Vuelve la utopía de la ciudad universitaria

El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de la semana pasada, ordenando al juzgado Federal de Catamarca resguardar para la UNT posibles regalías mineras, pasó casi inadvertido pero tiene un significado simbólico enorme. Implicaría -si quedara firme- retrotraer a los tiempos anteriores al 27 de diciembre de 2007 todas las expectativas que tenía la Universidad tucumana con respecto al legado de Abel Peirano. Este soñó que las ganancias de la minería permitirían completar la Ciudad Universitaria, ese magnífico proyecto de 1949 que ha engalanado a la Casa de Altos Estudios con la residencia de Horco Molle (donde están la Reserva y la Escuela de Agricultura), los quonset en San Javier (donde hay residencias y áreas para investigación) y el frustrado funicular, así como el llamado “elefante blanco” de San Javier, el impactante edificio abandonado erigido junto al hoy llamado Bosque de la Memoria. Lugar que hubiera sido un gran albergue para estudiantes universitarios.

Acciones secretas

Ese sueño se había truncado en esa semana de Navidad de 2007, cuando se firmó en las recónditas oficinas de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio un acuerdo de directorio (en el que participaron los dos delegados de la UNT con los dos delegados de Catamarca y el presidente del ente minero) en el que se declaraba que la Ciudad Universitaria estaba concluida. Una semana después, el 2 de enero de 2008, YMAD y el entonces rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, firmaban un acta para dar por cumplido ese objetivo y cambiar el destino de las regalías mineras.

Lo que acaba de fallar la Cámara de Apelaciones es el reconocimiento del perjuicio que ese acuerdo y el acta podrían causar a la UNT, puesto que la Casa de Estudios demanda que YMAD y Cerisola no tenían atribuciones para declarar la conclusión de la Ciudad Universitaria. Esa decisión judicial, que es preventiva y no se refiere al fondo del asunto, toca de lleno, casualmente, uno de los puntos por los que el mismo Cerisola está acusado y a la espera de juicio oral en la causa por presunta administración fraudulenta con los fondos mineros llegados entre 2006 y 2009 para obras en la Universidad.

La UNT tiene derechos mineros desde que el geólogo Peirano descubrió el yacimiento de Farallón Negro en Catamarca. En lugar de aprovechar los derechos que por ley le correspondían, se los cedió a la Universidad, que lo había enviado a hacer investigaciones geológicas en el NOA, y ahí comenzó la utopía de la universidad minera. Como nunca hubo plata para avanzar en cualquier proyecto minero, la UNT pasó los primeros años del legado peleándose con Catamarca, que pretendía quedarse con los derechos de explotación minera, hasta que en tiempos de Arturo Frondizi se acomodaron las peleas con la sanción de la ley 14.771, que creaba la empresa YMAD “con el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio”, y le asignaba un directorio compuesto por un presidente designado por la Nación, dos directores por Catamarca y dos directores por la UNT (art. 6).

Esto atemperó las rivalidades entre Catamarca y la UNT, pero no las eliminó: cada tanto vuelven a surgir, sobre todo porque el estado catamarqueño tiene clara su vocación minera y la UNT, en los últimos 15 años, ha entrado en conflictos éticos con respecto a su responsabilidad en la minería, actividad cuyos efectos contaminantes siempre han sido difíciles de controlar. Desde diciembre pasado, la UNT se encuentra en stand by con respecto a su responsabilidad minera. El Consejo Superior ha ordenado que se constituya una comisión que estudie estas responsabilidades -incluso si la UNT debería apartarse de YMAD- mientras Catamarca se prepara para avanzar todo lo posible con los proyectos mineros, con el presumible apoyo del Gobierno nacional.

En la última reunión de directorio de YMAD, cuando se aprobó la propuesta de avanzar con el proyecto de Agua Rica, los directores de la UNT se abstuvieron de participar, lo cual generó un escándalo en el Consejo Superior. En la actualidad, YMAD está compuesta por los dos directores de Catamarca, el presidente Fernando Jalil (que es también catamarqueño, es el hermano del gobernador Raúl Jalil) y los dos representantes de la UNT.

De regreso a la Ley 14.771, el artículo 18 establecía que las utilidades líquidas que dejaren los balances de YMAD debían repartirse un 60% para la provincia de Catamarca y que el 40% restante debía ser “destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados”. Y que una vez cumplida el propósito de la ciudad universitaria, ese 40% debía dividirse, quedando mitad para la UNT (sin destino específico) y mitad para la formación de un fondo nacional a distribuir entre las demás universidades del Estado.

Los perdidos $ 500 millones

Sobre este último punto (lo de mitad y mitad) se trabajó en el acuerdo de YMAD de 2007 y el acta del 2/01/08 con Cerisola. Como desde 2006 se estaban recibiendo utilidades de la producción de Minera Alumbrera, el rector hizo elaborar una especie de plan de obras con el área de Construcciones Universitarias y eso le sirvió para declarar que se trataba de los planos aprobados para la ciudad universitaria. Con el acuerdo y el acta recónditos, se podía cambiar el destino de los fondos que llegaban: un 50% para las otras universidades y el otro 50% para libre uso en la UNT.

Cerisola diría después que le presentó todas estas decisiones al Consejo Superior, pero lo cierto es que la Universidad abrió los ojos a lo que había ocurrido seis años después, en 2014, cuando el geólogo Florencio Aceñolaza, ex decano de Ciencias Naturales y ex delegado de la UNT en YMAD, dijo que la Universidad había dejado de percibir 500 millones de pesos por ese 50% que desde 2008 se estaba enviando a las otras universidades, con excepción de algunas que por pruritos éticos se negaron a recibir esos fondos.

Para 2014 ya Cerisola había terminado su gestión de ocho años y también se estaba agotando la catarata de fondos de la minería: la Alumbrera comenzaba el fin de esa mina e iniciaba una etapa distinta de explotación. Al mismo tiempo, Cerisola tenía encima la acusación por presuntos sobreprecios e irregularidades en varias obras, y presunta mala gestión en la colocación de fondos a plazo fijo. Todo eso, que involucra lo que se hizo con 353 millones de pesos que llegaron por regalías entre 2006 y 2009, espera juicio oral, en el que están acusados Cerisola y tres de sus ex funcionarios.

El proceso se iba a realizar este año, pero las 120 pericias pedidas por las defensas y la cuarentena lo van a empujar probablemente para el año que viene. El fiscal Pablo Camuña dice que había unos 10 juicios programados hasta junio que se postergaron y que considera complejo llevar adelante de forma virtual un juicio tan grande como este. El querellante por la UNT, Rodolfo Burgos, opina de modo similar. Cree que va a tener como mínimo un mes de audiencias, y mucho se perdería si lo hicieran de modo virtual, tipo zoom.

En la investigación que hizo el fiscal Carlos Brito y en la acusación que hizo el juez Fernando Poviña también se menciona el acta del 2/01/2008 e incluso se determina que debe investigarse si YMAD envió menos fondos que los que correspondían a la UNT. La Cámara de Apelaciones confirmó la acusación y además ordenó que se investigue por otro lado la responsabilidad de las empresas contratadas para las obras.

La vigencia del acta

Ahora bien, hasta ahora la validez y los efectos del acta de 2008 no han sido anulados. Cuando se le consultó al ex presidente de YMAD (estuvo hasta 2019), Santiago Albarracín al respecto, dijo desconocer el tema. Sólo el presidente del Consejo Interuniversitariuo Nacional (CIN), Guillermo Tamarit, diría en 2016 que habría que revisar qué hacer con los fondos que se había enviado a las otras universidades y que en este sentido sería importante una orden judicial de restitución.

¿Qué pasó con el acta? Cuando Aceñolaza hizo su denuncia, el Consejo Superior comenzó a investigar, pidió que se nombre un querellante (la UNT demoró dos años en nombrar a Diego Lammoglia, luego reemplazado por Burgos); formó una comisión especial sobre YMAD y en octubre de 2015 declaró que el acto administrativo del 2/01/08 era irregular porque Cerisola excedió su competencia estatuaria, y reivindicó el derecho de la UNT a percibir el 40% de las regalías para concluir la Ciudad Universitaria. El ex consejero superior Ricardo Cisneros -que critica la “ostensible lentitud” de las autoridades universitarias para avanzar en el caso YMAD- dice que después de eso hubo que insistir para que además se hiciera querella judicial, a fin de que se declarara nula el acta. Esto ocurrió en diciembre de 2016 en el Consejo Superior.

Con esa orden, Asuntos Jurídicos de la UNT llevó la querella en 2017 al juzgado Federal de Catamarca. El juez federal Miguel Ángel Contreras rechazó el pedido en junio de 2019, y ahora la Cámara Federal de Apelaciones ha planteado que, hasta que se defina la cuestión de fondo, cualquier dinero que llegue en concepto de regalías para la Universidad no debe ser enviado a otras casas de estudios sino que debe quedar depositado en el Juzgado Federal, el cual debe guardarlo como plazo fijo.

El final del juego está por verse. La lentitud con que ha avanzado el caso YMAD en la Universidad -y ahora los coletazos judiciales- va a determinar que sea difícil acomodar el entramado legal y de relaciones entre la UNT y el ente tripartito, y casi imposible lograr la restitución de dinero. Pero este fallo judicial es fundamental -dice Cisneros- porque ayuda a poner en vigencia nuevamente el legado de Peirano, el sueño-utopía de la ciudad universitaria.