BUENOS AIRES.- La próxima semana estará listo el proyecto de ley para gravar a las grandes fortunas. Ayer el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, le bajó el pulgar al borrador presentado por los referentes sindicales de su coalición y, acto seguido, le encargó la redacción de la iniciativa al presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Heller. Según trascendió en los medios nacionales, la nueva propuesta alcanzaría al 1 % más rico de la población por única vez y no solo gravaría los bienes patrimoniales, sino también las utilidades de las empresas.
Así, el texto que finalmente votarán los legisladores será mucho menos generalizado de lo que pretendían, entre otros, el tucumano Carlos Cisneros, dirigente de La Bancaria, y el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky. Ellos dos y otros nueve compañeros de bancada habían hecho circular anteayer un proyecto para crear el impuesto Patria (Por una Argentina Trabajadora e Inclusiva) para aquellos que poseen un patrimonio por encima de los $ 10 millones (alrededor de U$S 150.000). Sin embargo, según indicaron a La Nación fuentes del bloque de diputados del oficialismo, la propuesta ya fue dada de baja para avanzar en el diseño de un proyecto común. “Lo importante es unificar todas las ideas en un único proyecto, acordar con todos los compañeros del bloque”, explicaron. Allí conviven los intereses del kirchnerismo, el sindicalismo, los gobernadores peronistas y el massismo.
Puntos definidos y a definir
En cualquier caso, la idea general está: el impuesto será excepcional y afectará a las grandes riquezas. Sin embargo, todavía deben definir cuestiones particulares: el piso de contribución, cuál será la alícuota inicial y cómo se irá incrementando acorde al aumento de los montos. Además, el kirchnerismo analiza si solo gravará los patrimonios o también las utilidades. Y en ese caso, cómo lo hará.
Aunque la redacción de la norma está a cargo de Heller, presidente del Banco Credicoop, cuenta también con la ayuda de otros economistas del oficialismo, como la presidenta de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, y su par de la de Energía, Dario Martínez. “Estamos buscando las mejores conclusiones para, en este momento atípico de la Argentina, generar un esfuerzo extraordinario para los capitales con mayor capacidad contributiva, sin afectar sus esquemas económicos”, resumió Martínez ante una consulta de Clarín.
Mientras tanto, de acuerdo con este último diario, un grupo de abogados ya empezó a estudiar la constitucionalidad de la ley (el punto al que, de antemano, apuntaron desde la oposición). Sin embargo, confían en que dentro del contexto de crisis, no van a tener problemas. “Va a ser algo bien hecho, equilibrado, sensato, por única vez y con la aplicación de los fondos detallada”, había anticipado Heller hace unos días.
La base de la ecuación
Esta decisión de aumentar la presión fiscal había surgido como una respuesta a los pedidos de la oposición para que Alberto Fernández redujera los sueldos de sus funcionarios. En respuesta, el presidente había anunciado un impuesto para quienes adhirieron al blanqueo de capitales que llevó adelante el Gobierno de Cambiemos.
Sin embargo, Heller se encargó de aclarar que el proyecto final no apuntará a los beneficiarios del blanqueo, sino que se dirigirá a los grandes patrimonios. “La base de la ecuación es que alcance a quienes verdaderamente puedan ayudar a los que más lo necesitan”, estimó en diálogo con El Cronista.
Antes de que se conociera su borrador, Yasky había definido en declaraciones radiales: “se trata de que aporten los 50 dueños de las fortunas de la Argentina”. De acuerdo con los cálculos de Heller, las personas y empresas alcanzadas por su proyecto serán algo más de 50: representarán el 1 % de la población de Argentina.