Por Gustavo Rodríguez
01 Abril 2020
El coronavirus ha cambiado la vida de los tucumanos y de sus instituciones. En la Policía y en la Justicia esas modificaciones se hicieron sentir. La emergencia sanitaria obligó a tomar medidas urgentes y extremas, y a retrasar otras que pensaban ponerse en marcha en el futuro.
El covid-19 no dio lugar a períodos de pruebas y de diagnósticos. Varios de los sistemas a los que se recurrió seguirán aplicándose después de que se levante la cuarentena.
1. Se aceitaron las tareas de prevención en las calles
El objetivo era vigilar que se cumpliera a rajatabla el aislamiento preventivo obligatorio, pero terminó transformándose en otra manera de hacer prevención. Son al menos 5.000 los policías que recorren la provincia en diferentes horarios. Cuentan, además, con el apoyo de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
“Estamos ante una emergencia y el movimiento de efectivos es mucho más fuerte. A eso le debemos agregar que hay menos personas circulando en la calle. Esto se podría repetir con la puesta en marcha del sistema de cuadrantes”, señaló el subsecretario de Seguridad, José Ardiles.
Según los datos brindados por el Ministerio Público Fiscal, entre el 18 y el 27 de marzo bajó considerablemente el número de causas. Citaron como ejemplo que el último viernes se iniciaron 91 expedientes, cuando el promedio diario en tiempos sin pandemia es de 250.
Tal como lo habían anticipado los especialistas, se produjo un incremento de delitos que pueden tener origen la cuarentena como los de violencia doméstica, como las amenazas (51) y lesiones dolosas (11), varias de ellas vinculadas a la violencia de género. En ese período se registraron tres homicidios, todos producidos en ambientes privados. Según ese informe, se produjeron 109 delitos contra la propiedad.
2. Recapturaron prófugos y detuvieron a varios sospechosos
“Nadie en la calle” es el nombre del operativo que lanzó el Ministerio Público Fiscal y que realiza la Policía de la provincia con el apoyo de las fuerzas federales. Hasta anoche a las 20 se habían detenido a más de 1.860 personas, pero se consiguieron otros resultados gracias a los controles. Por ejemplo, ubicaron a más de una veintena de personas que se encontraban prófugas de la Justicia.
“Uno de los trámites que se hacen cuando una persona es aprehendida por violar el artículo 205 es averiguar sus antecedentes. Y en muchos casos nos dimos con la novedad de que tenían pedido de captura vigente, por lo que inmediatamente son puestos a disposición de la autoridad competente”, aseguró el fiscal Carlos Picón que conduce junto a su par Mariana Rivadeneira la oficina especializada en Salud Pública.
Pero también al haber mayor presencia policial en las calles, se resuelven otro tipo de delitos. Por ejemplo, personal de la división de Robos y Hurtos se encontraba realizando vigilancia del cumplimiento de la cuarentena en la zona de Villa 9 de Julio. La dueña de un quiosco de la zona denunció que un desconocido había ingresado a su local de donde sustrajo centenares de paquetes de cigarrillos, desodorantes a bolilla y alcohol en gel. Los efectivos, luego de una corta persecución, lo detuvieron y recuperaron el botín.
“Se están haciendo trabajos específicos y estamos atentos a lo que suceda en la calle. En esta cuarentena también hemos recuperado más de dos motos por día que habían sido robadas”, explicó el comisario Daniel Robles, jefe de la Brigada de Investigaciones Capital.
3. Los transas también se tuvieron que adaptar al nuevo escenario
Las organizaciones que se dedican a la venta de drogas también han tenido que adaptarse a los tiempos de la cuarentena. Por los resultados de los últimos procedimientos quedó al descubierto que apostaron al delivery de drogas, más que a la venta en los quioscos, ya que sólo los consumidores que viven en el mismo barrio pueden llegar a comprarla.
En lo que va de la cuarentena, se concretaron secuestros de marihuana y dosis de cocaína que eran comercializados por los supuestos “soldaditos” de los transas en San Cayetano, Aguilares y Manantial.
Los pesquisas también creen que el sistema de distribución ha cambiado totalmente. “Tenemos información que la cocaína está escaseando, puesto que al estar cerradas las fronteras y al haber mayores controles en las rutas y al no funcionar los micros de larga distancia, la droga prácticamente dejó de llegar”, comentó una fuente vinculada a la lucha contra el narcotráfico.
4. Menos personas en las escenas de los crímenes
En materia de investigación de un crimen cambió todo por la pandemia. Por cuestiones sanitarias se resolvió reducir la participación de efectivos en la escena del hecho. Ahora no siempre intervendrá el personal de la División Homicidios, sino que la investigación podría ser llevada adelante por los hombres de las comisarías donde se produjo el hecho.
También se restringió al máximo la presencia de curiosos y de familiares en los lugares donde trabajan los especialistas. “La razón es simple: estarán violando el aislamiento preventivo y deberán ser procesados”, aclaró el jefe de Policía, Manuel Bernachi.
Por otra parte, se cambió el protocolo de trabajo de los peritos. En caso de que la víctima esté sospechada de padecer coronavirus, antes de iniciar cualquier tarea (examen del médico de Policía y posterior autopsia) se le debe realizar el test. Hasta tanto se sepan los resultados de ese estudio, el cuerpo será enviado a la morgue. Y, por orden del ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, desde el domingo, el personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal no irá a los lugares donde se producen los hechos como normalmente lo hacía. También se ordenó lo mismo para fiscales y auxiliares fiscales.
5. La tecnología llegó para quedarse en la justicia
Por el asueto administrativo que dictó la Justicia en todos sus ámbitos por la emergencia sanitaria, el uso de la tecnología se transformó en clave para que Tribunales pudieran seguir funcionando, aunque sea de manera reducida.
WhatsApp, por ejemplo, se convirtió en la herramienta más utilizada por los instructores de las fiscalías y jueces de instrucciones. Toman las declaraciones a imputados y procesados a través de videollamadas. Los defensores y querellantes debieron comenzar a utilizar archivos digitales para realizar todo tipo de trámite.
“El sistema es sencillo. Los aprehendidos declaran desde el lugar donde se encuentran privados de su libertad asistidos por sus abogados y así se evitan traslados y contactos con terceros. Los profesionales, en cambio, se adaptaron que hasta nuevo aviso, se acabaron los papeles. Lo mismo está sucediendo con la Policía que dejará de llevar las novedades y los sumarios”, comentó el secretario judicial Tomás Robert.
El mecanismo creado por la emergencia sanitaria, a los pocos días, mostró sus cualidades. Al no haber traslados de los detenidos, se produjo un importante ahorro de recursos humanos y logísticos. Dejaron de movilizar a entre 50 y 60 efectivos para su custodia y se desafectó el desplazamiento de al menos 20 móviles policiales por día.
¿Seguirá utilizándose este sistema? “El MPF hizo una importante inversión entregando celulares de alta gama, colocando fibra óptica en las comisarías donde no había internet y restauró la sala de videoconferencias de la cárcel de Villa Urquiza. Pero lo más importante es que todos los que se oponían a estos cambios los terminaron aceptando, por lo que no veo inconvenientes que en el futuro se lo siga utilizando”, señaló Robert.
6. La luz de alerta que obligó a poner atención en los calabozos
El martes pasado, un reo que estaba alojado desde hace más de un año en la comisaría de El Colmenar encendió una luz de alerta en la provincia. Entre otras medidas, se relevó a todo el personal y se desinfectó la dependencia policial. La fiscala Adriana Giannoni, que estaba al frente de la investigación, confirmó ayer que dio negativo el estudio que le hicieron para determinar si estaba enfermo de coronavirus.
A raíz de ese caso, se aceleraron los mecanismos para contar con lugares alternativos para alojar a los detenidos si es que se llegara a presentar un caso sospechoso en alguna comisaría. El subsecretario de Seguridad José Ardiles había anticipado que estaban acondicionando los galpones que existen en los ex Arsenales. En tanto que el lunes, se abrieron los calabozos de la comisaría de Yerba Buena.
Esos arrestos fueron clausurados luego de que dos detenidos murieran por un incendio que se había producido allí. Esas muertes originaron que los fiscales Diego López Ávila y Giannoni presentaran un hábeas corpus colectivo a favor de los detenidos, los policías y los vecinos de las comisarías por la condición de hacinamiento que existían en esos momentos. Según sus registros, en esos días había poco más de 450 personas encerradas en los calabozos de las dependencias policiales. Actualmente hay más de 1.000, unos 200 más que en el penal de Villa Urquiza, el centro de detención más grande de la provincia.
7. Buscan alternativas para solucionar causas
En la Justicia se les presentó un importante dilema: qué hacer con los más de 1.700 aprehendidos por haber violado el aislamiento obligatorio preventivo. En una fiscalía que esté funcionando a pleno, por día se pueden tomar hasta 20 declaraciones a imputados como máximo. Haciendo un promedio se necesitarán al menos 120 días para terminar con este trámite.
“Es una tarea lenta y que llevará su tiempo, pero lo más graves es que las aprehensiones nunca pararon, bajaron, pero se sigue arrestando a personas”, explicó el fiscal Carlos Picón. El secretario judicial Tomás Robert explicó que se están analizando tomar medidas alternativas para resolver esos casos de manera más rápida para evitar un colapso judicial.
Una de ellas es recurrir a la probation. Se trata de un recurso judicial que se emplea para la resolución de una situación delictiva. También conocida como suspensión del juicio a prueba, permite dar por finalizado el conflicto entre las partes sin el encarcelamiento del imputado.
Al tratarse de un delito excarcelable, lo más probable es que termine en un juzgado correccional, pero por los tiempos que se manejan podrían prescribirse hasta que se llegue a un fallo. Por ese motivo, es probable que los detenidos paguen una multa (el dinero podría ser destinado al Sistema Provincial de Salud); realicen la compra de equipamiento o tareas ad honorem en los hospitales públicos o realizar tareas comunitarias como condena. En caso de que incumpla o cometa otro delito, el acuerdo queda sin efecto.
8. Aplazarían la puesta en vigencia del nuevo código
Nadie lo dice en voz alta, pero es una realidad que tarde o temprano tendrá que analizarse. El parate generado por la pandemia podría postergar la aplicación del nuevo Código Penal en el ámbito del Centro Judicial de la Capital, que estaba previsto que se pusiera en marcha los primeros días del próximo mes.
“Estamos paralizados, no hemos podido avanzar en la resolución de causas, en la capacitación de todos los actores y en las reformas edilicias”, indicó una fuente del Ministerio Público Fiscal. El mismo vocero adelantó que en los próximos días se podría llevar adelante una videoconferencia entre todas las partes para analizar la situación. “No sólo por precaución, sino porque los legisladores están haciendo cuarentena por precaución”, explicó la misma fuente.
Trascendió que ya se están manejando dos alternativas: ponerlo en práctica parcialmente o postergar su puesta en vigencia para los primeros días de septiembre u octubre. Este cambio de último momento frenaría la aplicación de la Ley de Narcomenudeo, prevista para esa fecha.
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