Recelos por la decisión judicial de apuntar a los countries

Inquietud, preocupación, incertidumbre y hasta malestar. Propietarios e inquilinos de barrios cerrados o privados y countries tomaron con muchos interrogantes el requerimiento librado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) que ordena a los guardias de seguridad privada que constaten y denuncien a aquellos vecinos que realicen actividades recreativas, sociales, deportivas o alguna otra que no esté autorizada en el marco de la pandemia de coronavirus. El pedido fue realizado por el fiscal Carlos Picón.

El titular de la Cámara Tucumana de Empresas de Seguridad e Investigación, Víctor Aráoz, explicó en diálogo con LA GACETA PLAY que el fiscal Picón convocó el jueves a los representantes de empresas en este rubro para solicitarles su colaboración. “Es a los efectos de brindar de todo lo que se vea o detecte, e informar de manera directa al a Fiscalía, sea de noche o de día. Es nuestro deber y obligación informar toda novedad en la provincia, no sólo en los countries”, manifestó.

Quienes viven en este tipo de consorcios manifestaron su desacuerdo con los administradores y en grupos de Whatsapp ya que consideran que se están avanzando sobre su intimidad y cercenando libertades. Además, señalaron que no recibieron precisiones de la disposición del MPF, que encabeza Edmundo Jiménez.

Cruce radical

En el mismo sentido se expresó el diputado radical José Cano, quien se expresó en desacuerdo con la convocatoria efectuada por el fiscal. “Representa una burla al pueblo de Tucumán. No logra entenderse qué actividad ocupa las horas del fiscal que ha decidido entrometerse en la faz personal e íntima de las personas, y en el caso, motivada por la sola condición de residente de un barrio privado”, dijo el diputado.

En ese sentido, Cano le pidió al fiscal que deje de “perseguir a los ciudadanos que no cometen delitos, porque justamente ese no es su trabajo”, y enumeró hechos de inseguridad que se repiten en la provincia como motoarrebatos, femicidios, robos y excesos policiales. Aunque sin nombrarlo, hizo referencia al crimen del jornalero simoqueño Luis Espinoza.

Yerba Buena es el distrito tucumano con mayor cantidad de barrios cerrados o privados y countries. También es una de las ciudades que viene reclamando de manera pública al Comité Operativo de Emergencia (COE) mayor celeridad para flexibilizar la gastronomía, los deportes y las reuniones familiares, por razones económicas, de salud mental y emocional.

Oficios por dos

Hacia la “Ciudad Jardín” también apuntó el MPF. El jueves al mediodía hizo llegar un oficio al despacho del intendente Mariano Campero y otro al presidente del Concejo Deliberante, Rodolfo Aranda. A ambos se les requirió que informaran, en un lapso no superior a las seis horas, si el municipio autorizó flexibilizaciones recreativas.

El requerimiento, identificado como una actuación de oficio sobre infracciones a las normas de emergencia sanitaria, señalaba que por disposición de Picón, Fiscal de la Unidad de Emergencia Sanitaria de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos, y del MPF, Secretaría a cargo de Ricardo Garavano, se informe: “si existe alguna disposición, circular, decreto u ordenanza a nivel municipal que autorice a realizar actividades deportivas, reuniones sociales o recreativas en el Municipio de Yerba Buena (barrios cerrados, countries, barrios privados, consorcios o centros comerciales de la referida jurisdicción municipal)”. Además se incluyó un correo electrónico al cual responder en caso afirmativo.

En ambos casos, las autoridades municipales respondieron que no se emitieron resoluciones u ordenanzas que para realizar las actividades precisadas en el oficio.

Seguridad pública

Según trascendidos, en algunos consorcios privados se habrían estado realizando algunas caminatas recreativas (actividad que no fue habilitada por el COE). El fin de semana pasado en algunas redes sociales, como Instagram, se vieron algunas historias con fotos y videos de vecinos disfrutando del sol otoñal en calles internas u otros espacios comunes.

Como apreciación personal, Aráoz que es comisario inspector retirado de la Policía, consideró que la solicitud del fiscal, a cargo de la Unidad de Emergencia Sanitaria de Delitos Complejos, no viola las libertades de quienes viven en estos emprendimientos inmobiliarios. “No se está transgrediendo ninguna norma. Está la seguridad pública por encima de cualquier otra disposición, porque hace a la salud”, dijo. En ese sentido, recordó que en Tucumán no se puede salir a hacer gimnasia ni interactuar con los vecinos. No obstante, aseguró que hay un sector de la sociedad que transgrede las disposiciones sanitarias, provinciales y nacionales. “Conozco casas en distintas zonas donde hay cumpleaños, casamientos y esto no puede ser así. Tenemos que madurar, ser conscientes y responsables”, concluyó.