Una profesión que en ese tiempo era considerada de riesgo

Las desapariciones de Claudio Pereyra y de Carlos Salazar no llamaron la atención de los tucumanos que estaban acostumbrados a leer que los remiseros eran víctimas o victimarios de diferentes delitos. Sígeneró inquietud en la Policía. Personal de la ex Brigada de Investigaciones, al mando del comisario Alfredo Jiménez, formó un equipo especial para tratar de esclarecer ambos hechos. Los comisarios Víctor Reinoso y Luis Núñez habían sido designados para llevar adelante esa tarea.

En esos años, los remises inundaban las calles. Ese sistema de transporte público de pasajeros, al no estar regulado, se había transformado en caótico. Cualquier persona con un vehículo (con o sin trabajo fijo) le ponía una cinta en la antena de cualquier auto o encendía las balizas y brindaba el servicio. Por la informalidad, también se transformó en una actividad de sumo riesgo. Entre 1997 y febrero de 2004, al menos 17 conductores fueron asesinados en asaltos. Las escenas se repetían cada vez que mataban a un chofer en un asalto; se realizaban protestas, organizadas por la Agrupación de Remiseros Unidos de Tucumán (Arut), que era liderada por María Jesús Rivero, pareja de Rubén “La Chancha” Ale, propietario de Cinco Estrellas, la remisería más grande de la provincia. Ambos fueron condenados años después por la Justicia Federal, por formar parte de una organización que se dedicó a lavar activos provenientes de diferentes delitos. Y esa empresa fue una de las herramientas que utilizaron para cometer ese ilícito.

El descontrol llegó a su fin con otro caso que conmocionó a los tucumanos: el de Paulina Lebbos, ocurrido en 2006 y que hasta el momento continúa impune. La joven fue vista por última vez en un remise Fiat Duna bordó que no estaba registrado en ningún lado y tampoco nunca se supo quién lo conducía. Por ese motivo se creó el Sutrappa, que sepultó definitivamente el servicio caótico de remises.

Pero hubo un caso que marcó un antes y un después. No sólo por ser el primero, sino por cómo se investigó y por las consecuencias que trajo. El 6 de enero de 1997 el remisero Luis Alberto Cisterna estaba trabajando con un automóvil Peugeot 504. En esa madrugada, dos jóvenes subieron a su auto y, luego de torturarlo, lo mataron para robarle la recaudación. La madre del remisero, Olga Rivadeneira, se puso el traje de investigadora y trabajó incansablemente a la par de los policías para que se detuviera a los autores del crimen. Primero fue detenido Alberto “Pelusa” Tolosa y, varios años después, José Martín “El Negro Yela” Mansilla. En diferentes juicios ambos fueron condenados a prisión perpetua.

La Justicia comenzó a tomar todo tipo de recaudos a la hora de investigar los crímenes de los remiseros por otras circunstancias. El 12 de agosto de 2005 –cinco años después de haber sido condenado- Tolosa, aprovechándose de un permiso especial para visitar a su familia, se escapó. Fue recapturado seis meses después en las inmediaciones de la ruta 307 que lleva a Tafí del Valle. La camarista Alicia Freidenberg, quien había autorizado la salida de “Pelusa”, fue destituida de su cargo en un juicio político, pero volvió a ocupar su cargo cuatro años después por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

La fiscala Adriana Reinoso Cuello fue muy cauta al dar cada paso en la investigación. Confió el trabajo más duro en los comisarios Reinoso y Núñez, que en esos tiempos dirigían la división Seguridad Personal, que luego pasaría a llamarse división Homicidios, también creada a partir del caso Lebbos.

La investigadora, que tenía poca experiencia en el cargo, se jugó al convalidar la detención de Conti por la desaparición de Pereyra. Y se la jugó no sólo porque aún no se sabía qué había sucedido con Pereyra, sino porque sospechaba de un joven sin antecedentes penales y que, por su situación personal, no tenía motivos para matar a un remisero para robarle el auto y quedarse con la recaudación. El tiempo le terminaría dando la razón.