Manzur se suma al reclamo para que la Legislatura apruebe la Ley Micaela

En la próxima sesión, la Legislatura tratará la adhesión a la ley nacional "Micaela", que dispone la capacitación obligatoria en materia de género entre los agentes de los tres poderes del Estado. En medio de la polémica por los dichos de legisladores del bussismo y del alfarismo sobre una presunta "ideologización" de la norma federal, el gobernador Juan Manzur expresó cuál es su postura.

"Somos conscientes de la grave situación de violencia e inequidad de género que se vive en toda la Argentina, y que se ha acrecentado en estos tiempos inéditos que nos atraviesan", indicó el jefe del Poder Ejecutivo, en alusión a los casos registrados en el ámbito doméstico durante el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

En ese contexto, Manzur fue categórico: "como gobernador quiero expresar todo mi apoyo para que Tucumán adhiera a la Ley Micaela".

Otras voces sobre la polémica

El debate gira en torno a si la Legislatura debe sancionar una adhesión lista y llana al texto aprobado por el Congreso en 2018, o si el cuerpo legislativo provincial debe elaborar un programa propio, como proponen en Fuerza Republicana y en el Partido por la Justicia Social.

Los legisladores Federico Masso (Libres del Sur) y José Ricardo Ascárate (UCR) tomaron distancia del resto de sus colegas de la oposición. El primero de ellos, en especial, cargó con dureza contra sus pares republicanos. "El legislador Ricardo Bussi es el perfecto ejemplo de la necesidad de adherir a la Ley Micaela para capacitar a funcionarios y agentes del Estado en violencia de género. La ignorancia del tema es la que hace imperiosa la adhesión para que podamos diferenciar un asesinato de un femicidio", señaló Masso. Y siempre refiriéndose al líder de FR, agregó: "este ignorante se opone a adhesión a la Ley Micaela en su mirada retrógrada e hipócrita; le duele la realidad de la diversidad y, por ende, los derechos consagrados en leyes que apuntan a la inclusión por encima de la discriminación".

El dirigente Luciano Chincarini, del Movimiento Evita Tucumán, también se manifestó al respecto. "Repudiamos a los legisladores y funcionarios de la Legislatura que vienen trabajando para impedir que en Tucumán se materialice la adhesión a la 'Ley Micaela'. Estamos absolutamente convencidos que esto, además de ser una maniobra para evitar la implementación de una capacitación tan necesaria para prevenir el avance de la violencia contra las mujeres, es una operación política orquestada por un grupo de legisladores orientada a que nuestro gobernador pague un elevado costo político nacional por ser la última provincia en discutir, a instancias parlamentarias, la adhesión a esta ley que lleva el nombre de nuestra compañera militante del Movimiento Evita", indicó Chiancarini, en alusión a Micaela García, la joven asesinada cuyo caso le dio nombre a la normativa nacional.