La imagen del presunto documento oficial comenzó a circular por las redes sociales y en grupos de Whatsapp durante los últimos días. En apariencia, el supuesto proyecto de ley llevaba el membrete oficial del Poder Legislativo de Tucumán y las firmas estampadas del vicegobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Gobierno y Seguridad, Regino Amado. El texto publicado detallaba que se debía revisar la situación de aquellos ciudadanos que se encuentran detenidos en la provincia por delitos leves y de los presos que pertenecen a grupos de riesgo o que tienen hijos menores a cargo. Además, concedía de manera “excepcional” el beneficio de la prisión domiciliaria o la morigeración de las penas.
La publicación descripta fue el origen de una información falsa. El de las supuestas excarcelaciones en el país es, precisamente, el asunto que abonó grietas sociales y que generó por estos días debates y angustia en una sociedad que ya está sensibilizada por el aislamiento obligatorio y por la inseguridad.
En Tucumán, la polémica fue tierra fértil para que el proyecto trucho fuera mínimamente creíble y la indignación prosperara.
Amado, segunda autoridad de la Cámara, tuvo que salir a aclarar la versión. Pero fue más allá y afirmó que veía una mano política detrás. Este tipo de acusación no es aislada. Desde las elecciones de 2015 en adelante, poco a poco, los límites y los “códigos” parecen haberse ido corriendo entre la dirigencia local. El pronóstico de los dirigentes de distintos sectores de la oposición y del oficialismo es preocupante porque promete campañas cada vez más ásperas.
¿Y el límite?
En el medio de una interna incipiente dentro del oficialismo provincial, los fantasmas sobrevuelan por los despachos del Ejecutivo y del Legislativo. En este caso de muestra y en otros tantos, nadie tiene la certeza absoluta de dónde provino el texto falso relacionado con la coyuntura nacional, pero muchos coinciden con Amado en que se trató de una jugada política. Tanto Jaldo como el parlamentario monterizo tuvieron que desmentir la información. Algunos indicios daban cuenta de que la información era falaz. La estructura del texto no es la habitual para una iniciativa parlamentaria; incluye una mezcolanza de atribuciones que exceden a los poderes Ejecutivo y Legislativo y, además, Amado desde el año pasado ya no es ministro sino legislador. Hubo, sin embargo, usuarios y ciudadanos que repudiaron a los supuestos firmantes. Incluso circuló una imagen de Amado, responsabilizándolo de los robos y asesinatos que se produzcan y convocando a un cacerolazo para esta semana.
Esta publicación forma parte de una serie de episodios que se vienen dando y que involucran, en estas ocasiones, a dirigentes de diferentes espacios del oficialismo. El mes pasado, el que denunció públicamente en LA GACETA una campaña en su contra por parte de personas vinculadas a la política tucumana fue el propio vicegobernador, luego de que trascendiera en el ámbito nacional la controversia porque en el recinto se usaron máscaras de protección que habían sido donadas a un sanatorio.
Basadas en operaciones o en desaciertos, las campañas que exceden lo político no son una novedad por estas tierras, pero fueron in crescendo y cada vez levantan temperatura más temprano. En 2015 ya se habían visto algunos atisbos de lo que vendría en 2019. El tramo final antes de la última elección para cargos provinciales había mostrado la peor cara de la dirigencia local. La difusión de imágenes, audios y denuncias, muchas relacionadas con el fuero íntimo, superó todo lo que se había visto en los últimos tiempos. Faltan tres años para los próximos comicios y las previsiones de los políticos de distintas extracciones marcan que parece no haber límites.