Por Gustavo Rodríguez
07 Abril 2020
FUERTE MOMENTO. La madre de la víctima Nelly Giovannello observa a Julio Vergara Altuve cuando declara. Atrás, Miguel con una lesión en un ojo.
“No doctor, no me haga esto; soy inocente, se lo juro”, dijo Andrés Miguel antes de que se terminara de leer el fallo por el crimen de Lucas Fernández, que murió el 5 de abril de 1996, seis días después de haber sido baleado en avenida Mate de Luna al 1.800. El 29 de noviembre de 2000, Emilio Páez de la Torre, presidente del tribunal, terminaba de dar a conocer la sentencia que había redactado con sus pares Alberto Piedrabuena y Emilio Gnessi Lippi. Los jueces habían decidido penarlo con 12 años y que fuera trasladado inmediatamente al penal de Villa Urquiza, un lugar que conocía perfectamente.
El condenado lloraba como un niño en el piso. Sus familiares, a los gritos, juraban que él no había tenido nada que ver. En el veredicto hubo otra resolución polémica: los magistrados pidieron que se investigue a Julio César Vergara Altuve para determinar si tuvo alguna participación en el hecho.
Los alegatos habían comenzado dos días antes. El fiscal de cámara, Juan Santos Suárez, fue el primero en hablar. “El agresor era desconocido para los chicos y desde ese mismo día se hablaba de que un tal ‘Loco Luis’ o ‘Loco Miguel’, hijo de un juez. Aunque no se haya declarado, ningún rumor peca de ocioso”, sostuvo. A renglón seguido señaló que “la conducta del imputado es violenta y bizarra”.
FUERTE MOMENTO. La madre de la víctima Nelly Giovannello observa a Julio Vergara Altuve cuando declara. Atrás, Miguel con una lesión en un ojo.
El acusador hizo particular énfasis en un punto: señaló que el camarista Víctor Miguel había llamado a los padres de Lucas para avisarles que Vergara Altuve había sido el autor del homicidio. “¿Por qué no lo dijo aquí?”, se preguntó. Solicitó que el acusado fuese condenado a 19 años de prisión y que se iniciase una investigación penal en contra del hijo de la sindicalista Ada Altuve.
Luego le tocó el turno a Arnaldo Ahumada, quien estuvo a cargo del rol de querellante que asumió la familia Fernández. En una exposición que no duró más de 13 minutos, el abogado se encargó de elogiar a los amigos de Lucas. “Desde un primer momento tomaron la actitud más apropiada, la de atender a su amigo y luego pedir el auxilio de las personas que ellos consideraban más hábiles para atender el caso”, señaló.
“La sonrisa del agresor, al que vieron disparar, los marcó a fuego. Poco faltó desde ese día para que el fantasma que les quitó la alegría y los maduró de golpe se ‘carnalizara’ en ellos”, opinó antes de pedir una condena 25 años.
Enérgicos alegatos
Los defensores del imputado presentaron enérgicos alegatos en busca de la absolución. “Es absolutamente imposible que mi defendido haya sido el autor de los disparos porque estaba durmiendo. Nadie lo vio afuera de su casa, excepto los supuestos ‘reconocientes’. Si los que lo reconocieron no lo conocían y no hubo pelea ni agresión, ningún acto justifica el homicidio. No hay motivos y ahora el fiscal le atribuye los motivos de un tercero: Vergara Altuve”, indicó Carlos Caramuti.
“No lo podían reconocer y terminan haciendo retratos hablados y diciendo que es él. Es evidente la intencionalidad de confundir e incriminar a Miguel. Algo callaron y no sabemos qué. Ahora son esclavos de sus declaraciones y por eso no pueden rectificarse”, agregó el profesional.
Juan “Chino” Robles, el codefensor, señaló: “puede fallar el Poder Ejecutivo; puede mentir un gobernador o un legislador. Pero nos queda la Justicia a quienes no tenemos prebendas del poder. Este no debe ser un fallo más para este tribunal, que debe tener el coraje de señalar las falencias. Si no, vamos a condenar a toda una juventud y enterraremos al Derecho Penal de Garantías que ganamos con la democracia”.
De nada sirvieron los apasionados alegatos de los defensores. Miguel fue condenado y Vergara Altuve debió haber sido investigado. Pero como se verá más adelante, nada de eso sucedió.
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