La falsa seguridad del panóptico

La pandemia trastocó todo. La gente está en la casa y la Policía tiene un trabajo central: perseguir transgresores al confinamiento, formar retenes para limitar el movimiento de los ciudadanos, pedir documentos. El programa “Nadie en las calles”, lanzado el 7 de marzo por el Ministerio Público Fiscal, ha militarizado la provincia con 6.000 agentes, entre policías y algunos gendarmes. En ese afán, se han registrado incidentes y bastante movimiento con los que violaron la cuarentena -unos 4.500 ciudadanos, que ya casi triplican la cantidad de presos en cárceles y comisarías- pero la percepción de la comunidad en cuanto a la importancia de esa tarea parece fuerte. “Las imágenes de los policías en los controles en los primeros 15 días han sido muy buenas. Ha mejorado la imagen de seguridad y el trato entre ciudadanos comunes y la policía”, dice el agente Víctor Nacusse. “Sin embargo en los segundos 15 días el delito aumentó y si eso pasa se desdibuja el accionar de la policía y la gente ya no está tan contenta”, agrega.

Se plantea, en concreto, que la circunstancia del aislamiento social casi ha puesto al mundo en el estadio ideal del panóptico de Bentham: todos los ciudadanos están aislados, en teoría ubicados e impedidos de movimiento (incluso sus desplazamientos están siendo controlados) y la autoridad (la Policía) está desplegada exclusivamente para ese control. Los funcionarios de seguridad están viviendo su instante de máxima efectividad con mínimo esfuerzo. Hay escasos delitos callejeros (que eran los más temidos por la ciudadanía) y lo que está aumentando son los vinculados con el aislamiento: violencia doméstica, agresiones, amenazas. Si se exceptúa la disconformidad de los arrestados por violar la cuarentena, en virtud del artículo 205 del Código Penal (atentar contra la salud pública), hay relativamente escasa oposición a las tareas policiales. Faltaría una encuesta independiente que dé cuenta de la conformidad de los ciudadanos con lo que se está haciendo -conformidad que surge del imperativo categórico de que hay que exigir a la gente que se quede en casa porque todos en el planeta tenemos riesgo de vida- y esa encuesta corroboraría la sensación de que, por primera vez, sus acciones dejan satisfechas a la gran mayoría de las personas. Los aplausos al personal de salud y a policías responden a ese imperativo categórico. Queremos premiarlos porque queremos que nos cuiden. “Continuaremos persiguiendo a los que no cumplen con la cuarentena”, dijo en la primera semana de abril el subsecretario de Seguridad, comisario José Ardiles.

Un mundo de restricciones

Se entiende que la situación anormal del mundo “pandemizado” ha llevado a una restricción absoluta del individuo y de sus derechos. Hace dos semanas el escritor Alejandro Katz dijo a LA GACETA que temía que cuando pase esta crisis el mundo se vaya a volver más autoritario, es decir, con una tendencia de la ciudadanía a aceptar abusos en su contra, en función del bien común. Hoy se ven situaciones nuevas, como el ciberpatrullaje por redes sociales que realizan tanto las fuerzas nacionales como las provinciales, con la justificación de que se busca detectar violaciones a la cuarentena (en invitaciones a hacer asados a través de las redes, por ejemplo) y también acciones delictivas como el grooming.

Los funcionarios dicen que se meten en la parte pública de las redes sociales, que no son el Gran Hermano que todo lo escudriña. Mientras estamos en emergencia, la percepción es que eso está bien. Pero, ¿Es así? En Corea del Sur el Gobierno está haciendo seguimiento de los movimientos de los ciudadanos a través de sus teléfonos celulares. Dicen que es efectivo en el cumplimiento de la cuarentena: el celular funciona como una pulsera electrónica. Corea del Sur está lejos, pero en Argentina el gobierno del Chaco está pidiendo a las compañías telefónicas hacer lo mismo con los ciudadanos que han vuelto de vacaciones al exterior.

La sociedad enclaustrada va a salir en cualquier momento y volverán los viejos problemas. Lo saben las autoridades. Y muchos fantasmas reaparecen. Dos motoarrebatadores mataron a Elías Javier Robles, un vecino en San Cayetano, hace una semana para robarle el celular. No había nadie en las calles, sólo policías. Y ese homicidio ocurrió precisamente en el barrio que el año pasado había sido escenario de grandes operativos de pacificación por parte del Ministerio Fiscal y de la Policía, porque, al decir de un vecino, ahí era “normal que te roben y pe peguen untiro”. Por otra parte, hace cuatro días los policías que estaban pidiendo a la gente que se vaya a sus casas fueron apedreados por los vecinos de un barrio conflictivo de Las Talitas, con lo que se preanuncia cómo será la vuelta a la normalidad en esa zona roja.

Descontrolados

Además, poco se ha hablado del video que circuló por las redes sociales de cuatro policías golpeando a un señor mayor en Villa Alem. El comisario Ardiles dijo que habían sido separados los efectivos y que intervenía Asuntos Internos para investigar su conducta. Hace un mes hubo denuncias por detenciones arbitrarias y pedidos de coimas a detenidos por el artículo 205. También se dijo que se estaba investigando. ¿Se trata de situaciones aisladas en un contexto de buen comportamiento de los agentes de la fuerza? En todo caso, lo que dejan estas situaciones que alcanzaron estado público es que los que cometen excesos están menos sometidos que antes al escrutinio de los ciudadanos, dificultados notoriamente para hacer denuncias. El abogado Carlos Garmendia opina que aunque se han cortado las tentaciones de pedir coimas con la mecánica de llevar a todos los aprehendidos al Complejo Belgrano, lo que no han cesado son las arbitrariedades. “El jueves a la noche un vehículo policial se le cruzó a un taxi en Independencia al 2.800 donde iba una mujer con su hija al dispensario. Esa misma noche detuvieron a un hombre que circulaba con permiso en Yerba Buena”, dijo. Lo que favorece la arbitrariedad –explicó- es que las actuaciones se llevan a cabo sin la presencia de abogados que defiendan a la gente demorada.

La dificultad para hacer denuncias se vio el 3 de abril, cuando fue asesinada en El Colmenar Maira Alejandra Sarmiento por su ex pareja, Luis Martínez. Femicidio cometido después de varias denuncias por violencia de género desatendidas. Ella había denunciado amenazas telefónicas de muerte el domingo 29 y la denuncia llegó al fiscal Ignacio López Bustos cinco días después, el viernes 3, el mismo día en que Maira fue asesinada.

Informes contradictorios

Este crimen hizo ver una situación tremenda en el funcionamiento de las instituciones: hasta entonces la Policía describía que habían descendido un 80% las denuncias por violencia de género y cuando estalló esta tragedia se empezó a informar que se habían recibido 500 denuncias en 10 días y que se llevaban a cabo 60 operativos diarios vinculados con agresiones de género. O somos sometidos a desinformación por las autoridades, o difieren los enfoques que le dan a la realidad, según el contexto.

También se visibilizó con este asesinato que no se atendían todas las denuncias –lo cual ha puesto en duda la real penetración de las campañas de capacitación en asuntos de género en la cultura policial- y, lo que es peor, que en la cuarentena no se hacía seguimiento de las denuncias presentadas en la justicia. Ahora el Ministerio Fiscal ha puesto en marcha el sistema de denuncia digital, que se hará efectivo desde el lunes. ¿Se habrá cambiado la cultura policial que ignoró las presentaciones de Maira y hasta se las rechazó? No se sabe. Nada se ha informado de la investigación de las fallas cometidas por policías y funcionarios judiciales en torno a este crimen. “No me han dicho nada”, dice Cecilia Vaca, cuñada de Maira y testigo de las denuncias y del asesinato. Como si no hubiera conciencia entre los funcionarios de que esta muerte se podría haber evitado.

La discusión por la legitimidad policial en tiempos de Covid-19 se está dando en todo el mundo. Legitimidad que se vincula con límites y con confianza ciudadana, difícil equilibrio que depende de resolución de problemas y de control de arbitrariedades. Cuestiones que tienen que ver con el vínculo que pueden establecer los habitantes de los barrios con la Policía, y que ha sido expuesto como necesario por el comisario Ardiles cuando presentó el sistema de cuadrantes a comienzos de marzo, que quedó postergado por la crisis del coronavirus. Acaso las falencias que están apareciendo en la tarea policial pese a las trabas que da el aislamiento puedan ser punto de partida para discutir la cultura policial, con los vecinos y con la misma policía. Porque cuando se levante la emergencia por la pandemia volverá la tremenda situación previa de inseguridad y las limitaciones del sistema para hacerle frente.