Por Rodolfo Casen
05 Mayo 2020
RUTA 307. El tránsito está bloqueado y es imposible llegar a los Valles. FOTOS LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Representantes de las comunidades indígenas de los valles retornaron a la ruta 307, integrados a la tarea de control de tránsito que ahora ejercen con la Policía, el municipio de Tafí del Valle y las comunas de El Mollar y Santa Lucía.
La participación de los originarios se concreta mediante un acuerdo de colaboración que rubricaron el domingo los Ministerios de Seguridad y del Interior en el marco del Comité de Emergencia (COE). Este organismo fue creado por el Gobierno para la coordinación de acciones tendientes a evitar la propagación de la Covid-19.
"Estoy molesta porque lo que ahora recién se hizo se tendría que haber formalizado antes de que la Justicia nos atropellara. Yo no tendría que estar ahora detenida en casa con tres policías y mis otros hermanos, tampoco. El Gobierno se ausentó en su momento y quedamos solos”, dijo, molesta, la cacica Margarita Mamaní en declaraciones telefónica a LA GACETA. “Así las cosas, me considero una presa política. No hay razones para estar privada de mi libertad”, remató.
El convenio de colaboración entre los ministerios gubernamentales se formalizó durante una reunión realizada en la casa del cacique Santos Pastrana de Tafí del Valle. Se la organizó luego de los graves incidentes que se generaron durante el desalojo que, por orden judicial, ejecutó la Policía en el puesto de control ubicado en cercanías del puente Mendilaharzu, por la 307. Ahí unas 13 personas resultaron lesionadas con balas de gomas y dos fueron aprehendidas.
Los controles instalados en Las Mesadas (Santa Lucía) y en proximidades del puente Mendilaharzu tienen el objetivo de evitar el ingreso o la circulación en los valles de toda persona que no resida en la zona y obligada por ley a cumplir el aislamiento social obligatorio en su domicilio.
Hasta el sábado, al frente del control estaban originarios liderados por la cacica Mamaní. Fue el juez penal de Monteros Mario Velazquez quien dispuso que el puesto de control fuera desalojado por la fuerza pública. Durante la violenta arremetida de los uniformados fueron detenidos los comuneros Antonio Alvarez y César Monasterio.
Mamaní, que fue la primera en ser detenida antes de los incidentes, y los dos hombres cumplen ahora prisión domiciliaria. El magistrado, al ordenar la medida, consideró que la cacica ejercía arbitrariamente una función propia del Estado y en consecuencia el puesto debía ser desalojado y ella, aprehendida.
“Podían participar”
El secretario del Interior de Grandes Comunas, Luis Campos, confirmó el reforzamiento de los controles en los puestos de Las Mesadas y en proximidades del puente Mendilaharzu. Y aclaró que si bien las comunidades podían y pueden participar en los controles de acceso a los valles, siempre lo tienen que hacer a modo de colaboración del intendente de Tafí del Valle o del comisionado de la comuna de El Mollar. Insistió en que la responsabilidad siempre tiene que ser de los jefes comunales por cuestiones jurídicas y de seguridad.
“Los intendentes están facultados a integrar a la comunidad en los controles. Pero nunca delegar responsabilidades propias de ellos”, apuntó. Esa cuestión, según reveló, se la puso en conocimiento de Francisco Caliva.
Campos precisó que en el puesto de Santa Lucía la comuna y la policía también integraron a representantes comunitarios, los que le imprimen mayor rigor al control. “En el de Tafí del Valle están incorporados miembros de la comunidad local y de El Mollar. O sea que la situación se mantiene como antes del incidente, pero ahora dentro de un marco de trabajo más ordenado y riguroso”, apuntó el funcionario.
El domingo, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, reivindicó la tarea de control de circulación que venían realizando las comunidades originarias, integradas a la Policía. “La ruta nunca estuvo cortada. Nos hemos integrado con parte de la comunidad a fin de que nos acompañe en la información y nos brinde precisiones de las personas que viven ahí. Se trató de llevar adelante un control fuerte y efectivo de la medida de aislamiento vigente”, sostuvo.
Pero en el control en cuestión, Caliva y el comisionado comunal de El Mollar, Jorge Cruz, no asumieron responsabilidades directas en el puesto. Recién lo hicieron ahora a través del convenio firmado entre los ministerios de Seguridad y del Interior.
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