La seguridad, en sala de espera

Toda la parafernalia preparada para largar la ley antimotochorros quedó trunca con la desbandada legislativa para asistir al encuentro del Presidente. Se fueron sin culpas, porque hay cierta confianza oficial en que el proyecto, que venía siendo sometido a cambios, será aprobado sin problemas el miércoles, pese a que la oposición tiene fuertes objeciones. Es que el gobernador Juan Manzur le dio su apoyo y también, como dijo el legislador Gerónimo Vargas Aignasse (impulsor de la propuesta), el Ministerio Público Fiscal tiene participación en esta iniciativa.

Está claro el concepto en cuanto al problema: el motoarrebato es la “plaga” de inseguridad urbana (y rural) de estos tiempos. Es un tormento no sólo para mujeres, adolescentes y adultos mayores, sino que casi podría decirse que cada ciudadano ha sufrido en carne propia el arrebato o conoce gente que lo ha padecido. Por ello el proyecto genera gran interés.

Otra cosa es saber si dará resultado la salida frente a la “plaga”. En primer lugar están las dudas que genera el hecho de que se hayan ido haciendo cambios desde que fue lanzada. Vargas Aignasse dice que se trata de una propuesta abierta a sugerencias. Pero otro asunto sería que no haya sido bien masticada antes de su lanzamiento: la oposición que ha generado entre empresarios y trabajadores de estaciones de servicio -que se niegan a que les encajen la responsabilidad de castigar a los infractores- parece mostrar esta aparente carencia de estudio minucioso.

Lo que sí parece concreto es la estadística: según fuentes judiciales, el 90% de los 5.900 delitos contra la propiedad denunciados en 2019 ha tenido como vector la moto. Y una alta proporción fue cometida por dos hombres en moto, razón por la cual cuajaría la prohibición de que circulen los “dos masculinos mayores” las 24 horas, con excepciones. Además, es cierto que hay una injerencia fuerte del Ministerio Público Fiscal, que desde hace tiempo viene ejerciendo una suerte de Ministerio de Seguridad paralelo y que aportaría personal y vehículos para los operativos móviles que se proyectan.

Pero no se puede saber si la Policía, tal como funciona, podrá combatir el motoarrebato. Ya se cuestiona que la idea de que la fuerza dé permisos para circular signifique engordar la caja policial. También se mira con suspicacia el hecho de que multar a infractores pueda llevar a la tentación de cometer irregularidades.

Hay una falta de control sobre la Policía que está horrorosamente patente con el escándalo de abuso criminal que involucra a agentes de Monteagudo con la muerte del trabajador rural Luis Espinoza. ¿Qué clase de fuerza es la que combate el delito? Tendrían que esclarecer la desvergüenza antes de aprobar la ley.