La peste tafinista tampoco tiene cura

El viernes volvió a ocurrir en Tafí del Valle lo que había pasado el 1 de marzo: los tres concejales opositores esperaron en vano la aparición de la otra mitad oficialista. Son seis que no se ponen de acuerdo ni sobre la forma del lago La Angostura: lo que unos ven ovalado a otros se les antoja rectangular. Es un caso curioso de extrañamiento y de desconocimiento del compañero porque todos son peronistas y en el pasado compartieron alianzas, con distintos formatos. Pero hoy son la expresión de la crisis de representatividad que agota a la política. Peleadores facciosos a sueldo del pueblo, los integrantes de este cuerpo han conseguido la hazaña de ser noticia por no sesionar. Esa abstención acumula 132 días. La parálisis incluso generó un hito en la decadencia institucional que caracteriza a “Trucumán”. Hasta lo que la memoria registra, nunca antes había sido omitido ese acto de altísimo contenido democrático que es la apertura del período de sesiones ordinarias. El tamaño de la falla no sólo ilustra acerca de la ingobernabilidad: también explica por qué la ley no previó alternativas para repararla.

La norma vigente (5.529) contiene una variedad de recetas para la sanidad de las municipalidades, pero los legisladores de 1983 no fueron capaces de imaginar un remedio para el caso de que el Concejo Deliberante quedara privado de funcionar por sí mismo. Suena lógico: la posibilidad de un recinto cerrado resultaba inconcebible en el instante más promisorio de la restauración de la democracia. Unos y otros se echan la culpa, 37 años después, por haberse metido en un limbo jurídico que, en definitiva, hiere el debate, el pluralismo y el esquema de control republicano establecidos en la Constitución Nacional. El sector de la presidenta Sonia Saavedra, y de los vicepresidentes Jéssica Yapura Astorga y Juan Carlos Rivadeneira, que está identificado con el ex jefe municipal y legislador oficialista, Jorge Yapura Astorga, sostiene que el bloque afín al intendente Francisco Caliva y este mismo provocaron el caos al ausentarse sin causa justificada de la ceremonia de su ciudad prevista por el orden jurídico para el primer día de este mes. Caliva, y los ediles Omar Monasterio, Omar Vedia y Benjamín Cruz acusan a Saavedra, y a sus socios de no haber cursado las invitaciones y el orden del día atinentes a la inauguración fallida.

La cuestión es que los desacuerdos sobre las formalidades y las excusas reglamentaristas frustraron otros dos intentos de poner en marcha el Concejo: el del 10 de marzo que propuso el intendente “como un gesto de buena voluntad” y la sesión extraordinaria del 13 de marzo que ideó la bancada de Saavedra. El bloqueo triunfa desde noviembre porque el bloque opositor tiene la mayoría de los votos -la presidenta desempata-, pero el oficialismo dispone del poder del quorum -para sesionar hace falta la presencia de al menos cuatro concejales-. Esta distribución de los panes y los peces obliga a los ediles a concebir acuerdos que, al parecer, nunca estuvieron en sus planes. De hecho el panorama se enredó tras la “aparición” del audio -su origen pertenece al orden de los misterios- que registraría la tentativa de soborno atribuida al entonces intendente electo para “quebrar” a Rivadeneira y sumarlo a la bancada oficialista. La “posesión” de cuatro ediles entraña la posesión del Concejo: su inactividad actual refleja que nadie logró esa acumulación de poder. Tafí del Valle ofrece una radiografía perfecta de la degradación de la política como consecuencia de la sospecha de corrupción y de la impunidad. Así como Jéssica Yapura Astorga presentó una cuestión de privilegio para que los concejales discutan sobre la grabación de la discordia y, eventualmente, obliguen a Caliva a rendir cuentas, el oficialismo cuestiona a la oposición por la investigación de supuesto enriquecimiento ilícito que objeta el proceder del legislador Yapura Astorga y de otros siete miembros de su entorno, entre ellos Saavedra. Siete jueces elevaron la causa a juicio, pero el juicio nunca llega. Lejos de procurar el esclarecimiento rápido de las irregularidades que ponen en tela de juicio su decencia, los rivales se han dedicado a la deslegitimación recíproca. Nadie sabe cuál de los gobernantes tafinistos está libre de pecado: entre ellos se arrojan piedras con la esperanza de que sea el enemigo el que quede enterrado.

¿A quién le conviene que el Concejo no funcione? Saavedra responde que, indudablemente, a Caliva puesto que el grupo afín a Yapura Astorga no está dispuesto a dejar pasar ni el escándalo del presunto intento de soborno ni el hecho de que el jefe municipal haya asumido dos meses después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmara su condena a tres años de prisión de ejecución condicional por el homicidio culposo del ciclista Gustavo Javier Álvarez ocurrido en 2015, en el ámbito de un accidente de tránsito. Acorralado por las críticas, Caliva asumió en un acto armado a las apuradas por el Gobierno provincial. En el espacio del intendente conjeturan que los ganadores de la obstrucción son Yapura Astorga y sus dirigentes: el edil Monasterio expuso que aquellos no aceptan que perdieron la Intendencia en 2019 -fracasó la estrategia de conservarla mediante la candidatura del también imputado Jorge Yapura Astorga (h)-. En el oficialismo entienden que la intervención de la Municipalidad sería el mejor negocio para los vencidos, aunque estos también perderían sus cargos.

Pasaron las dos semanas de “cuarentena” y los políticos no encontraron la manera de curar la enfermedad fratricida que les impidió encontrarse el 1 de marzo, y recibir el informe de gestión del intendente. A menos que ocurra el siempre latente giro inesperado, es un hecho que depositarán el pleito en manos de la Justicia: someterán a los jueces el problema que crearon y que amenaza con devorarlos. Esa alternativa ya es una forma de intervención externa en la disputa de autoridades escogidas por el voto popular. La judicialización implicará más dilación, máxime en tiempos sujetos a las curvas del coronavirus. El círculo vicioso no termina puesto que es una paradoja que de nuevo acudan a buscar una salida en el propio Poder Judicial que con sus demoras contribuyó a la peste que corroe la institucionalidad de Tafí del Valle.