El gobernador Juan Manzur dispuso la retención de parte de los salarios para el personal jerárquico de su gabinete. Con esta medida, enmarcada en la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, el Poder Ejecutivo (PE) apuesta a ahorrar unos $6 millones mensuales, que serán aplicados en Salud y Desarrollo Social para paliar el avance y el impacto del coronavirus.
El decreto acuerdo 7/1, ratificado por todo el gabinete de Manzur, establece el cese durante 90 días en el pago de las remuneraciones básicas que perciben los funcionarios superiores del PE y las autoridades de los entes autárquicos y organismos descentralizados de la Provincia.
Así, al gobernador se le retendrá el 100% de esos haberes; a los ministros y al fiscal de Estado, Federico Nazur, el 50%; a la titular de la Secretaría General de la Gobernación, Silvia Laura Pérez, y a los secretarios de Estado, el 30%; y los subsecretarios de Estado, el 20%. Quedan exceptuados del “ajuste” los secretarios y los subsecretarios que ejercen funciones en los Ministerios de Salud Pública, de Seguridad y de Desarrollo Social. Según fuentes oficiales, el instrumento tendrá impacto en unas 130 autoridades del organigrama estatal. Además, los recursos no aplicados en salarios serán redirigidos a una cuenta especial, para luego ser distribuidos en un 50% en Salud y en un 50% en Desarrollo Social.
En los considerando del decreto acuerdo, Manzur indicó que la decisión tiene su punto de partida en el aislamiento social y obligatorio vigente en todo el país, además de la declaración del coronavirus como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. “En el marco de las consecuencias económicas que dichas medidas generan en la sociedad en general, se requiere un mayor esfuerzo desde los sectores jerárquicos y de conducción del Estado (provincial)”, agregó el gobernador. El instrumento fue rubricado por los ministros Carolina Vargas Aignasse (Gobierno), Claudio Maley (Seguridad), Juan Pablo Lichtmajer (Educación), Miguel Acevedo (Interior), Eduardo Garvich (Economía), Rossana Chahla (Salud), Juan Luis Fernández (Desarrollo Productivo) y Gabriel Yedlin (Desarrollo Social).
El texto invita además al resto de los poderes, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Fiscal de Apelación y a la Defensoría del Pueblo a sumarse a la medida.
Según fuentes oficiales, la Legislatura avanzará hoy en ese sentido. Tras el aislamiento obligatorio decretado por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, la Cámara retoma sus actividades. Ya pasaron 15 días de la sesión en la que participó el republicano Ricardo Bussi (tanto él como el radical José Canelada dieron positivo para coronavirus). Al parecer, habría consenso entre las autoridades legislativas y los jefes de bloque para concretar un “ajuste” del 50% en los haberes de los representantes del pueblo y de los funcionarios jerárquicos, incluido Jaldo. El tema será tratado hoy, en Labor Parlamentaria.
En Concepción
El intendente de Concepción, Roberto Sánchez, mediante decreto 116, resolvió donar el 50% de su sueldo líquido al hospital local “Miguel Belascuain”. La disposición contempla al mismo tiempo la concesión con igual destino del 30% de los haberes de secretarios y subsecretarios de su gabinete de gestión. Tendrá vigencia durante tres meses, a partir de éste marzo que concluye, y se instrumenta considerando que frente a la pandemia que sufre el país y la provincia “se hace necesario extremar -dice en los considerandos- los esfuerzos de todos los sectores de la población, especialmente de quienes ejercen cargos o funciones políticas”.
Las donaciones, de acuerdo a la resolución, serán entregadas por Sánchez al hospital de esa ciudad. Por su parte el presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Molinuevo, sancionó con fuerza de decreto la decisión de retener a los ediles del cuerpo deliberativo el 30% de sus haberes líquidos a fin de reunir un fondo común que será destinado al hospital “Miguel Belascuain”.
>> ANÁLISIS
Los malos de la película
Por Juan Manuel Asís - LA GACETA.
Solidaridad es el concepto que define esta época. Toda acción mínima en esa línea merece elogios. La hora exige gestos de desprendimiento y acompañamiento. Por contagio. Sin embargo, la dirigencia política está condenada a la crítica por más que se muestre conmovida con la crisis. No puede desembarazarse del rótulo de malo de la película que porta desde 2001, cuando se pedía a los gritos que se vayan todos. Dirigir los sueldos hacia la salud es un buen gesto, pero tardío como señal porque surge tras la reaparición del descontento con los que gobiernan. Porque la medida parece nacer por la presión social, cuando debería motorizarse al inicio de cualquier crisis y no por reacción al malestar y reclamo popular. Como políticos lo saben, siempre deben estar a la cabeza de los ejemplos. Algunos parlamentarios redujeron sus dietas porque entienden el juego de la política más allá del genuino compromiso social. Para combatir ese rótulo y restaurar la credibilidad tendrán que hacer más; será una tarea ardua.