Por estar dentro del grupo de riesgo, a casi 60 presos se les otorgó arresto domiciliario

“No nos oponemos a que por la emergencia sanitaria se les otorgue el arresto domiciliario, sino que se cumpla con la Ley. Y en este caso, tiene que ver con la que asiste a las víctimas”, dijo Alberto Lebbos, padre de Paulina, la joven que fue asesinada en febrero de 2006 y cuyo crimen aún está impune. El referente a nivel nacional de entidades que luchan contra la impunidad solicitó al Estado, especialmente al Poder Judicial, que active todos los mecanismos para proteger a las víctimas.

“La Ley 23.732 que habla de los derechos de las víctimas o de sus familiares es muy clara. Las personas deben ser informadas sobre cada cambio de modalidad de detención. Y eso no está sucediendo. La gente tiene miedo porque no sabe qué les puede pasar. Hasta Sergio Massa señaló que los jueces que no cumplen con esta norma afrontarán un juicio político”, indicó Lebbos.

Desde que se declaró la cuarentena, hace ya más de un mes, fueron al menos 56 los penados y procesados a los que se les otorgó el arresto domiciliario por estar dentro del grupo de riesgo. Se incorporó a esta lista a los reos que sean mayores a 60 años, a los que sufran alguna enfermedad crónica y a los inmunodeprimidos. Según la información a la que tuvo acceso LA GACETA, fueron 43 a los que la justicia ordinaria les otorgó esta medida, y en los casos de los otros 15, fueron medidas dictadas por el fuero federal.

A cada uno de los beneficiados con la medida se le colocó una tobillera para vigilar el cumplimiento. Sólo dos de los 38 que salieron de las unidades penitenciarias de la provincia cuentan con custodia policial, puesto que los instrumentos que se les destinó estaban siendo reparados. No trascendió con cuántos de esos elementos cuenta la provincia. “Tenemos, pero también se están utilizando muchos en los casos de violencia de género. Puede haber un problema”, explicó una fuente del Ministerio de Seguridad.

En el caso de los tribunales locales, se les otorgó el arresto domiciliario a unos 34 penados, mientras que los nueve restantes son procesados. Al menos 35 fueron resueltos por los juzgados de Ejecución y Sentencia de la Capital y de Concepción; cinco por el juzgado de Facundo Maggio; uno por el juzgado de Menores de Banda del Río Salí y dos por salas penales. Se les otorgó a esta medida a 12 condenados por homicidio, nueve por robos, siete por abusos sexuales, cuatro por homicidios culposos (accidentes), cuatro por tentativa de homicidio y dos por lesiones.

Diferentes criterios

No todos los magistrados tomaron el mismo criterio a la hora de otorgar los arrestos domiciliarios. La jueza de Ejecución y Sentencias de Concepción, Alicia Merched, resolvió esta medida a los penados que ya estaban cumpliendo con las salidas laborales y que sólo dormían en la cárcel de Concepción. Se les otorgó esa medida una vez que tenían colocadas las pulseras magnéticas para ser vigilados. Hubo un solo caso en el que se le concedió a un hombre de mayor de 60 años que estaba condenado por un caso de abuso grave. “Se habló con la víctima y se le pidió su opinión, que aceptó el planteo siempre y cuando se la proteja. Por ese motivo, el condenado cumple con la medida en Yerba Buena, y la víctima es de Monteros”, indicó una fuente judicial. “Hay muchísimos planteos, pero serán resueltos a través de audiencias en las que deberán estar presentes las víctimas o sus familiares; caso contrario, no prosperarán”, agregó.

No trascendió cuál es el criterio que están tomando los jueces de ejecución de la Capital, pero sí no estarían notificando a las víctimas. Desde el juzgado de Maggio se confirmó que ellos están utilizando un protocolo ante la avalancha de pedidos de procesados: en lo que va del mes atendió al menos 40 planteos, pero sólo aceptó cinco. Al conceder el arresto domiciliario, se notifica a las fiscalías que atienden sus causas y que a partir de ahora, les pedirán que sean estas oficinas las que se encarguen de notificar a las víctimas.

Similitudes

En la Justicia Federal el panorama no es muy diferente. Hasta el momento, según la información a la que accedió LA GACETA, son dos los procesados a los que se les otorgó el arresto domiciliario. A un acusado de trata de personas la Cámara de Apelaciones le concedió el pedido, pero no notificó a las víctimas, sino que fue la fiscalía de Pablo Camuña la que realizó este paso. Una idéntica resolución se dictó a favor de uno de los integrantes del clan Carrión, que se encontraba detenido por una causa de drogas en el penal de Villa Urquiza.

“Frente a una presentación de una defensa pidiendo el cambio de modalidad de cumplimiento de pena o de preventiva con fundamento en la pandemia de covid-19, se tiene que estudiar caso por caso. Pero siempre se tiene que demostrar que existe un riesgo mayor que la población en general”, explicó Camuña.

Agregó: “se producen informes médicos, estos son analizados por el forense, se piden informes a la unidad penitenciaria y, en su caso, se debe cumplir con los requisitos para cada pedido. Si es domiciliaria, debe acreditarse el lugar con un informe socioambiental o, en definitiva, asegurar a la fiscalía y al tribunal que cumplirá allí con la medida. Además si es grupo de riesgo, la prisión domiciliaria se otorga hasta que se levante la situación de emergencia sanitaria”.

Según confirmaron fuentes del fuero federal, desde fines de marzo hasta la fecha, se tramitaron unos 60 pedidos de excarcelaciones o arrestos domiciliares, pero sólo 13 (menos del 25%) tuvieron dictamen favorable por parte del fiscal. Los pedidos fueron realizados por detenidos que están acusados de delitos de trata de personas, secuestros extorsivos, lesa humanidad (el Tribunal Oral Federal ya rechazó dos) y drogas. Además, según trascendió, se presentó un planteo a favor de 73 personas alojadas en diferentes unidades carcelarias que no se las tuvo en cuenta por ser genérica.