La voz de las víctimas es muy poco escuchada

En estos tiempos de pandemia, donde todo es más difícil, las víctimas se están haciendo escuchar. Sin embargo, en los últimos días quedó demostrado que sus pedidos desesperados no son escuchados por las autoridades que deberían velar por su protección.

Por la cuarentena, en distintas oficinas judiciales se recibió una avalancha de pedidos para que a procesados y penados se les otorgue el arresto domiciliario por tratarse de personas que están dentro del grupo de riesgo. Oficialmente se informó que fueron casi 60 los reos a los que se les concedió el pedido, y representan menos del 25% de todas las solicitudes presentadas. Se encuentran en sus casas con sistemas de monitoreo electrónico.

Estas medidas están ajustadas a derecho, pero en la mayoría de los casos no se tuvo en cuenta a las víctimas, tal como lo estipula la Ley 27.732. “Las víctimas deben ser informadas sobre todos los cambios que se realizan en la modalidad de su detención. Y eso no está sucediendo en Tucumán”, señaló Alberto Lebbos, un referente a nivel nacional en la lucha para que se respete los derechos de las personas que sufrieron un delito, o sus familiares. El padre la joven que fue asesinada en 2006 pedirá que se haga cumplir con la norma, como ya lo hicieron la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires y el Procurador General de la Nación. Ponderó además el criterio que está utilizando la jueza de Ejecución y Sentencias Alicia Merched de Concepción. La magistrada sólo otorgó arresto domiciliario a los penados que están muy cerca de cumplir con su condena y que ya estaban reinsertándose al mundo laboral. En los casos de delitos más graves, especialmente abusos sexuales, pidió la opinión a las víctimas. Una, por ejemplo, dijo que sí siempre y cuando se le otorgue medidas de protección para ella. Resolvió entonces concederle la medida cuando le confirmaron que estaría encerrado en una casa de Yerba Buena, a decenas de kilómetros de la mujer a la que atacó. Por otra parte, en una audiencia virtual realizada el martes, Merched denegó un pedido de un condenado porque la víctima se negó. La jueza se amparó en la Ley 27.732 y en los lineamentos de la Convención de Belem do Pará de 1994 donde se consagró la protección de las mujeres que sufrieron violencia.

En el marco del aislamiento preventivo obligatorio, las víctimas de violencia de género también están alzando su voz. Piden ayuda de manera desesperada. En ese marco, las posibles soluciones fueron apareciendo con el correr del día. El titular de las fiscalías especializadas en este tipo de delito Ignacio López Bustos, junto a representantes de otros organismos, habilitó líneas de teléfono para recibir las denuncias. En los primeros 10 días de haberse puesto en funcionamiento, se recibieron 500 demandas (alrededor de 50 por día) fue un síntoma de la gravedad de la ya llamada la otra “pandemia”. Y el diagnóstico fue peor aún: por día se detiene a dos acusados y se libran al menos 15 medidas de protección (prohibición de acercamiento y exclusión de acercamiento).

Las organizaciones que asisten a las personas que sufren de este tipo de violencia festejaron el lanzamiento de estas herramientas, pero advirtieron que no son suficientes, sino que se necesita de manera urgente la apertura de refugios para que las mujeres puedan alojarse para salvar sus vidas y las de sus hijos. “Necesitamos que haya un lugar donde ellas sepan que estarán protegidas”, señaló Vicky Disatnick, haciendo suya las voces de las víctimas de la violencia de género.