Una caja de dólares para el futuro

¿Qué significa la expropiación de Vicentín para el Gobierno nacional? ¿Cuáles son las intenciones de la gestión del presidente Alberto Fernández con esta decisión de avanzar sobre una empresa privada quebrada? ¿Cómo pagará la Argentina esa expropiación si, en la actualidad, está renegociando la deuda externa, comunicándoles a los acreedores que no hay flujo de fondos suficientes para honrar, en tiempo y en forma, los compromisos? ¿La intervención de Vicentín es una revancha para el kirchnerismo que, en marzo de 2008, debió enfrentar al campo por la polémica resolución 125 de retenciones móviles? Hay dos certezas que surgen frente a tantos interrogantes: la Argentina no tiene los fondos suficientes como para expropiar una compañía que tiene un pasivo estimado en U$S 1.350 millones. Es un mensaje algo contradictorio con lo que pregona el mismo Gobierno nacional frente a los bonistas, al justificar la renegociación de los compromisos por falta de fondos. En la idea subyace una argumentación oficial. La que esgrimió el propio presidente Alberto Fernández cuando dijo que la intervención de Vicentin “es excepcional” y que “no está en la cabeza” del Ejecutivo nacional “andar expropiando empresas”. Y fue más allá al expresar que la decisión se tomó para “preservar una empresa muy importante del mercado cerealero” y para mantener “la fuente de trabajo y la tranquilidad de los productores”.

La medida oficial descolocó a las cúpulas de las centrales empresariales e industriales, que venían de una semana plagada de reuniones con funcionarios del Gabinete nacional e incluso con el propio jefe de Estado, que los recibió en la Quinta de Olivos. Nadie sabía nada de las intenciones de la Casa Rosada, puntualizaron. Varios empresarios optan por el silencio porque es el Estado el que los ayuda, en medio de esta pandemia, a cubrir parte de los costos fijos a través del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Sin embargo, el problema de fondo no es ese, el de la comunicación o consenso entre los sectores público y privado. Todo pasa por la confianza y la credibilidad, bienes muy escasos en la política actual de un país en default. Hay un problema que se origina en conductas pasadas de gestiones afines a la de Alberto Fernández, las del kirchnerismo. El Presidente lo sabe y por eso intenta restarle dramatismo a un avance sobre Vicentin.

En proceso de renegociación de deuda, los pasivos contingentes del país son crecientes porque, debido a su situación fiscal y al rumbo de una economía que no ha logrado, antes de la pandemia, salir de la recesión, el país no logra convencer a los tribunales externos de que resolverá la situación en el mediano y largo plazo. La propuesta de canje aún no alumbra, pese a que se sostiene que hay avances en las tratativas.

En el exterior, a su vez, creen que el proceso de estatización de empresas dependerá del rumbo económico del país. Una nota de la consultora de riesgo Eurasia Group, difundida por la agencia Reuters, indica que no se observa que la medida adoptada por la gestión de Alberto Fernández marque el comienzo de una tendencia más amplia de nacionalizaciones, pero advirtió que el Gobierno argentino “incrementará su intervencionismo a medida que las condiciones económicas empeoren”.

La intervención estatal en Vicentin abre dos escenarios hacia el futuro. Del lado político, hay quienes piensan que la actual administración de Gobierno está poniendo las semillas para consolidar un futuro proyecto político, de continuidad del kirchnerismo. Del lado financiero, la caja de dólares que representa la empresa es fundamental para dominar cualquier estampida del indomable dólar. Vicentin representa una caja estimada en U$S 4.500 millones. El propio ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reconoció ayer que con la estatización de Vicentín el Gobierno buscará una mayor “previsibilidad” tanto en el mercado de granos como en el de divisas, al tratarse de una de las principales jugadoras del negocio agroexportador. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, difundido en marzo pasado, ubicó a Vicentin en el sexto puesto en el Ranking de empresas agroexportadoras según ventas de la campaña comercial 2018/19 con 8,4 millones de toneladas de soja, pese a que a fines de 2019 atravesó una situación de estrés financiero que la llevó a paralizar sus actividades. Entre el cierre de ese año y principios de este 2020 buscó reestructurar sus pasivos para volver a poner en marcha su capacidad productiva. Ahora su futuro se tiñe de empresa estatizada.

A estas alturas la economía está más atada a la salud en tiempos de coronavirus. Mientras Europa y Estados Unidos salen del confinamiento, en la Argentina -luego de 80 días de encierro- todavía prevalece la incertidumbre sobre la dinámica del contagio. El dato más alentador es que en gran parte del interior del país se pasó del confinamiento al distanciamiento social. Esto da mayores márgenes de flexibilidad para que la actividad productiva y social se retome con gradualidad, dice un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que concluye que casi la mitad del gasto público en pandemia se financió con la impresión de billetes. “La emisión monetaria desaforada genera la falsa sensación de que el aislamiento no demanda sacrificios. Mientras en el sector privado se producen cierres de emprendimientos, recortes de salarios y pérdidas de empleo, en el sector público prevalecen las inercias y la escasa vocación a introducir reformas estructurales”, advierte. Ese será el signo económico del período pospandemia.