Solicitarán medidas más drásticas para que la gente se quede en casa

“Señor, permanezca en su casa. Estamos en cuarentena”, le dijo con voz firme el policía a un vecino que salía de un edificio. En ese momento, unos cinco móviles de las fuerzas provincial y federales circulaban con las sirenas encendidas por barrio Norte, en la capital. Era uno de los equipos integrados por miles de uniformados que se comenzaban a desplazar, el viernes por la noche, por distintos puntos del Gran San Miguel, en el inicio del operativo provincial “Nadie en la calles”. Según información del Ministerio Público Fiscal (MPF), hasta el cierre de esta edición se habían registrado unas 330 detenciones por incumplimiento del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, decretado en todo el país para contrarrestar el contagio del coronavirus.

La Justicia y el Poder Ejecutivo local (PE), en línea con las disposiciones de la Casa Rosada, reforzaron los procedimientos con el paso de las horas, cubriendo ayer también parte del interior del territorio tucumano. Los grupos, conformados por personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), Policía de Tucumán, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal y Gendarmería Nacional, se centraron en evitar la circulación de vecinos “sin justificación” y la aglomeración en la vía pública. En caso de que no demostraran un motivo “excepcional” por el cual salían de sus viviendas, serían detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía”, según aclararon fuentes oficiales.

“Los operativos continuarán en todo el ámbito provincial, al igual que la concientización y las tareas habituales de prevención del delito. Este fin de semana largo se intensificarán los controles interceptando vehículos y personas que deberán justificar su permanencia en la vía pública. Estamos siendo estrictos para asegurarnos de que los vecinos tucumanos tomen conciencia de la necesidad de cumplir con las medidas y de que se puede evitar la propagación de esta pandemia quedándose en casa”, expresó Manuel Bernachi, jefe de Policía.

Pese a todo ese esfuerzo, en la Justicia todavía se mostraban ayer disconformes y preocupados frente a la conducta civil. “Hay sectores de la comunidad que acatan las medidas y otras, no (…) Si la población continúa desoyendo las órdenes de las autoridades máximas, y ya no son sugerencias como antes, vamos a solicitar medidas más drásticas”, dijo Carlos Picón, uno de los dos titulares, junto con Mariana Rivadeneira, de la Fiscalía Especializada en Salud Pública.

El funcionario advirtió, en esa línea, que se podrá solicitar la prisión preventiva, de acuerdo a cada caso, para los acusados de incumplir con la cuarentena o el aislamiento social. “Se llegarían a desarrollar audiencias cada cinco minutos para resolver las distintos pedidos de la medida cautelar”, añadió.

Picón previno que “se está subestimando los efectos del proceso penal” por este delito. Remarcó que sobre los cientos de detenidos ya se abrieron causas judiciales y que, con antecedentes policiales, se podrá solicitar la acumulación de casos. Todos esos procedimientos serán definidos por el juez de Instrucción II, Facundo Maggio, de turno durante el receso en tribunales, tras los requerimientos fiscales.

Entre otras consecuencias -en caso de que la causa avance-, los acusados deberán fijar domicilio, notificar cambio de casa y hasta solicitar autorización para salir de la provincia y del país. “La gente no entiende que, con este proceso, no podrán sacar, inclusive, un certificado de buena conducta”, dijo el funcionario.

“Todos están comprendidos dentro de los decretos nacional y provincial (que establecen las medidas de prevención por la emergencia sanitaria). Desde el momento en que se publicó la norma en el Boletín Oficial, todos los ciudadanos la conocen, incluso un extranjero”, remarcó el fiscal, con referencia a las excusas que han venido planteando los abogados defensores y los detenidos. “No conocía”. “No sabía”. Estas fueron las respuestas que han presentado hasta ahora, tanto en los operativos como a la hora de declarar ante la Justicia.

En la Fiscalía informaron que se había solicitado la habilitación de más dependencias para albergar a los retenidos por los efectivos de las fuerzas de seguridad. Por el momento, el edificio de la Guardia Urbana, en calle Maipú casi Santiago del Estero, en la capital, contenía a los detenidos.

La mirada vecinal

“Me parece muy bien que haya un operativo policial en las calles buscando que la gente cumpla estrictamente con la cuarentena. Si el sistema de salud llega a colapsar va a ser muy complicado encontrar soluciones”, alentó el médico Álvaro Soriano, quien trabaja para un centro cardiológico de barrio Norte.

“Anoche pasaron los patrulleros por mi cuadra, yo los aplaudí desde mi balcón. Valoro el servicio que están brindando en este momento. No sólo los policías y los médicos, sino también todos los empleados y trabajadores que siguen brindando servicios necesarios”, enfatizó, por su parte, Patricia Longo, vecina de barrio Sur. Sin embargo, otros vecinos resaltaron que aún se ha observado a personas faltando a las disposiciones preventivas. Silvia Bonkosky, expresó: “por mi casa hay mucho tráfico de vehículos y de personas. Sí se ve presencia policial, suelen hacer recorridos, pero van charlando o viendo el celular, no veo que reprendan a la gente que se pasea al lado de ellos”.