El Senado estadounidense aprobó un paquete de 2,2 billones de dólares para ayudar a comercios y trabajadores y reforzar el sistema de salud ante la epidemia de coronavirus, horas después de que la cifra de muertos en el país por el brote superara las 1.000.
El paquete de ayuda, el mayor de la historia de Estados Unidos, fue aprobado por unanimidad pese a las dudas en ambos partidos sobre si será suficiente, luego de trabajosas negociaciones y con el país frente a una desafío sin precedentes.
En todo el mundo, el número de muertos superó ya los 21.000, incluyendo 1.050 fallecimientos en Estados Unidos, donde ya hay casi 70.000 infectados, según las cifras actualizadas de la Universidad Johns Hopkins.
Un total de 18 estados de Estados Unidos ya han adoptado cuarentenas pese a la resistencia del presidente Donald Trump, entre ellos Nueva York, el epicentro del brote en el país, con más de 30.000 casos y casi 300 muertos, la mayoría en la ciudad de Nueva York.
Autoridades sanitarias del estado han estado buscando camas y equipos médicos y pedido más médicos y enfermeras por temor a que el número de enfermos desborde los hospitales, como pasó en Italia y España, los países con más víctimas fatales por la pandemia.
La ciudad de Washington, capital de Estados Unidos, empezó anoche una cuarentena hasta el 24 de abril, decretada por su alcaldesa, la demócrata Muriel Bowser.
La medida incluye el cierre de los negocios no esenciales como peluquerías, gimnasios, tiendas de ropa, teatros, guías turísticas, discotecas, bares y restaurantes, informó Télam.
Seguirán abiertos supermercados, centros de salud, farmacias, bancos y guarderías. Las escuelas, por su lado, ya cerraron el pasado 16 de marzo.
En Washington, Trump llamó esta semana a los estadounidenses a mantener un distanciamiento social durante 15 días, incluyendo quedarse en casa a trabajar si es posible, y a cerrar bares y restaurantes para ayudar a contener la propagación del virus, que es altamente contagioso.
No obstante, el mandatario no quiere decretar una cuarentena total nacional y ha dicho que no permitirá que "la cura sea peor que la enfermedad", al parecer preocupado por el efecto devastador del virus en los mercados financieros y en sus chances de ser reelecto este año.
Trump tuiteó ayer que la prensa "está tratando de hacer que mantenga cerrado el País durante tanto tiempo como sea posible con la esperanza de que eso vaya en detrimento de mi éxito electoral".
La oposición demócrata dice que Trump prioriza la economía sobre la salud y seguridad de los estadounidenses.
"Me gustaría decir, 'volvamos a trabajar el próximo viernes'. Sería maravilloso. Pero no puede ser arbitrario", dijo el ex vicepresidente Joe Biden, el demócrata con más chances de enfrentar a Trump en las elecciones de noviembre.
Biden dijo que el paquete del Senado "ayuda mucho", pero que se requería una "supervisión meticulosa" para garantizar que los trabajadores tengan rápidamente dinero en sus bolsillos y que las empresas ayuden a sus empleados con el dinero que reciben de los contribuyentes.
El proyecto pasa ahora a la Cámara de Representantes, que votará mañana. Trump ya ha anunciado que lo ratificará de inmediato.
El paquete de estímulo fiscal es el triple del puesto en práctica en 2008 tras el estallido de la crisis financiera, que ascendió a 700.000 millones de dólares.
La propuesta actual incluye una partida de cerca de 250.000 millones que se reservarán para pagos directos a individuos y familias de 1.200 dólares para quienes tengan una renta de menos de 75.000 dólares al año más 500 dólares por menor de 17 años.
Asimismo, se disponen 350.000 millones en préstamos para pequeñas empresas y otros 250.000 millones para ampliar los beneficios por seguro de desempleo.
También otorga 150.000 millones de dólares para apoyo a las autoridades locales y estatales, y otros 130.000 millones para reforzar el sistema sanitario, que en algunos lugares como en el estado de Nueva York comienza a estar saturado.
Por otro lado, el Pentágono congeló por 60 días los movimientos de tropas estadounidenses y de empleados civiles del Departamento de Defensa en el extranjero, una medida que afectará a unos 90.000 soldados que estaban por ser desplegados o por regresar a casa.