La necesidad de manipular pilas de papeles es la barrera que, hasta el momento, impidió al Poder Judicial establecer una dinámica de trabajo que exceda los asuntos que no admitan postergación, con la excepción del fuero penal de Concepción, que, gracias a la aplicación de la oralidad, desde ayer está habilitado para hacer todo menos juicios. Pero en el Colegio de Abogados de la Capital están convencidos de que los jueces pueden y -deben- redactar las sentencias pendientes desde sus hogares sin que ello perjudique la orden de aislamiento. Y en la Corte Suprema local estudian la receta de su par de la provincia de Buenos Aires, que instó a los magistrados a adelantar todo el trabajo posible.
“Hay una grandísima angustia en el foro y lo único que podemos hacer es lograr que nuestros Tribunales trabajen más allá de las urgencias, como está ocurriendo en otras jurisdicciones”, comentó por teléfono Marcelo Billone, presidente del Colegio. El dirigente añadió que era fundamental empezar a ampliar la productividad de la Justicia: “no sabemos cuándo ni cómo recuperaremos el funcionamiento regular. Lamentablemente esta pandemia nos encontró en el medio de los preparativos del expediente digital. Pero al día de hoy no encuentro mayores objeciones para que los jueces y relatores retiren los expedientes, y los trabajen en sus casas”.
La dependencia del papel se ha vuelto en contra de quienes, algunas semanas antes de la emergencia del coronavirus, pidieron y obtuvieron la prórroga del inicio de la digitalización progresiva. El 21 de febrero, la Corte accedió a una solicitud de la entidad de Billone y aplazó la entrada en vigor del programa progresivo de “despapelización”, que primitivamente iba a debutar en dos juzgados civiles el 16 de marzo, es decir, el mismo día que el alto tribunal estableció el asueto extraordinario. La aplicación gradual del expediente digital pasó para el 27 de abril. Es posible que las circunstancias actuales apuren esos planes: de hecho, la Corte autorizó el uso de las aplicaciones de mensajería y de todos los medios tecnológicos disponibles para tramitar las cuestiones impostergables.
Billone y el vicepresidente Carlos Casal advierten que, si no se incentiva la producción de resoluciones en el universo de causas cuyos plazos están hoy suspendidos, los daños jurídicos y económicos de la pandemia serán todavía más gravosos. “No es cierto que los jueces rompen la disposición general de la cuarentena si van a buscar los expedientes para trabajarlos desde sus casas porque la administración de justicia es un servicio esencial de la república. La Corte debe, en su carácter de cabeza del Poder Judicial, exigir a los magistrados que pongan al día el despacho”, opinó Casal por medio de un mensaje de texto. Y acotó que los cientos de casos que aguardaban sentencias interlocutorias y definitivas tenían que estar resueltos el primer día hábil: “esta parálisis no sólo está fundiendo a los abogados, sino que menoscaba los derechos de los ciudadanos que confiaron en la Justicia”.
La activación hoy es desigual: mientras que la Corte afectó a toda la esfera penal de la capital y de Concepción, los estrados civiles funcionan con planteles mínimos. Los magistrados que no han sido afectados recibieron la orden de mantenerse en el estado de guardia pasiva, pero no hay un protocolo establecido para acceder a los expedientes en el supuesto de que quisieran -muchos espontáneamente están adelantando tareas-. Por eso en la Corte evalúan la emisión de una acordada que aliente la elaboración de sentencias para evitar las dilaciones, como lo hizo el Poder Judicial bonaerense el 30 de marzo pasado. Allí habilitaron operativos especiales para entrar en contacto con las causas, todo con el objetivo de que, cuando termine el asueto, haya un volumen significativo de decisiones listas para ser notificadas a sus interesados.
"EL PROBLEMA ES LA PANDEMIA". “Los problemas de hoy tienen que ver con la pandemia. Si se prolonga la cuarentena va a ser complejo y tenemos que ver cómo aceitar estrategias para ayudar a la gente a quedarse en su casa”, dijo el ministro fiscal, Edmundo Jiménez. Opinó que en esta emergencia “no caben las posiciones de tipo político”. “Estamos poniendo routers en las fiscalías para que tengan señal y fibra óptica en comisarías; estamos implementando medidas que esperamos que después de la emergencia se mantengan. Los fiscales pueden ver expedientes desde sus casas, pedir medidas a los jueces por internet, todo más rápido”.