Alberto Fernández promete a provincias otorgar ayudas

Un respaldo a la continuidad de la cuarentena y la reiteración, con urgencia, de un reclamo financiero para salir del ahogo fiscal. Esos fueron dos de los ejes en los que se desarrolló ayer la videoconferencia entre el presidente Alberto Fernández, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Estado cerró de esta manera una jornada que se caracterizó por la polémica que se encendió a raíz de la compra, con sobreprecios, de una partida de alimentos para ser destinada a las familias en condiciones de vulnerabilidad en medio de la pandemia por el coronavirus.

Desde la residencia de Olivos, el jefe de Estado se comunicó, en videoconferencia, con los mandatarios de todas las provincias (entre ellos el tucumano Juan Manzur), a quienes les anticipó algunos lineamientos acerca de la flexibilización de la cuarentena social y obligatoria, que se aplicará a partir del próximo lunes. Hasta ahora no hay definiciones respecto de cómo será esa flexibilización, aunque el propio Presidente especificó que continuará el aislamiento, pero sin tantas restricciones. De hecho, ese es un tema de conversación permanente con representantes de cámaras empresarias y del sindicalismo nacional. Algunos de los participantes coincidieron que se trató de un encuentro de evaluación y monitoreo de situación que continuará hoy con el reporte que los ministros provinciales de Salud presentarán ante el ministro nacional del área, Ginés González García.

La segunda cuestión que inquieta a los gobernadore es el futuro fiscal. Muchos distritos atraviesan una situación de ahogo financiero que les imposibilita cumplir con las obligaciones salariales. En efecto, en el marco del encuentro de ayer, los mandatarios plantearon la necesidad de que la Nación contribuya con una asistencia global. Trascendió que la Casa Rosada conformará un fondo de emergencia por hasta $ 120.000 millones que se redistribuirán conforme a los índices actuales de reparto de coparticipación federal de impuestos, además de un esquema especial para aquellos distritos más comprometidos en sus finanzas. Lo confirmó anoche el propio Rodríguez Larreta, que asistió a la cumbre. “Todos hemos observado una caída en la recaudación, pero también se ha dado prioridad en la asistencia financiera al sistema de salud de cada jurisdicción”, declaró.

De todos modos, algunos gobernadores esperan que la decisión se corporice antes de tomar definiciones fiscales. Si ese esquema continúa, a Tucumán le corresponderían unos $ 5.500 millones, casi un monto equivalente al 70% de una planilla salarial mensual del sector público local.

Los “sobreprecios”

Fernández, en tanto, venía de hablar extensamente con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, acerca del escándalo desatado tras corroborarse sobreprecios en la compra de alimentos para familias necesitadas del país. El lunes, en una entrevista con el canal de cable TN, el Presidente aseguró que creía en la “honestidad” de Arroyo y apuntó contra la “cartelización de ciertos sectores” que imponen precios ante la emergencia, para “llenarse los bolsillos”.

El Presidente dijo que la investigación del caso estaba abierta y advirtió que no permitirá que el Estado compre alimentos a valores por encima de los precios de referencia, algo que refleja la resolución que publicó ayer el Boletín Oficial en su suplemento. Frente a eso, Arroyo exigió la renuncia al secretario de Articulación de Políticas Sociales, Gonzalo Calvo, quien autorizó compras de azúcar y aceite a valores por encima de los “precios testigo” fijados por la Sigen.

La decisión surgió como “primer resultado de la investigación” sobre el proceso de compra de partidas de aceite y azúcar que serán repartidas entre comedores y merenderos de las zonas más vulnerables del país.

El gobierno nacional resolvió también que el Estado “no podrá en ningún caso abonar montos superiores a los precios máximos” fijados por la Secretaría de Comercio Interior en los procesos de compra que se realicen para atender la emergencia sanitaria por coronavirus. La decisión, adoptada en una Resolución dictada por la jefatura de Gabinete de Ministros con la firma de su titular, Santiago Cafiero; y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; entró en vigencia a partir de su inmediata publicación en el Boletín Oficial.

“Establécese que en los procesos de compra que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios, establecido por la Decisión Administrativa N°409/20, no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los Precios Máximos establecidos por la Resolución” de la Secretaría de Comercio, dice la resolución.

El artículo 2do dispone que la Resolución se aplicará “a los procesos de compra” que se encuentren “en curso y que a la fecha de vigencia de la presente no hubieran sido adjudicados”.

La disposición también tendrá alcance en los procesos de compra “en los que se hubiere realizado el acto de adjudicación y hubiera obligaciones de pago pendientes de cumplimiento” y aclara que “en todos los casos, se procederá a pagar exclusivamente hasta el monto correspondiente a la aplicación de la mencionada Resolución, respetando los precios máximos allí previstos”.

En los fundamentos, la Resolución recordó que “en razón de las necesidades sanitarias para contener y mitigar la epidemia” de coronavirus, la Secretaría de Comercio Interior fijó los precios máximos “al advertir la verificación de aumentos generalizados en el precio de venta de productos, tanto de alimentos para la población, así como también de productos de higiene y cuidado personal”.