24 Mayo 2020
VÍCTIMA. Luis Espinoza
En 1985, en el Informe de la Comisión Investigadora de Violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura que aprobó la Legislatura por unanimidad, se formulaba una advertencia profética: la policía provincial, usada por los militares como instrumento de la represión ilegal, debía ser adaptada al nuevo pacto democrático que nacía en el país.
La policía de los grupos de tarea paramilitares, había hecho una norma de la violencia descontrolada, que rigió la conducta de emblemáticos jefes como el Tuerto Albornoz o el Malevo Ferreyra.
Esa tarea de depurar a la Policía Provincial de la herencia metodológica de la dictadura fue soslayada y el asesinato del trabajador rural Luis Espinoza vuelve a reactualizar este debate en el que como siempre, Tucumán atrasa.
La violencia descontrolada de la policía está asociada a la impunidad con que se ejerce.
Cuando una institución armada hace una práctica casi cotidiana de la violación a la normativa legal y constitucional, estamos en un serio problema. Pero mucho más lo estamos cuando el sistema tolera y se adapta a ese hecho.
Una gran cantidad de denuncias de procederes discrecionales y violentos de la fuerza se esconden o disimulan y no se investigan adecuadamente. En este caso, la muerte del joven y la indignada reacción de la familia rompieron el cerco de silencio e impunidad.
Protección corporativa
Si esa violencia descontrolada no es sancionada severamente, la impunidad es garantía de su reiteración.
Eso explica que dos de los policías incriminados, teniendo denuncias por tortura y apremios cuando pertenecían a Simoca, revistaran en la comisaría de Monteagudo como parte del protocolo no escrito de protección corporativa, en lugar de ser sancionados o apartados de la fuerza.
Así se explica también que solo uno de los dos policías que asesinaron a Facundo esté preso… pero por haber sustraído una cartera. El otro sigue en actividad como si nada hubiera pasado aun cuando está comprobado que actuó drogado durante la muerte del chico.
Pareciera que en la Policía es más grave robar una cartera que asesinar a un niño por la espalda.
Por eso suenan a discurso de oportunidad las manifestaciones del Secretario de Seguridad sobre lo sucedido.
Sin límites a los excesos
Está claro que la Policía carece de anticuerpos y protege corporativamente a quienes actúan mal, favorecida por un contexto político e institucional que le da impunidad.
Tampoco se puede soslayar la actuación de una Justicia desinteresada en poner límites a los excesos policiales, con magistrados poco activos en investigar denuncias de excesos policiales o tramitar correctamente habeas corpus por detenciones arbitrarias.
El sistema político tampoco ayuda. Desde hace más de una década existe una sentencia judicial declarando inconstitucional a la Ley de Contravenciones de la provincia que, sin embargo, se sigue aplicando sin que la Legislatura haya sancionado un nuevo régimen que preserve las libertades y garantías individuales.
Es menester pensar una policía integrada al sistema democrático, con un fuerte control civil sobre su actuación.
Es fundamental una Oficina de Asuntos Internos integrada por civiles que ejerza un real contralor sobre las denuncias de actuaciones ilegales por parte de policías porque está visto que el cuerpo es incapaz de investigarse a sí mismo.
Aún permanece en las penumbras la confusa trama de diciembre de 2013 de rebelión policial y saqueos generalizados.
Construir una provincia moderna, decente y progresista es el imperativo y el debate sobre el rol de la Policía y un nuevo concepto de seguridad democrática es impostergable.
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