10 Mayo 2020
La Justicia declaró nuevamente la legitimidad y la legalidad de las aprehensiones de personas por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la provincia. El juez de Instrucción II, Facundo Maggio, ratificó las medidas, al rechazar un habeas corpus preventivo colectivo de la ONG Andhes durante una audiencia virtual.
La organización no gubernamental había promovido la acción procesal a favor a las personas detenidas y aprehendidas en los operativos, o detenidas en procedimientos por contravenciones. Además, planteó que los controles se realizaban bajo un “criterio de selectividad” por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio de Seguridad, entre otros cuestionamientos.
En sus fundamentos, el magistrado sostuvo que en los controles, promovidos por los decretos presidencial y provincial en el marco de la pandemia, no se observaba una amenaza ilegal de la libertad o la vulnerabilidad de los ciudadanos.
“Por segunda vez se declara la legalidad y legitimidad de las más de 5.200 aprehensiones del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo al programa “Nadie en las calles” diseñando por el ministro Edmundo Jiménez”, explicó Carlos Picón, a cargo de la Fiscalía de Enfermedades Sanitarias.
“Se demostró con casos concretos que no eran aprehensiones selectivas. No se recurrió a medidas sobre un determinado sector social, ya que también se establecieron sobre conductas de hijos de empresarios, amigos de jueces, funcionarios públicos o médicos conocidos”, añadió.
Maggio había rechazado semanas atrás una acción del abogado Guillermo Petros en contra de las “amenazas de privación de la libertad ambulatoria” por parte de la Policía provincial, durante el período de cuarentena. Entre otros puntos, el letrado había basado su planteo en un video que mostraba a agentes maltratando a una persona mayor para detenerla, presuntamente, por haber violado el aislamiento social.
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