El juez dijo que tenía elementos para el desalojo de la cacica Mamaní

El juez de Instrucción en lo penal de Monteros, Mario Velázquez, remarcó que están acreditados los elementos de sospecha necesarios por los que ordenó el desalojo de la ruta provincial 307 y la detención de la dirigente indigenista Margarita Mamaní, acusada penalmente de violar medidas contra epidemias, usurpación de autoridad y entorpecer el tránsito vehicular.

El magistrado -en diálogo con LA GACETA- sostuvo que, en el marco de la investigación penal, el Ministerio Público Fiscal (MPF) reunió los elementos suficientes antes de requerir las medidas coercitivas, que se ordenaron el martes 28 de abril y se concretaron el sábado 2 de mayo en medio de algunos incidentes. “La verdad que las imágenes de todo lo que sucedió y decir que la ruta no estaba cortada, realmente no sé a qué lo pueden atribuir”, expresó.

Desde el jueves 19 de marzo, integrantes de la una comunidad indígena habían montado un puesto de control en proximidades del puente Mendilaharzu, por la ruta 307, con el fin de impedir el ingreso de personas que no estuvieran domiciliadas en los valles y que pudieran representar un riesgo de propagación de la covid-19.

Requerimiento

Velázquez relató que la investigación llegó a sus manos el 28 de abril por la tarde con el requerimiento fiscal. Que en ese momento la causa contaba con una serie de testimonios de ciudadanos afectados y un acta efectuada por un funcionario de la Justicia que fue hasta el bloqueo para constatar la autoridad a cargo, y que le informaron que era la cacica Mamaní.

El magistrado señaló que ese mismo 28 notificó a la ahora imputada y ordenó la medida en conjunto con fuerzas locales y federales. Y que al día siguiente, Mamaní se resistió a la detención ya que sólo concurrió personal de Infantería de la Policía de Tucumán que se vio superado en el número. “Hay imágenes y videos viralizados. Y si en ese lugar no había un corte de ruta. No sé cómo podés decir hoy que la ruta nunca estuvo cortada”, insistió, aunque aclaró que su intención no es polemizar.

Durante el tiempo que el tiempo que estuvo en el puesto de control, Mamaní recibió el respaldo de autoridades del Municipio de Tafí del Valle, al mando de Francisco Caliva, y de funcionarios del Poder Ejecutivo. Incluso el domingo, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, reivindicó el rol de “colaboradores de la Policía” que venían teniendo los comuneros. “La ruta nunca estuvo cortada. Nos hemos integrado con parte de la comunidad a fin de que nos acompañe en la información y nos brinde precisiones de las personas que viven aquí. Se trató de llevar adelante un control fuerte y efectivo en la medida de aislamiento vigente”, había dicho luego de firmar un acuerdo de colaboración en el marco de las medidas que instrumenta el Comité de Emergencia de la provincia (COE).

Cumplir la Constitución

El juez del Centro Judicial de Monteros, en tanto, recalcó que Mamaní no forma parte del personal exceptuado de la cuarentena que fue incluido en el decreto presidencial firmado por Alberto Fernández ni tiene la potestad de autoridad de control. Sin embargo reconoció que la participación de los particulares en al autoprotección podría haber tenido algún justificativo antes de que se decretara el aislamiento obligatorio debido a que miles de argentinos salieron a las rutas para trasladarse a lugares de veraneo. “Tafí del Valle no fue la excepción porque es nuestro centro turístico por excelencia”, indicó.

En ese sentido, Velázquez recalcó que lo que se cumpla con la Constitución. “Es la norma que los jueces tenemos que respetar y también los ciudadanos que viven dentro de esta sociedad, porque la Constitución es un contrato social donde se establecen los derechos y obligaciones, el modelo de país, el modelo de provincia, cuáles son las garantías y los derechos que rigen tu vida y la mía”, señaló.

Detención domiciliaria

En cuanto a la imputada, el magistrado informó que Mamaní se encuentra detenida en su domicilio con una consigna policial. Además, indicó que el domingo la imputada prestó declaración ante la Justicia (se informa por separado). Señaló también que su Juzgado no recibió ningún requerimiento en esa causa hasta ayer, y que se están aportando testimonios dado que la investigación es incipiente.

Durante el desalojo también habían sido aprehendidos los comuneros César Monasterio y Antonio Álvarez, imputados por lesiones leves. El domingo a última hora el MPF resolvió la detención a cumplir bajo modalidad domiciliaria con consigna policial. El juez explicó que se dispuso esta medida dado estas personas habían incumplido la cuarentena y que no podían ser introducidos en lugares donde hay otras personas privadas de su liberad sin contacto con gente de afuera.