09 Junio 2020
IMAGEN/MERCOPRESS
"La situación de Vicentin se estaba desarrollando en el marco legal, con un concurso preventivo con la empresa en marcha. Si el Estado debía hacer algo en especial era a través del Banco Nación como acreedor, reestructurando su deuda o pidiendo su intervención judicial. Esta acción del Ejecutivo interfiere abiertamente contra el Poder Judicial generando un conflicto de poderes y mostrando una vez mas el abuso de los DNU que afectan el sistema republicano" planteó el grupo Federalismo y Libertad, luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara la intervención de la firma.
Mediante un comunicado, expresó que "el grupo Vicentin desarrolla su actividad de uno de los sectores más dinámicos y competitivos del país y no necesitó ni necesita la intervención del Poder Ejecutivo. La ley establece los mecanismos para el concurso y la quiebra de las empresas, y es el Poder Judicial, en cumplimiento de la ley, el que debe intervenir".
También cuestionó que "la Constitución establece la expropiación en caso verdadera y comprobada utilidad pública por ley del Congreso Nacional. El Estado no tiene derecho a intervenir empresas y por lo tanto esta acción así como una futura expropiación violan la Constitución".
Según Federalismo y Libertad, la intención del Gobierno de expropiar la empresa es un "abuso de autoridad aprovechando la circunstancia provocada por la crisis en la economía argentina agravada por el coronavirus. Estas políticas de intervención dieron siempre malos resultados en el pasado con enormes costos para el funcionamiento de la economía y para los contribuyentes por lo juicios perdidos que enfrenta el Estado. Además, el Estado ha demostrado ser un pésimo empresario debido a que la asignación de fondos públicos es siempre ineficiente al alejarse de las funciones que el Estado tiene como fin".
"Desde Federalismo y Libertad defendemos la Constitución Nacional donde se consagra el derecho de propiedad como uno de los pilares para la prosperidad de la nación y sostenemos que esta acción del Poder Ejecutivo es una clara intervención en las potestades del Poder Judicial", finaliza el texto.
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