Asuntos pendientes

No importa cuánto nos empeñemos en postergar la resolución de algunos problemas. En algún momento, la realidad estalla frente a nosotros y puede ser de la peor manera. Esto es lo que parece estarle sucediendo al Gobierno provincial. Al comienzo, la pandemia por la enfermedad de covid-19 había eclipsado momentáneamente algunos asuntos urgentes y otros de larga data. Con el paso de los días y con la situación sanitaria más ordenada, los problemas postergados se precipitaron y resurgieron. El sistema de transporte público de pasajeros, la pobreza y la informalidad laboral y la violencia policial son sólo unos pocos, pero quedaron en primer plano cuando menos se lo esperaba.

El paro de colectivos más largo de la década supera ya los 15 días. El conflicto salarial por la falta de pago mantiene en vilo a los miles de tucumanos exceptuados del aislamiento obligatorio que deben rebuscársela para llegar a sus trabajos o bien, viajar por algún trámite o compra. Los empresarios del sector sostienen que es imposible seguir operando si no obtienen más ayuda estatal o facilidades para el acceso al crédito. Las arcas estatales, exhaustas por la situación económica y la coyuntura sanitaria, parecen contar con poco margen para esa asistencia. En la Legislatura provincial se avanzaría hacia la estatización o un sistema mixto, como el que rige en otros distritos. Este conflicto viene desde hace tiempo y la discusión respecto de qué hacer con el transporte se postergó y revivió, sin solución de fondo, sólo ante las eventuales huelgas que se sucedieron durante el 2019 y este año. Mañana habría una nueva reunión en el ámbito nacional entre las cámaras empresarias, representantes del gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para intentar resolver la cuestión. Por ahora el desenlace es incierto.

La pobreza y la informalidad laboral también quedaron subrayadas durante esta pandemia. Antes de que se desencadene, el 37% de los tucumanos estaba ya bajo la línea de pobreza y el trabajo en negro, en tanto, era una realidad para el 47% de los asalariados (los datos corresponden al Indec, del segundo semestre y del último cuatrimestre de 2019, respectivamente). Los organismos internacionales vienen advirtiendo respecto de que estos índices se profundizarán de manera alarmante para las economías más frágiles, como la del país.

La desigualdad se manifestó en Tucumán ante la gran expectativa que generó cada medida nacional para paliar la necesidad. Los esfuerzos estatales para contenerla quedaron insuficientes durante esta cuarentena y las autoridades esperan, sin embargo, que lo peor llegue cuando este estado excepcional concluya.

En el último punto, relacionado con la violencia policial, es necesario mirar hacia las instituciones, pero también hacia la sociedad. El brutal crimen del vecino de Simoca, Luis Espinoza, y el intento por desaparecer su cuerpo nos interpela a todos. Remite a las peores y más violentas épocas de la Policía local y de Tucumán. Organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales y políticas apuntan a que este crimen no es un hecho aislado,tal como afirman las autoridades. “La violencia institucional y, especialmente, la violencia policial no es sólo una denuncia, es un aparato del cual hacerse cargo, por eso existe la ley del Día de Lucha Contra la Violencia Institucional, por eso se crearon la Procuvin y diversas áreas que trabajan desde el mismo estado esta problemática, porque el estado reconoce su existencia, lo que significa que tiene la responsabilidad de ocuparse, pero antes, de reconocer que existe”, reclama un documento al que adhirieron más casi 600 agrupaciones de derechos humanos del país.

Cerraron una lista de casos con el nombre de Facundo Ferreira. Dos policías irán a juicio próximamente acusados de asesinar por la espalda al niño de 12 años en la zona del parque 9 de Julio.

Cualquier medida judicial o institucional que pueda tomarse parece insuficiente para reparar hechos de semejante gravedad. Tampoco ha pasado demasiado trascendente en la institución desde que esto ocurrió. En este punto la mirada se vuelve hacia todos, no solo a quienes no tomaron demasiadas decisiones, sino también hacia los que no nos indignamos, ni repudiamos ni reclamamos lo suficiente cuando empleados estatales mataron a un niño. No sólo eso. La familia denunció que los amenazaron e inclusive uno de los acusados siguió libre hasta que lo atraparon supuestamente robando una cartera.

Es mucho lo que tiene que cambiar y lo que se debe resolver para que después, los asuntos pendientes no estallen de la peor manera.