Sedición policial: los secretos del plan de los "rebeldes azules"

Los habitantes de la provincia no se pueden olvidar aún de los saqueos de 2013. Las imágenes de hordas de delincuentes apoderándose de bienes y de la esperanza de muchos; la de vecinos desesperados armados hasta los dientes y de barricadas en todos lados, pasaron a formar parte de un pasado oscuro y doloroso. Entre el 8 y el 11 de diciembre Tucumán fue un infierno. Y el diablo, por culpa de un grupo, se vistió de azul. Fueron efectivos que se cruzaron de vereda. Pero esa historia no terminó de escribirse por una razón: los acusados de haber generado esta enorme tragedia, a pesar de que ya pasaron casi siete años, siguen sin ser juzgados. Una deuda, que la sociedad espera que se salde en estas tierras donde la impunidad sabe cada vez más de triunfos que de derrotas.

El caos generó al menos ocho muertes en el Gran San Miguel de Tucumán, aunque siempre se habló que podrían haber sido al menos el doble. Según la valuación de la Federación Económica de Tucumán, provocó pérdidas por unos $ 60 millones (en esos días eran unos U$S 6,4 millones) que hoy podrían ser nada menos que unos $ 420 millones teniendo en cuenta la cotización oficial de la moneda norteamericana. En ese informe, no se tuvo en cuenta los daños que sufrieron las cadenas nacionales de supermercados como Vea y Changomas que, en definitiva, fueron los más perjudicados.

Varios de sus locales debieron literalmente rearmarse para abrir la puerta. Y los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila fueron los que reconstruyeron los trágicos sucesos en una investigación inédita en los tribunales de la provincia. Fue una pesquisa complicada. Tuvieron que bucear en los turbulentos mares de la mala policía. Un trabajo que les costó recibir amenazas anónimas (fuerzas federales los custodiaron durante varias semanas) y campañas de desprestigios.

Una tarea que les dejó sensaciones diferentes. Por un lado, quedaron satisfechos al descubrir que los buenos hombres de la fuerza no tuvieron problemas en aportar todo tipo de datos y poner la cara y su voz para que los responsables sean procesados. Pero por otro lado, la amargura de saber que por el momento, al haber pasado siete años sin que la causa haya llegado a juicio, su trabajo fue en vano.

Los responsables

Los fiscales, en su teoría, que fue oficializada cuando pidieron la elevación a juicio de la causa en julio de 2014, procesaron a 46 personas. López Ávila y Giannoni se encargaron de diferenciar el rol que cumplieron cada uno de los imputados.

Por ejemplo, señalaron a 11 personas como los líderes de la revuelta. Acusaron al entonces jefe de Policía Jorge Racedo como responsable de no haber hecho lo suficiente para frenar la revuelta. Y por último identificaron a otros 24 sospechosos por haber tenido una activa participación en los sucesos.

Los fiscales señalaron a Diego Alberto Herrera, Ángel René Chaile y Miguel Ángel Toledo (estaban cesanteados de la fuerza); a Néstor Raúl Salinas y Luis Alberto Herrera (en situación de retiro obligatorio); Pablo Pedro Pérez (ya retirado); y los efectivos Walter Adrián García (seccional 10ª), Flavia María Belén Bedmar (comisaría de San Andrés), Sergio Omar Hogas (servicio 911) y Diego Darío Urquiza (comisaría de Lules) y el agente Federico Antonio Castro (seccional 5ª).

En la investigación surgió que este grupo venía reuniendose desde hace varios meses para presentarle una serie de reclamos al Gobierno. A través de la página de Facebook “Rebelde Azul” fueron sumando adherentes. También fueron unos adelantados al utilizar WhatsApp como medio seguro de comunicación. Durante semanas, según la pesquisa, se reunieron en distintos lugares para escribir el petitorio. Luego lo difundieron entre sus compañeros.

El petitorio tenía cuatro puntos clave: una recomposición salarial del 35%; la reincorporación de los efectivos que estuvieran cesanteados o puesto en disponibilidad por cuestiones judiciales (la mayoría de los líderes estaban en esa situación); la suspensión de la orden del cambio de uniforme y su uso obligatorio; y la remoción del ministro de Seguridad Jorge Gassenbauer y su secretario, Paul Hofer. En definitiva, fue una especie de Mayo Francés teñido de azul.

“Los imputados juntamente con otras personas vinculadas a la rama policial, bajo la excusa de obtener mejoras salariales, dividiéndose el rol que cada una desempeñaría, organizaron, pergeñaron y establecieron un plan común, el cual era tendiente a conformar un autoacuartelamiento policial que derivó en una sucesión de hechos de naturaleza criminal de enorme repercusión en la sociedad, promoviendo el caos generalizado en la población de nuestra provincia, con el único fin de lograr la obtención coactiva de beneficios por parte del Poder Ejecutivo provincial”, explicaron los fiscales al realizar una somera opinión sobre el origen del desastre.

El plan

El domingo 8 de diciembre, Toledo, Diego Herrera, Chaile y Hogas, comenzaron a convocar a sus compañeros en el estadio de All Boys. Esperaron un tiempo prudencial y al notar que se había reunido un número suficiente, iniciaron una especie de fase dos del plan: dirigirse a la Subjefatura de Policía, ubicada a pocas cuadras del lugar. “Ello no fue casual -como deslizan en sus manifestaciones algunos de los imputados tratando de deslindar responsabilidades- al contrario, fue preordenado y el inicio de un plan macabro que a continuación desarrollarían”, explicaron López Ávila y Giannoni en la investigación que dirigieron.

Esa dependencia policial era clave en la estructura de la fuerza. Esa era la base del recién surgido servicio 911. Allí, tres veces por día, llegaban los patrulleros para el recambio de personal. Lo primero que hicieron cuando llegaron al lugar fue prender cubiertas e impedir la entrada y salidas de los móviles. “Tuvieron la intención deliberada de anular todo el sistema de respuesta inmediata de la fuerza policial como resulta el sistema integrado del 911”, explicaron los investigadores.

Los revoltosos, que actuaban con el rostro cubierto con cascos o pasamontañas, sin uniforme, y varios de ellos en estado de ebriedad, decidieron acampar en la puerta de la Subjefatura. Esperaron un milagro que nunca sucedió: que se sumaran más compañeros a la medida. “La razón era simple. La mayoría de la gente no estaba de acuerdo con la medida porque sabía quiénes estaban al frente y que detrás de ellos había otras cuestiones que excedían la cuestión salarial”, sostuvo Víctor Nacuse, uno de los referentes que lideró la huelga de 2011. Las consecuencias de esa falla serían nefastas.

Tercera fase

“Estábamos jugados, no nos quedaba otra que endurecer la medida”, explicó J.A.M. un agente que participó del reclamo y que no fue identificado por la Justicia. “Los changos se pusieron duros y quisieron ir más lejos. Ahí se terminó de pudrir todo. En vez de sumar más gente, se produjo una especie de enfrentamiento con los otros compañeros. Yo, como muchos otros, cuando vimos la oportunidad, nos borramos”, agregó.

Los revoltosos tomaron dos drásticas medidas al comprobar que no habían logrado paralizar totalmente el servicio 911. Primero, a la fuerza, con golpes, insultos y hasta armas de fuego, ingresaron a la dependencia de la repartición. Amenazaron de muerte a los empleados que estaban allí, los corrieron y generaron daños en la radio. En otras palabras, dejaron sin sistemas de comunicación al servicio de emergencia. No les alcanzó con eso. Fueron más allá. Como si se trataran de verdaderos delincuentes, recorrieron las calles de la ciudad en busca de los efectivos leales que seguían prestando servicios. Grupos que circulaban en motos, en una especie de cacería, rodeaban a los móviles y, después de amenazarlos con armas de fuego, se los quitaban y los llevaban al lugar de concentración.

“No hubo muertos de milagros. Los jefes del 911 le habían recomendado a sus subalternos ciertos cuidados, pero que no resistieran porque la situación sería mucho más grave. Hubo golpeados, pero ningún herido. Eso se supo rápidamente”, indicó J.AM. “Esas situaciones generaron más rechazos todavía y los compañeros se pusieron del lado de la gente. Hubo muchos policías que, a pesar de todas las limitaciones que había generado la huelga, seguían en la calle”, agregó Nacusse en una entrevista con LA GACETA.

López Ávila y Giannoni coincidieron con los uniformados en el requerimiento a elevación a juicio. “Los coimputados conociendo el caos social generalizado, asumieron una posición activa, cooperando en la multiplicidad de hechos delictuales provocados en los saqueos, al retener móviles policiales e impedir en forma violenta la prestación de auxilio y prevención del personal policial. Cuando se conocieron los resultados, fueron indiferentes y lejos de deponer su actitud, aceptaron y prosiguieron en su actuar en detrimento de toda una ciudadanía abandonada a su suerte, convencidos quizás que tal circunstancia constituiría un elemento vital de presión al ejecutivo Provincial para obtener un beneficio económico”, razonaron. Todavía faltaba conocer los detalles más oscuros de este episodio.