“El bien común adquiere más importancia que el individual”

El secretario de Seguridad de Yerba Buena, Mauricio Argiró, avaló ayer el control adentro de los barrios privados para mantener el aislamiento social y obligatorio por el coronavirus. Inclusive, remarcó que el personal de seguridad privada había reaccionado de manera correcta en los últimos casos de infracción, con referencia a los incidentes con el médico Ernesto Prebisch y el funcionario judicial, Alejandro Vallejo. “Llamaron a la Policía y documentaron los hechos”, señaló.

“Los decretos presidencial y provincial, además algunas disposiciones municipales, establecen el marco jurídico que indica restricción. Por ello, no se permite salir a correr en un country, un barrio cerrado o cualquier espacio de la ciudad”, dijo el funcionario. “Al principio, los administradores plantearon que había residentes que no entendían las prohibiciones. Habrá sido por desconocimiento o porque creían que las medidas no los afectaban. Creyeron que las áreas comunes no estaban sujetas a las regulaciones. Pero no, se trata de sectores públicos, reservados para ciertas personas”, remarcó.

Argiró contó que el personal municipal había intervenido ante la presencia de residentes en espacios comunes, como en plazas internas o canchitas de fútbol, y reuniones sociales. “Ahora, sólo hay casos excepcionales”, añadió.

El secretario aseguró que “todas las personas están sometidas a la misma legislación”, al tratarse de una norma de derecho público. Así, marcó la prevalencia del bien común sobre la libertada y el interés individuales. “Se trata de una situación de fuerza mayor. Esta restricción va a finalizar en el momento que termine la causa de origen, la pandemia”, aseguró.

Abogados penalistas se mostraron en la misma posición, respecto del conflicto legal por la cuarentena. “Si bien están cercenadas las libertades individuales, se presenta una situación de fuerza mayor que justifica la cuarentena. No hay otra alternativa que esta medida; entonces, el bien común adquiere más importancia que el individual”, expresó Mariana Santos Nassif.

La abogada resaltó que, teniendo en cuenta las condiciones de la pandemia, “una situación “nunca vivida, “lleva a todos a seguir con las recomendaciones médicas: quedarse en casa”. “No hay otra opción”, manifestó.

Por su parte, José Del Río, otro penalista, hizo referencia a que “no deben prosperar” los amparos colectivos, con petición de declaración de inconstitucionalidad, en contra de los decretos de Necesidad y Urgencia del presidente, Alberto Fernández, y de otras decisiones gubernamentales.

“La disposición presidencial tiene como objeto proteger el bien común por sobre un mero interés individual y disconforme. Además, el interesado debe acreditar que existe otra posibilidad alternativa que la solución del aislamiento social y preventivo, como vacunas efectivas y autorizadas por la ciencia medicinal, opciones que actualmente no se encuentran presentes“, expresó.

“Todo cuestionamiento a la decisión oficial incurriría en un absurdo, puesto que quien lo solicitara, cosa que ya ocurrió, es también beneficiario y protegido por el decreto que ordena el aislamiento preventivo y obligatorio”, finalizó.