron, tal como lo había solicitado el fiscal Camuña, que se deriven todos los testimonios para que la fiscala Adriana Giannoni , a fin de que investigue la posible participación del condenado en el crimen de Medina.
La dura pena que recibió el guardiacárcel -los últimos antecedentes no superan los 13 años en causas narco- cierra otro capítulo negro en la historia del sistema penitenciario de la provincia. Una historia que tiene un final abierto hasta el momento.
Destino
Quedó incautado el auto Audi que usaba Antonio Vallejo para ir a trabajar
El fiscal federal Pablo Camuña había solicitado que el Audi A3 que se le secuestró a Antonio Walter Vallejo sea decomisado y entregado a las autoridades del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) para que ellos resuelvan qué destino le darán en la lucha contra el coronavirus en el marco de la pandemia.
El tribunal, integrador por Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Abelardo Balbús, aceptó el decomiso, aunque no se dispuso por ahora cuál será su destino final.
El vehículo, modelo 2007, sedán de tres puertas, tiene una valuación fiscal de $402.600, según la información de Rentas.
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