Unos 14 locales comerciales de distintos puntos de Concepción fueron obligados a cerrar sus puertas ayer al no estar exceptuados de la medida de aislamiento preventivo obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional. A otros cuatro locales, entre ellos una sucursal bancaria, se les labró actas de infracción en razón de que los clientes que esperaban ser atendidos no mantenían los dos metros de distancia, tal como lo determina el decreto 130 del intendente, Roberto Sánchez. La medida contempla en caso de su omisión una infracción que será sancionada con una multa equivalente a 100 litros de nafta Premiun de YPF. Lo recaudado será destinado al hospital regional “Miguel Belascuaín”.
Sánchez, al referirse al cierre de los negocios, aclaró que las infracciones se cometieron por “confusión o desconocimiento de los comerciantes acerca de los alcances de la medida de ampliación de la cuarentena” anunciada por el presidente, Alberto Fernández. “Algunos se confundieron por el hecho de que los bancos comenzaron a funcionar y pensaron que en general las actividades retornaban a su normalidad” , acotó. De este modo dejó en claro que las aperturas desautorizadas no se vincularían con el anunciado “golpe de estado a la cuarentena obligatoria” formulado a través de Twitter por su director de Prensa, Horacio Esterman. Sánchez aclaró que la publicación del funcionario fue hecha a título personal y de ningún modo involucró o comprometió la rígida política de control y prevención que ejecuta el municipio con el fin de evitar la propagación del covid-19.
Aunque el titular del Centro de Defensa Comercial del Sur, Julio Delgado, negó que los comerciantes que nucleados tengan la intención de sublevarse contra el aislamiento abriendo sus negocios, e insistió en la “angustiante situación económica y financiera que enfrentan los que mantienen sus persianas bajadas”.
“La parálisis de muchos comercios sumergió al sector al límite del quebranto. Esto involucra a cientos de familias que se quedan sin poder alimentarse. A través de la Federación Económica se harán gestiones para que el Estado se haga cargo de los empleados de las Pymes en crisis”, dijo a una emisora radial.
“Se vive con los ingresos de la caja diaria. Y desde marzo cientos de negocios están sin acreditar un peso. Ahora se encuentran imposibilitados de pagar alquileres, servicios, impuestos y a sus empleados”, se lamentó.
Ayer el microcentro permaneció cerrado al tránsito vehicular con el fin de favorecer en comercios y bancos la distancia que deben mantener los clientes mientras esperan ser atendidos.