Los Garra: una familia que quedó en manos de la Justicia

Los Garra terminaron de mostrar su poder en setiembre de 2016. Los primeros días de ese mes, los vecinos de Villa Alem y barrio Victoria cortaron la calle para exigir mayor seguridad en la zona. A raíz de esa protesta, se había acordado una reunión en un local de avenida Alem al 1.400. Allí, los habitantes de ese sector de la ciudad habían anticipado que presentarían un listado de los lugares donde se vendían drogas. Según ellos, el incremento de la inseguridad se debía a que jóvenes adictos robaban en la zona para comprar sustancias ilegales.

Los vecinos comenzaron a llegar de a poco. En el salón ya estaban escuchando los reclamos varios jefes de la Unidad Regional Capital e investigadores de la Digedrop. Pero no avanzaron mucho. Dos jóvenes en moto pasaron por allí y amenazaron con armas de fuego a todos los presentes. Los policías que estaban en el lugar reconocieron que eran integrantes del clan al que estaban por acusar de venta de drogas. Denunciaron el hecho y personal del Servicio 911, al mando del comisario Joaquín Girbaux, realizó un procedimiento. El operativo finalizó con la detención de Yamil Moisés Jalil, el mismo que estaba acusado del homicidio de la joven. Pero el escándalo no terminó ahí.

Al enterarse de la detención de su hijo, “Garra” encabezó un grupo que estaba integrado por familiares, allegados y vecinos: todos se presentaron en la Seccional 13ª para exigir la liberación de su hijo. “Le empujaron la silla de ruedas hasta donde estaban varios comisarios y un montón de efectivos de infantería. Lo primero que les dijo fue: ‘¡Hijos de puta: ¿por qué agarraron al chango? Más vale que lo suelten porque lo que ustedes ganan en un mes, yo lo hago en un día’. No terminó de decir eso y un jefe lo tiró de la silla de rueda de una parada. Se armó un revuelo, los uniformados tomaron al comisario y rodearon a los manifestantes para que no hicieran nada. Después se fueron sin chistar”, dijo Carlos Morales, uno de los vecinos que presenció el hecho.

“Sí hubo algunos incidentes porque esa gente llegó muy ofuscada. Se calmaron cuando se les confirmó que se quedaran tranquilos porque la Justicia estaba interviniendo. Sobre esa supuesta agresión no hubo nada. Es más, el señor Jalil no realizó ninguna denuncia sobre el tema”, había señalado el ex jefe de la Unidad Regional Capital, Martín Galván.

Pero más allá de la polémica, a partir de ese día y durante varias semanas, móviles y motoristas del 911 se instalaron en la cuadra de San Luis al 1.600 y en otros puntos estratégicos para, según explicaron, pacificar la zona. “En realidad lo que hicieron fue poner hombres en los lugares donde avisamos que vendían drogas”, agregó Morales. Durante una noche, un supuesto soldadito del clan le arrojó una piedra a los policías. Lo persiguieron hasta que ingresó a una vivienda que parecía abandonada, pero en realidad se trataba de un bunker donde se encontró droga y armas que los vecinos terminaron destruyendo. El plan de “pacificación” duró pocos meses como consecuencia del cambio en las autoridades en el área de Seguridad.

“Los Garra no dejaron de vender, pero vendían menos porque los chicos salían corriendo cuando veían los patrulleros. Tuvieron que cambiar de lugares de venta. Al menos los molestaron. Es más, en esas semanas hubo otros procedimientos. En uno de ellos, al llegar los policías, los allegados de Jalil salieron corriendo y lo dejaron solo sentado en un auto. Un comisario le gritó ‘vos sos un mata gente’, y él le respondió: ‘tenés razón’”, agregó el vecino que, a raíz de ese incidente, se mudó para evitar represalias.

Daniel “Garra” Jalil, después de seis años de espera, se sentó en junio pasado ante un tribunal para reconocer que él era el jefe de una organización dedicada a la producción y a la comercialización de drogas en la provincia. Lo hizo en el marco de un juicio abreviado en el que fue condenado a 10 años de prisión.

Luis Armando Gallo, el “cocinero” de la organización, fue sentenciado a siete años de prisión por ser autor del delito de preparación de estupefacientes, “agravado por la participación de tres o más personas de forma organizada”. Para Raúl “Coy” Delgado la pena fue de cinco años de cárcel, por ser el proveedor de la sustancia ilegal al grupo. Este presenció el debate mediante videoconferencia desde el Juzgado Federal de Orán, en Salta, debido a que se encuentra detenido en esa localidad del norte salteño.

El tribunal condenó a María Alicia Herrera, la “narcopolicía”, a cinco años de cárcel, inhabilitación especial de ocho años, al haber formado parte a nivel secundario en la venta de droga, y por haber sido funcionaria pública “encargada de la prevención y persecución de los delitos”. “Herrera realizó aportes desde su función pública a Daniel Jalil, a través de información clasificada, en relación con los allanamientos a realizarse a través de la fuerza policial a la que pertenecía”, se expresó en el fallo judicial.

Dos de los acusados, Raúl Héctor y Diego Daniel Jalil -hijos del líder de la organización-, estuvieron en la puerta del juzgado para recibir la condena. Sin embargo, antes de que comenzara la audiencia, cambiaron de opinión y huyeron. Ante esa situación, la Justicia dictó la rebeldía de ambos y la revocación de sus excarcelaciones. Al mismo tiempo, dispuso la captura de los acusados y su prisión preventiva hasta que se fije fecha de juicio oral por el comercio de estupefacientes.

“La sentencia es la más alta desde 2009 por la Ley 23.737 y la más elevada que se ha dado en un proceso abreviado. Hasta ahora no habíamos tenido una condena con estas características por narcocriminalidad. En líneas generales, estamos conformes con el acuerdo”, expresó el fiscal Pablo Camuña, al retirarse de la sede del TOF. Sus palabras no están alejadas de la realidad. A principios de 2019, Ricardo García había recibido nueve años de prisión, al ser considerado organizador de la conocida “La Banda de Trayán”.

“Garra” Jalil, por el momento sigue gozando de un arresto domiciliario por sus problemas de salud. Los jueces ordenaron que el cumplimiento de la pena sea monitoreado a través de pulsera, pero nadie pudo confirmar a LA GACETA que se haya cumplido con el pedido. Los vecinos, en cambio, aseguran que sigue como si nada hubiera pasado.

“Él y los hijos siguen manejando la droga por esta zona. Ellos aprendieron a cuidarse muy bien porque todo el mundo sabe quiénes son. Esperemos que algún día le ponga punto final a sus andanzas”, clamó María del Carmen. Su esposo, Juan Carlos, agregó: “esto no termina más, si lo único que saben hacer es vender droga. Si no lo hacen ellos, los preparan a sus hijos. Acá hace falta algo más que una condena ejemplar”.

La detención de Daniel “Garra” Jalil no se transformó en el fin del clan que lideraba y que había montado toda una red de narcomenudeo en el sur de la capital. Semanas después del operativo que realizó la División Antidrogas de la Federal, en noviembre de 2013, personal de la ex Brigada se presentó en el mismo domicilio de San Luis al 1.600 para realizar un allanamiento por el asalto a una joven que le habían robado el celular de alta gama que tenía sistema de ubicación.

En la puerta de esa casa estaba Exequiel Abraham Jalil, el único de los miembros que pudo escapar del procedimiento de los federales. Al descubrir la presencia policial, salió corriendo, tomó una bolsa y la arrojó a la casa de un vecino. Los pesquisas, al revisar el envoltorio, encontraron más de dos kilos y medio de cocaína y 70 gramos de marihuana. También hallaron el celular que habían ido a buscar. Nunca se aclaró cómo el aparato terminó ahí. Los sospechosos no creían que el hijo de “Garra” había cometido el robo, sí que podría haberlo recibido a cambio de una dosis.

Si la captura de uno de los hijos de Jalil fue insólita, el desarrollo del juicio en su contra fue increíble. Al hablar ante el tribunal señaló: “Nunca vendí, ni venderé droga. Creo que soy una víctima de mi papá, porque hace muchísimos años que lo vienen investigando, le hicieron muchísimos allanamientos y estuvo preso en Ezeiza seis meses”, relató. Los que escucharon esa declaración no dejaron de sorprenderse. El joven había complicado a su padre, que todavía debía sentarse ante los mismos jueces por los cargos en su contra. Los magistrados no le creyeron y terminó siendo condenado a más de seis años por comercialización de estupefaciente, tal como lo había solicitado el fiscal federal Pablo Camuña.

Hubo víctimas inocentes en la guerra por el dominio territorial que protagonizaron Los Garra contra Los 30. El sábado 14 de noviembre de 2015, María de los Ángeles Ramallo, de 15 años, regresaba a su casa después de haber comprado tortillas en una esquina. Se detuvo en el cruce Inca Garcilazo y avenida Alem. Pero antes de cruzar a la calle, en cuestión de segundos, de un auto se bajaron cuatro jóvenes y comenzaron a disparar contra otro grupo que estaba jugando un partido de fútbol en la canchita del lugar. Cinco proyectiles impactaron en el cuerpo de la joven que murió en el hospital Padilla al poco tiempo de haber ingresado.

Por el caso, personal de la División Homicidios realizó un allanamiento en una de las casas que supuestamente pertenecían a Los Garra. Encontraron drogas y cinco celulares. Al analizar uno de ellos, que habría pertenecido a Yamil Moisés Jalil, los peritos descubrieron un esclarecedor mensaje: “me moqueado (sic). La chica quedó en el medio y le terminé dando”, habría escrito el principal sospechoso de haber cometido el crimen que en esos momentos tenía 17 años.

La fiscala Adriana Reinoso Cuello investigó el caso. Quedaron imputados por el delito de homicidio en riña Diego Gabriel y Daniel López, Yonathan David y Nicolás Wilte y Jalil. También fueron mencionados en la causa, aunque no imputados otros dos hijos de “Garra”: Diego y Abraham y otra persona identificada como Javier Lobo. La causa fue enviada a una oficina que fue creada para que resolviera los casos y así descomprimir el trabajo de las fiscalías. Ante la requisitoria de LA GACETA por este caso concreto, la fiscala Reinoso Cuello descubrió que el expediente tenía varios años paralizados. Hizo los trámites correspondientes para recuperarla y ya trabaja para que sean enjuiciados por el hecho.

Ese no fue el único crimen en el que estuvieron involucrados los integrantes del clan. Sergio Hernández tenía 20 años cuando fue asesinado de tres disparos en el barrio Ciudadela Sur en abril de 2016. El autor del crimen era un familiar directo de “Garra” Jalil de 14 años. Los investigadores informaron que el menor podría haber matado al joven por una deuda que podría estar vinculada a la venta de drogas.Sin embargo, los allegados dijeron que en realidad el adolescente había sido víctima de bullyng por parte del joven fallecido y que reaccionó de la peor manera ante el constante acoso por parte de Hernández. Al ser inimputable, nunca afrontó un proceso judicial en su contra por el crimen, sí estuvo varios días en el Instituto Roca. Sus familiares, según confiaron sus allegados, lo llevaron a Salta para que pudiera rehacer su vida.