Poder Judicial: un acta asigna más anomalías al “pro” Vallejo

Un acta labrada el 30 de noviembre de 2012 incrementa las dudas sobre el comportamiento de Alejandro Vallejo, el prosecretario judicial que amenazó a su portero con que “iba a hacerle armar una causa penal”. Ese documento consigna que una usuaria de los servicios gratuitos de la Defensoría Oficial Civil, Comercial y del Trabajo N°1 de la capital denunció al funcionario por “mandarle mensajes de alto contenido sexual”, y requerirle “diferentes prácticas sexuales” y la confección de dos camisas. “Vallejo no conocía nada de esto. Hay que investigar todo”, dijo Mario Leiva Haro, abogado defensor del “pro”, quien afronta una causa penal por la intimidación, y un sumario administrativo atinente a aquel hecho y a sus inasistencias reiteradas (se informa por separado). 

La denunciante (el nombre queda reservado por la índole de los sucesos que relató) había acudido a la Defensoría con motivo de un conflicto de familia. Según dijo, Vallejo tenía a su cargo la procuración y el seguimiento de su juicio. “Manifiesta que el primer día que concurrió a este Ministerio Público, el procurador comenzó a mandarle mensajes de texto de alto contenido sexual y le requirió diferentes prácticas sexuales a las que ella jamás accedió por lo que infirió que su causa no avanzaba por esa razón”, expresa el documento. Y añade: “igualmente al tomar conocimiento Vallejo que la madre de la denunciante cosía, se apersonó en su domicilio para solicitarle que le confeccionara dos camisas con logos bordados porque expresó que corría carreras (de automóviles). Asimismo, pidió que ese trabajo sea realizado en una semana porque debían estar listas antes de la competencia. Pero, cuando se le cobró $ 100, este no pagó nada e indicó que ese trabajo no tenía ese costo”.

Al momento de la elaboración del acta, Vallejo ya no formaba parte de la Defensoría N°1 a cargo de Gerardo Tomás: dos meses antes, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán lo había traslado a la Defensoría de Menores e Incapaces N°2. Allí se desempeñaba Vallejo cuando, casi tres años después, los vocales Antonio Gandur (fallecido), René Goane (jubilado), Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse lo sancionaron con 45 días de suspensión sin goce de sueldo a instancias de la jueza Rossana Martínez. Según la Acordada 718/15, Vallejo entregó a una niña a la que debía cuidar a las adultas que se fugaron con aquella (por este tema, la Justicia penal sobreseyó al “pro”). Tras ese sumario, la Corte trasladó otras cuatro veces al funcionario. El último movimiento acaeció en marzo, luego de que la jueza correccional N°2, Isolina Apas Pérez de Nucci, y la secretaria Solange Marteau informaran a los vocales que el prosecretario no se presentaba a trabajar.

El acta a la que accedió LA GACETA indica la existencia de dos ejemplares del mismo tenor. En el registro público de acordadas de la Corte no surge que haya habido actuaciones oficiales por este asunto -en ese momento, la superintendencia del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa estaba bajo la órbita del alto tribunal-. La investigación de los supuestos delitos ventilados en el instrumento de 2012 no prescribió puesto que, durante todo este tiempo, Vallejo mantuvo la condición de funcionario estatal, circunstancia que suspende el cómputo del plazo para la extinción de la acción penal.