El juez Pisa sobreseyó a Manzur por el supuesto enriquecimiento ilícito

En una actuación como reemplazante del titular del Juzgado de Instrucción en lo Penal N°2 de San Miguel de Tucumán, el juez Juan Francisco Pisa sobreseyó al gobernador Juan Manzur por el supuesto enriquecimiento ilícito atinente a los años 2003-2009, período en el cual el funcionario denunciado se desempeñó como ministro de Salud y vicegobernador del ex mandatario y senador José Alperovich, además de presidente de la Convención Constituyente. Pisa emitió el sobreseimiento por pedido de Washington Navarro Dávila, entonces fiscal, y ministro público de la Defensa y vocal de la Junta Electoral desde octubre de 2018, quien descartó la existencia de delitos. Esta nueva validación del patrimonio del jefe de Estado fue dictada el 11 de mayo de 2017, pero el denunciante Oscar López (abogado y peronista disidente) manifestó que recién había podido acceder a una copia sin firmas antes de la pandemia.

“Aduce el representante del Ministerio Público Fiscal que del análisis minucioso del material fáctico surge (de manera) indubitable la falta de comisión del hecho endilgado. No advierte ningún elemento que haga sospechar una conducta delictual que pudiera justificar la investigación jurisdiccional (procedimiento especial a cargo de un magistrado por los fueros de Manzur)”, dijo Pisa, que asumió en el Juzgado de Instrucción N°3 en 2004, tras ser designado por Alperovich. El juez recordó que la causa había comenzado en 2013, luego de que López leyera en la prensa que el patrimonio del funcionario denunciado había aumentado 22 veces desde que se hiciera cargo del Ministerio de Salud provincial. La resolución de cuatro carillas agrega que esta situación había quedado expuesta cuando Manzur ingresó al gabinete de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2009). López refirió que, gracias a la confección de declaraciones juradas de acceso público, el médico había logrado el puesto de ministro más rico del equipo presidencial.

La denuncia, según Pisa, describía que el entonces vicegobernador con licencia tenía 24 inmuebles, y una participación en dos edificios de la firma Atrio SA. El juez dijo que el denunciante había sumado la fábrica de aceite y los olivares en la provincia de San Juan aparecidos en una investigación periodística de LA GACETA. Pisa expresó que la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°1 -la oficina está al mando de Mariana Rivadeneira, a quien Navarro Dávila sustituyó en este caso- había requerido informes sobre el patrimonio de Manzur al Gobierno; a la Legislatura; a la Dirección General de Catastro de Tucumán; al Registro Público de Comercio de San Juan; a la firma Atrio SA; a la Dirección General de Rentas; a la Administración Federal de Ingresos Públicos y al Banco Central. A continuación, el contador Damián José Scornovacche, del Equipo Científico de Investigaciones Forenses (órgano del Ministerio Público Fiscal que dirige Edmundo Jiménez), dijo que “no observaba un incremento patrimonial apreciable”.

Pisa adhirió a la postura del contador Scornovacche: aseguró que claramente no había un enriquecimiento injustificado. “En concordancia con el fiscal subrogante (Navarro Dávila), el delito no persigue la acción de enriquecerse, sino que exige que este sea apreciable y la imposibilidad de justificar su procedencia”, reflexionó Pisa. Y acotó: “las publicaciones multimediales e investigaciones periodísticas carecen del valor probatorio que la opinión pública pretende asignarles. En un proceso judicial, la versión del periodismo es una prueba auxiliar que demuestra el registro mediático del hecho. Por tal razón, no constituye plena prueba de la situación que describe ni mucho menos determina la responsabilidad penal de los involucrados”.

El denunciante López opinó que una vez más era evidente cuánto había calado la “corrupción” en la provincia. “La Justicia penal ha sido cooptada por el poder político, con Jiménez como interventor en los hechos. Su principal responsabilidad es garantizar la impunidad de los poderosos. Hay que actuar para recuperar la Justicia”, afirmó.

La sentencia de Pisa es el tercer sobreseimiento que Manzur recibe por la misma figura delictiva. En 2015, los camaristas federales Ricardo Sanjuan, Marina Cossio y Ernesto Wayar (fallecido) confirmaron un fallo del juez federal N°1, Daniel Bejas, que había avalado el enriquecimiento del período 2009-2010. De esta serie de denuncias de López sólo queda en pie la causa referida a la etapa 2011-2015 que investiga el fiscal federal N°2, Pablo Camuña, desde 2016. En octubre de 2019 y a partir de un pedido de acceso a la información pública, Camuña explicó que la escasez de medios para desarrollar la pesquisa, el volumen de datos acopiados y los planteos abundantes de la defensa de Manzur le habían impedido tomar una decisión acerca del caso.